El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, participó ayer en la ciudad de Posadas del acto de entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en la provincia de Misiones, luego de que la semana pasada dispusiera la creación de la Fiscalía de Distrito de esa jurisdicción, que desde ayer encabeza la representación del Ministerio Público Fiscal de la Nación en esa provincia.
La ceremonia se desarrolló en el auditorio Eva Perón del Parque del Conocimiento de la capital misionera, donde Casal estuvo acompañado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti; el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña; el defensor general de la Nación interino, Julián Horacio Langevin; el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques; y el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua.
(De izquierda a derecha) El presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña; el procurador general de la Nación interino Eduardo Casal; el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua; el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti; el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques; y el Defensor General de la Nación interino, Julián Horacio Langevin. Foto: Ministerio de Justicia de la Nación
Los oradores coincidieron en destacar la relevancia de Misiones para la justicia federal, debido a su ubicación estratégica, a la extensión de sus fronteras internacionales con Paraguay y Brasil —que representan aproximadamente el 90% de los límites territoriales y cuenta con 37 pasos fronterizos habilitados— y el intenso movimiento de personas y mercancías que atraviesa la provincia.
También destacaron que la entrada en vigencia del CPPF es el resultado de un proceso de preparación y coordinación entre las distintas instituciones que forman parte del sistema de justicia federal.
La palabra del procurador
Casal señaló que la prioridad de la reforma procesal es actualmente diferente de la que existía dos años atrás, cuando el nuevo sistema regía únicamente en Salta y Jujuy. “El nuevo código rige en forma plena en 16 provincias y un amplio territorio de la provincia de Buenos Aires”, indicó.
El procurador destacó que la implementación no supone un mero reemplazo de una norma por otra, sino “un cambio de paradigma que desde el Ministerio Público Fiscal importa un trascendental cambio institucional por cómo impacta en nuestra organización, que exige un cambio de estructura tanto edilicia como tecnológica”. En ese sentido, valoró especialmente la asistencia brindada por el Ministerio de Justicia.
El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, durante su discurso en el acto. Foto: Ministerio de Justicia de la Nación
Asimismo, consideró “imprescindible continuar con esta labor mancomunada” y “seguir mejorando la coordinación interinstitucional”. También puso de relieve el compromiso de las y los agentes del organismo y en particular con que participan de las actividades de formación que brinda la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA).
Al cierre de su intervención, Casal expresó estar convencido de que, con la experiencia, el entusiasmo y la dedicación del personal de la jurisdicción, “los beneficios del nuevo ordenamiento no tardarán en verse reflejados en un sistema de administración de justicia más ágil y eficiente que dé un nuevo significado práctico a la defensa y protección de los intereses generales de la sociedad que la Constitución encomienda al Ministerio Público Fiscal”.
Las intervenciones del resto de las autoridades
Por su parte, Barroetaveña sostuvo que una jurisdicción federal moderna no se mide por la distancia entre la ciudadanía y el edificio judicial, sino por la capacidad del sistema para llevar justicia allí donde ocurre el conflicto.
Langevin señaló que la implementación del sistema acusatorio “no es solamente un cambio normativo, sino que es un cambio de la cultura jurídica”.
A su turno, Mahiques destacó que la experiencia acumulada en las jurisdicciones donde el sistema ya se encuentra vigente permite “identificar buenas prácticas, detectar dificultades y continuar perfeccionando el funcionamiento del modelo”.
El ministro también señaló que el fortalecimiento de los recursos humanos constituye otro de los ejes de la implementación. En ese marco, destacó la cobertura de vacantes de jueces, fiscales y defensores federales, con el objetivo de dotar a las instituciones de las capacidades necesarias para responder a las demandas del nuevo sistema.
Rosatti, en tanto, coincidió en “la importancia estratégica de cubrir los cargos vacantes para garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones judiciales”, y agradeció la labor de Mahiques en este sentido. “No podíamos seguir trabajando sobre la base de 25, 28, 30% de vacantes. Necesitamos un sistema judicial que funcione a pleno”, afirmó.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti. Foto: Ministerio de Justicia de la Nación
También asistieron el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas; la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, Agustina Díaz Cordero; el vicegobernador de Misiones, Lucas Romero Spinelli; el presidente de la Cámara de Diputados de Misiones, Sebastián Horacio Macías; el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto; el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Álvarez; además de magistradas, magistrados y funcionarias y funcionarios nacionales y provinciales.
La nueva Fiscalía de Distrito de Misiones
La creación de la Fiscalía de Distrito de Misiones se formalizó el jueves pasado mediante la Resolución PGN 59/26, que establece la organización institucional que reemplaza a las fiscalías federales y generales que funcionaban hasta entonces en la provincia.
El procurador viajó acompañado por los secretarios de Coordinación Institucional y de Disciplinaria y Técnica, Juan Manuel Olima Espel y Juan Manuel Casanovas, respectivamente, quienes además son cotitulares de la UNISA, y por la subdirectora de la Secretaría de Coordinación Institucional, Teresa Bertotto.
Antes del acto, Casal recorrió las dependencias de la Unidad Fiscal Posadas, ubicada en la calle Entre Ríos 2153 de esa ciudad. Allí saludó a empleados/as y funcionarios/as y se reunió con la fiscal general Vivian Andrea Barbosa, designada como fiscal con funciones de coordinación del distrito; y con la fiscal general interina Silvina Flavia Gutiérrez y el fiscal general interino Pablo Ricardo Di Loreto, quienes actuarán como fiscales de revisión, titular y suplente, respectivamente.
También participaron del encuentro el fiscal del Área de Atención Inicial y de Transición, Arlindo Otto Kurtz; el fiscal de Transición y Acompañamiento a Víctimas, Jorge Alberto Perucchi; y las y el fiscal de las sedes descentralizadas de Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú que viajaron a Posadas para la implementación: Viviana Alejandra Vallejos, Liliam Edith Delgado y Aníbal Fabián Martínez, respectivamente.
El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, y los secretarios de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel, y de Disciplinaria y Técnica, Juan Manuel Casanovas, junto a la fiscal general con funciones de coordinación del distrito Misiones, Vivian Barbosa, y fiscales, funcionarios/as y empleados/as de la Fiscalía de Distrito Misiones. Foto: gentileza Adrián Abad
La implementación progresiva del sistema acusatorio
Con la incorporación de Misiones, son diez las Fiscalías de Distrito del país donde se encuentra vigente el sistema acusatorio federal. En total, el CPPF rige en 16 provincias completas y en un amplio sector territorial de la provincia de Buenos Aires.
Las otras nueve jurisdicciones son Salta (junio de 2019), Rosario (mayo de 2024), Mendoza (agosto de 2024), General Roca (noviembre de 2024), Comodoro Rivadavia (diciembre de 2024), Mar del Plata (abril de 2025), Bahía Blanca (septiembre de 2025), Resistencia (diciembre de 2025) y Corrientes (diciembre de 2025).