El Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza —con integración unipersonal— condenó el miércoles pasado a la pena de dos años de prisión efectiva por el delito de falso testimonio a uno de los testigos del juicio seguido al exjuez Walter Bento condenado, en febrero pasado, por liderar una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos a cambio de resoluciones judiciales favorables.
El juez Pablo Gabriel Salinas hizo lugar al pedido del fiscal Federico Baquioni que había considerado que el imputado Diego Barrera modificó conscientemente en el debate, la versión que había mantenido durante la etapa de instrucción.
Cabe destacar que, en 2023, Barrera, su esposa y los dos hijos de esta fueron condenados a prisión perpetua por el secuestro y asesinato del despachante de Aduanas Diego Aliaga, cuya muerte dio comienzo a la investigación centrada en la figura de Bento. En el debate se estableció que Aliaga, también era informante policial y oficiaba como intermediario en el cobro de dinero destinado a Bento por favores judiciales.
El caso
La investigación contra Barrera se inició luego de que en el juicio contra Bento y otras 16 personas, los fiscales generales María Gloria André y Dante Vega advirtieran profundas contradicciones entre las declaraciones testimoniales que Barrera había prestado en 2021, durante la etapa de instrucción, y el relato que ofreció ante el Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza en noviembre de 2023.
El juez Pablo Gabriel Salinas hizo lugar al pedido del fiscal Federico Baquioni que había considerado que el imputado Diego Barrera modificó conscientemente en el debate, la versión que había mantenido durante la etapa de instrucción.
En su primera declaración, de febrero de 2021, tras solicitar garantías de seguridad para él y su familia, Barrera explicó su vínculo con el fallecido Aliaga y el amplio conocimiento que este tenía del fuero federal mendocino. De acuerdo a su testimonio, Aliaga le había explicado el mecanismo mediante el cual se obtenían resoluciones judiciales favorables a cambio de importantes sumas de dinero, donde el despachante oficiaba como intermediario entre abogados, detenidos y funcionarios judiciales, mientras que señaló a Bento como la cabeza de esa estructura.
En esa declaración describió la supuesta modalidad utilizada para negociar libertades, prisiones domiciliarias y otros beneficios procesales, donde las personas interesadas eran contactadas por intermediarios que analizaban cada caso antes de establecer el monto exigido para concretar la maniobra. De acuerdo con su relato, luego el dinero era entregado en la vivienda de Aliaga y, posteriormente, llegaba al entonces titular del Juzgado Federal N°1 mendocino.
En aquella oportunidad, Barrera también señaló a distintos abogados, integrantes de fuerzas de seguridad y otras personas como partícipes del circuito de recaudación ilegal, e identificó expedientes específicos en los que se habrían obtenido beneficios judiciales mediante el pago de sobornos, de acuerdo a lo que le había manifestado por Aliaga.
Meses después, en julio de 2021, Barrera volvió a presentarse espontáneamente ante la fiscalía para ratificar íntegramente sus dichos y negar la autenticidad de un audio que buscaba desacreditar su testimonio. El 27 de ese mes, volvió a ampliar su declaración, donde señaló que contaba con elementos para aportar a la investigación, entre lo que se hallaban audios, conversiones y documentación que comprometía a Bento y a los demás acusados. Incluso ofreció entregar su teléfono celular para respaldar sus dichos.
En 2023, Barrera, su esposa y los dos hijos de esta fueron condenados a prisión perpetua por el secuestro y asesinato del despachante de Aduanas Diego Aliaga, cuya muerte dio comienzo a la investigación centrada en la figura de Bento.
Sin embargo, cuando lo convocaron a declarar durante las audiencias del juicio oral, celebradas en noviembre de 2023, Barrera revirtió por completo la versión que había sostenido durante la investigación. Ante el Tribunal Oral Federal N°2 mendocino aseguró que todo lo que había declarado dos años antes fue producto de presuntas presiones ejercidas por integrantes del Ministerio Público Fiscal, distintos abogados que lo habían asistido y dirigentes políticos. Según relató, su testimonio había sido "armado" para perjudicar a Bento, a cambio de recibir beneficios procesales para él y su familia, los cuales nunca llegaron a concretarse.
Barrera también aseguró no conocer al exjuez Bento, relativizó el contenido de sus manifestaciones anteriores y atribuyó sus dichos al incumplimiento de los supuestos compromisos asumidos por quienes lo habrían convencido de declarar durante la etapa de instrucción.
Ante ello, concluida su declaración en el debate, fiscales generales André y Vega solicitaron la extracción de testimonios para investigar la posible comisión del delito de falso testimonio. El tribunal hizo lugar al planteo y ordenó remitir las actuaciones para el inicio de una investigación independiente, que culminó con un requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal Ignacio Sabas. En su presentación, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que Barrera había "afirmado una falsedad y callado deliberadamente la verdad" durante su declaración en el debate oral.
Entre las principales medidas de prueba incorporadas al expediente se analizaron nuevamente las cuatro declaraciones prestadas por Barrera, cuya comparación permitió advertir contradicciones sustanciales respecto de hechos centrales de la investigación. La fiscalía también recibió declaración testimonial de la abogada María Elena Quintero, quien rechazó haber participado en cualquier maniobra destinada a direccionar las manifestaciones de Barrera y negó las afirmaciones que éste realizó durante el debate respecto de su intervención profesional. En el mismo sentido declararon otros tres abogados, que ejercieron la defensa de Barrera en distintos momentos. Los tres desmintieron haberlo presionado para declarar contra Bento, elaborar sus testimonios o haberle prometido beneficios judiciales a cambio de involucrar al entonces magistrado.