La Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFIARM) difundió su nueva reseña normativa, correspondiente al segundo semestre de 2025, en la que se analizan las principales disposiciones dictadas en el ámbito nacional vinculadas con armas de fuego y otros materiales controlados.
El informe —elaborado por la unidad especializada a cargo del fiscal federal Gabriel González Da Silva y bajo la coordinación de la auxiliar fiscal Paulina Gómez— tiene como objetivo “brindar a los órganos que intervienen en la investigación de ilícitos que involucran armas de fuego y otros materiales controlados información actualizada sobre la normativa vigente en la materia”. Se trata de la cuarta reseña de una serie iniciada en en diciembre de 2024 con el primer informe y que continuó con otras dos versiones publicadas en abril de 2025 y en julio de 2025.
De acuerdo con el documento, el período relevado estuvo marcado por una transformación institucional de relevancia: el Decreto 445/2025 dispuso la disolución de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y el restablecimiento del Registro Nacional de Armas (RENAR) como organismo desconcentrado en la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.
En el plano legislativo, la reseña destaca la presentación de diversos proyectos de ley en el Congreso de la Nación. Entre ellos, iniciativas orientadas a la regulación de armas de baja letalidad, el agravamiento de penas por abuso de armas, la tipificación del uso ilícito de réplicas de armas, la prohibición de pirotecnia sonora y una reforma integral al régimen penal en materia de armamento, municiones y explosivos. También se resalta el proyecto N°6727-D-2025, que propone la tipificación del tráfico ilícito de armas, que retoma un anteproyecto elaborado por el equipo de la UFIARM.
En el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, el informe analiza distintos decretos relevantes. Además de la reorganización institucional del sistema de control de armas, se incluyen modificaciones al régimen del Servicio Penitenciario Federal, cambios en la normativa de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la creación de un régimen de gestión de bienes provenientes de actividades ilícitas, que prevé un tratamiento específico para armas de fuego y materiales peligrosos.
Asimismo, se examinan medidas adoptadas por el Ministerio de Seguridad Nacional, como la implementación del “Plan Güemes” para el control de zonas fronterizas, y la actualización de aranceles y multas vinculadas al régimen de armas. En el ámbito operativo, se destacan nuevos protocolos de uso de la fuerza y de armas de fuego para la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
En relación con el RENAR, el informe subraya la implementación del trámite digital “CLU DIGITAL” para la obtención de la condición de legítimo usuario, la regulación de procedimientos para la registración de armamento institucional y la autorización para la adquisición de armas semiautomáticas de tipo militar por parte de usuarios civiles condicionales y entidades de tiro. También se consigna la destrucción de más de 10.000 materiales controlados en el marco de la normativa vigente.
Por otra parte, se incluyen disposiciones de otros organismos, como la Administración de Parques Nacionales —que estableció restricciones al uso de armas en actividades recreativas—, el Ministerio de Economía —con regulaciones sobre zonas francas y comercio exterior— y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que incorporó al sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior las autorizaciones para la importación y exportación de armas y explosivos.
Finalmente, la UFIARM recordó que el relevamiento se basa en normas publicadas en el Boletín Oficial de la República Argentina y puso a disposición de autoridades judiciales y fiscales su asistencia técnica para el análisis normativo y el encuadre penal de casos vinculados con armas de fuego y materiales controlados.