La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca confirmó el 11 de junio pasado la ampliación de la imputación formulada contra Francisco Facundo Jones Huala y la prórroga de su prisión preventiva por 90 días, medida que se extenderá hasta el 30 de agosto próximo.
De esta manera, el tribunal revisor ratificó la resolución adoptada por el juez federal de garantías de Bariloche, Gustavo Zapata, durante una audiencia en la que intervino la Sede Fiscal Descentralizada de esa ciudad, a cargo de forma interina del fiscal general Oscar Arrigo, junto con la fiscal coadyuvante Ángela Pagano Mata y el auxiliar fiscal Juan Cruz Ohet.
Al resolver el planteo, los jueces de revisión Richar Gallego y Mariano Lozano sostuvieron que “en referencia al estado actual del proceso, teniendo en consideración la persistencia como expresamos del riesgo procesal oportunamente acreditado, la subsistencia del mérito sustantivo respecto de esta figura la prevista por el artículo 213 bis del Código Penal, la expectativa de una pena asociada a dicha calificación corresponde concluir que la duración de la prisión preventiva no ha excedido todavía los límites de proporcionalidad establecidos en el ordenamiento jurídico”.
El tribunal agregó que, en caso de recaer una condena, esta sería de cumplimiento efectivo debido a los antecedentes penales del imputado.
La prisión preventiva había sido dispuesta originalmente el 11 de junio de 2025, durante la audiencia de formalización de la investigación, por un plazo inicial de 90 días, que posteriormente fue prorrogado en distintas oportunidades.
La ampliación de la imputación
El 22 de mayo pasado, la fiscalía amplió la formalización de la investigación contra Jones Huala y le atribuyó haber integrado, desde enero de 2011 y hasta la actualidad, una agrupación criminal denominada “Resistencia Ancestral Mapuche” (RAM), cuyo objetivo principal habría sido “imponer sus ideas por la fuerza y aterrorizar a la población local”.
Según la acusación, esa conducta encuadra en el delito previsto en el artículo 213 bis del Código Penal, que reprime la participación en agrupaciones permanentes o transitorias destinadas a imponer sus ideas o combatir las ajenas mediante el uso de la fuerza o el temor, y que tiene una escala penal que va de los 3 a los 8 años de prisión.
En simultáneo, la fiscalía le atribuyó haber formado parte de una asociación ilícita destinada a cometer delitos que ponen en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, conducta contemplada en el artículo 210 bis del Código Penal. De acuerdo con la investigación, la organización tendría una estructura de tipo militar, actuaría en las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut, y mantendría vínculos con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), una organización de características similares que opera en Chile.