El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, dispuso la creación de la Fiscalía de Distrito de Misiones, que a partir del 24 de agosto encabezará la representación del Ministerio Público Fiscal de la Nación en toda esa provincia, en el marco de la plena implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en el ámbito territorial de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas.

La creación de esta nueva estructura se formalizó ayer mediante la Resolución PGN 59/26 que establece la organización institucional que reemplazará a las fiscalías federales y generales actualmente existentes en la provincia.

Casal designó transitoriamente a la fiscal general Vivian Andrea Barbosa como fiscal con funciones de coordinación del distrito y, como fiscal revisora, a la fiscal general interina Silvina Flavia Gutiérrez, con el fiscal general interino Pablo Ricardo Di Loreto como revisor suplente.

La nueva fiscalía de distrito estará integrada por una unidad fiscal con áreas funcionales organizadas según el modelo marco aprobado por la Resolución PGN 35/2019 (Atención Inicial; Investigación y Litigio de Casos Sencillos; Investigación y Litigio de Casos Complejos; Transición; Ejecución Penal; Atención y Acompañamiento a Víctimas; No Penal y Electoral) y sedes descentralizadas en ciudades que actualmente cuentan con fiscalías federales de primera instancia.

Con el distrito Misiones, serán diez las jurisdicciones del país donde regirá el sistema acusatorio en el fuero federal, lo que abarca 16 provincias completas y un amplio sector territorial de la provincia de Buenos Aires. Las otras nueve Fiscalías de Distrito donde ya se encuentra vigente el CPPF son Salta (junio de 2019), Rosario (mayo de 2024), Mendoza (agosto de 2024), General Roca (noviembre de 2024), Comodoro Rivadavia (diciembre de 2024), Mar del Plata (abril de 2025), Bahía Blanca (septiembre de 2025), Resistencia (diciembre de 2025) y Corrientes (diciembre de 2025).

Fiscalía de Distrito de Misiones

La Fiscalía de Distrito de Misiones estará compuesta por la Unidad Fiscal Posadas —con jurisdicción en los departamentos Capital, Candelaria, Apóstoles y Concepción de la Sierra— y tres Sedes Fiscales Descentralizadas: la de Oberá —abarca los departamentos Cainguás, San Ignacio, Leandro N. Alem, San Javier, Libertador General San Martín, Veinticinco de Mayo, Oberá y Guaraní—; la de Eldorado —comprende los departamentos Eldorado, Montecarlo y San Pedro—; y la de Puerto Iguazú —con competencia sobre los departamentos Iguazú y General Manuel Belgrano—.

Unidad Fiscal Posadas

De acuerdo con el modelo organizacional aprobado por la PGN, la Unidad Fiscal Posadas tendrá como fiscal titular a Vivian Andrea Barbosa y estará integrada por las siguientes áreas, a cargo de los siguientes funcionarios:

• Atención Inicial: Arlindo Otto Kurtz.
• Investigación y Litigio de Casos Sencillos: Pablo Ricardo Di Loreto.
• Investigación y Litigio de Casos Complejos: Silvina Flavia Gutiérrez y Pablo Ricardo Di Loreto.
• Transición: Vivian Andrea Barbosa, Pablo Ricardo Di Loreto, Arlindo Otto Kurtz y Jorge Alberto Perucchi.
• Ejecución Penal: Pablo Ricardo Di Loreto.
• Atención y Acompañamiento a Víctimas: Jorge Alberto Perucchi.
• No Penal y Electoral: Silvina Flavia Gutiérrez.

 Sedes Fiscales Descentralizadas de Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú

Las sedes fiscales descentralizadas contarán, a su vez, con un área de Atención Inicial; una única área de Investigación y Litigio de Casos —que unificará causas sencillas y complejas—; un área de Transición; y un área No Penal.

La sede de Oberá tendrá como titular a la fiscal federal Viviana Alejandra Vallejos; la de Eldorado será conducida por la fiscal federal Liliam Edith Delgado; y la de Puerto Iguazú estará a cargo provisoriamente del fiscal interino Aníbal Fabián Martínez. Por otra parte, se designó en el cargo vacante de fiscal general adjunto de la PGN, de manera interina, a Marcelo José Bernachea para que preste colaboración prioritaria en la gestión de casos de las sedes de Oberá y Eldorado.

La situación y las problemáticas de la jurisdicción

El procurador realizó un análisis sobre las características y el abordaje institucional de los fenómenos criminales con competencia federal en la jurisdicción.

El distrito Misiones, que abarca la totalidad de la provincia homónima, cuenta con una población aproximada de 1.278.813 habitantes. Su geografía presenta un escenario de particular complejidad operativa: aproximadamente el 90% de sus límites territoriales provinciales (1.421 kilómetros) corresponde a fronteras internacionales con Paraguay y Brasil, con 37 pasos fronterizos habilitados: seis terrestres, 29 fluviales y dos aéreos.

La resolución destaca especialmente la zona de la "Triple Frontera", cercana a Puerto Iguazú, como “un espacio de particular relevancia geopolítica y comercial en el que confluyen los límites de la República Argentina, la República Federativa del Brasil y la República del Paraguay, sobre los ríos Iguazú y Paraná”. También, el intenso flujo en los puentes internacionales Tancredo Neves (que vincula Puerto Iguazú con la localidad brasileña de Foz de Iguaçu) y San Roque González de Santa Cruz (comunica las ciudades de Posadas y Encarnación, Paraguay). El escenario se completa con la Hidrovía Paraguay-Paraná, los aeropuertos internacionales Cataratas del Iguazú y Libertador General San Martín y el nuevo Puerto de Posadas, que inició sus operaciones en 2023 y está estratégicamente posicionado y equipado para funcionar como nodo logístico regional para el comercio fluvial.

También se menciona la presencia en la localidad de Candelaria de la Unidad N°17 del Servicio Penitenciario Federal, conocida como “Colonia Penal de Candelaria”, ubicada a unos 20 kilómetros de la capital misionera, que cuenta con una capacidad de alojamiento de 128 plazas destinadas a población masculina.

“Las características geográficas, fronterizas y de conectividad reseñadas determinan un escenario operativo de particular complejidad para la persecución de los delitos de competencia federal en el distrito”, advirtió Casal en la resolución.

Entre los fenómenos criminales que presentan una preeminencia cuantitativa el procurador destaca los vinculados al tráfico de estupefacientes, acentuado por la falta de adhesión de la provincia a la ley de desfederalización del narcomenudeo.

La resolución identifica, en particular, el ingreso de marihuana desde Paraguay con destino a Brasil y a los principales centros urbanos del país, el tráfico y desvío de sustancias medicinales como el fentanilo y la actuación de organizaciones criminales transnacionales de origen brasileño que disputan las rutas de ingreso de cocaína proveniente de Bolivia, algunas de ellas caracterizadas “por el empleo de niveles de violencia particularmente elevados”.

En la región se registró, además, un incremento de casos de contrabando (importación de cigarrillos, tecnología, neumáticos y exportación en especial de granos), transporte de dinero y divisas, intermediación financiera y lavado de activos. La resolución advierte, por otra parte, sobre la incidencia de delitos de trata de personas con fines de explotación laboral, dada la extensa actividad agroindustrial de la región.

Necesidad de reforzar recursos humanos y estructura del MPF

Tal como ya mencionó en resoluciones previas que pusieron en funcionamiento el sistema acusatorio en otras jurisdicciones, Casal planteó la necesidad del fortalecimiento de la representación del MPF en el distrito.

“Para garantizar tanto la continuidad de las investigaciones activas y juicios en curso, así como el cumplimiento de los deberes y funciones derivados del rol que asume el MPF en el proceso penal adversarial, resulta indispensable, entre otros requerimientos, reforzar las capacidades del organismo en la región en términos de recursos humanos”, sostuvo.

El procurador indicó que del “Informe Diagnóstico” presentado por la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA) “se desprende claramente la necesidad de incrementar los recursos humanos en el distrito, teniendo en cuenta la multiplicación de tareas que se deriva del rol protagónico que asumirá con la implementación del sistema acusatorio como exclusivo director de las investigaciones".

En ese sentido, subrayó “la notoria desproporción existente respecto de los cargos de magistrados del Poder Judicial de la Nación, lo que no se condice con el traspaso al MPF de numerosas tareas que resultará de la implementación del CPPF”.

Ante ese panorama, y hasta tanto se logre una solución legislativa de fondo, dispuso las siguientes medidas para el distrito Misiones:

• Cubrir interinamente el cargo de fiscal general en lo civil ante la Cámara Federal con Silvina Flavia Gutiérrez; el de fiscal federal N° 2 de Posadas con Arlindo Otto Kurtz; y el de Puerto Iguazú con Aníbal Fabián Martínez. A su vez, se asignó transitoriamente a Marcelo José Bernachea en una vacante de Fiscal General Adjunto de la PGN para el distrito.
• Habilitar la designación de 11 auxiliares fiscales adicionales, que se sumarán a las 7 plazas ya atribuidas, conformando un total de 18 funcionarios de ese rango en el distrito (9 en Posadas, 3 en Oberá, 3 en Eldorado y 3 en Iguazú).

Derechos humanos y crímenes de lesa humanidad

El nuevo sistema procesal no afectará la tramitación de las causas por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en la región. Estos procesos continuarán bajo la representación de la fiscal general Vivian Andrea Barbosa y del personal de apoyo, en coordinación con la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de la PGN. La resolución establece que "con la finalidad de garantizar el adecuado cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional en la materia, se sostendrá la asignación de recursos humanos".