Con la participación de 150 fiscales y auxiliares fiscales de todo el país, la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA) de la Procuración General de la Nación llevó a cabo una clase teórica enfocada en la aplicación práctica y estratégica de los acuerdos plenos en el Código Procesal Penal Federal (CPPF).
La actividad estuvo a cargo de la jueza penal de Garantías de Neuquén, Leticia Lorenzo, bajo la moderación del fiscal general con funciones de coordinación de los distritos de Bahía Blanca y Mar del Plata, Horacio Azzolin.
Durante el encuentro, Lorenzo planteó la necesidad de redefinir el objetivo de los acuerdos plenos que deben responder a una decisión consciente de política criminal y no de comodidad institucional.
En ese sentido, la magistrada advirtió sobre el peligro de caer en acuerdos concebidos para facilitar la dinámica del sistema judicial antes que para dar una respuesta real a las partes. Al respecto, destacó la importancia de un “triple control”: el de la fiscalía, al decidir si existe un interés político-criminal que justifica el acuerdo; el de la defensa, para resguardar los derechos del imputado; y el órgano jurisdiccional, que debe evaluar la validez del pacto.
El taller profundizó en la necesidad de comprender el conflicto, identificar las necesidades involucradas y evaluar las consecuencias de las distintas respuestas estatales, con el objetivo de procurar una solución del conflicto, en línea con los principios establecidos por el artículo 22 del CPPF.
El rol de las víctimas y de las personas imputadas
Durante la actividad se destacó que la víctima no puede ser reducida a una pretensión punitiva ni sus necesidades pueden ser ignoradas durante la construcción del acuerdo, aun cuando no posea un poder de veto legal.
Asimismo, respecto de la persona imputada, se remarcó la diferencia entre la firma formal de un trámite y un consentimiento libre e informado, condicionado muchas veces por asimetrías de poder como la prisión preventiva o la incertidumbre procesal.
La actividad estuvo a cargo de la jueza penal de Garantías de Neuquén, Leticia Lorenzo, bajo la moderación del fiscal general con funciones de coordinación de los distritos de Bahía Blanca y Mar del Plata, Horacio Azzolin. Foto: UNISA
En cuanto a la metodología de trabajo, se enfatizó que la negociación de la pena no puede preceder a la construcción de las razones que la justifican. En este sentido, se analizó la vinculación entre los requisitos previstos para los acuerdos plenos (artículo 323 del CPPF) y la acusación fiscal (artículo 274 del CPPF) que contiene la descripción clara y circunstanciada del hecho, la calificación jurídica y el sustento probatorio para fundamentar el requerimiento de pena conforme a las exigencias legales.
A su vez, en cuanto a la función jurisdiccional, Lorenzo describió a la audiencia de acuerdo pleno como un espacio de control contradictorio real y no de homologación automática. En ese sentido, recordó que la condena no puede descansar únicamente en la admisión del acusado. Al respecto, se debatió acerca de distintas cuestiones controvertidas referidas al alcance del control jurisdiccional de los acuerdos en el marco de un sistema adversarial.
Finalmente, se abordaron otras alternativas de resolución, entre ellas los acuerdos parciales, como una herramienta para evitar que el juicio abreviado tradicional se transforme en la única vía de negociación disponible en la práctica judicial.
La actividad se enmarcó en los objetivos generales de la UNISA —Resolución PGN Nº16/18— y en el programa de capacitación para la implementación del sistema acusatorio federal aprobado por la Resolución PGN Nº14/24.
Puesta en marcha del sistema acusatorio en el Distrito La Plata
Integrantes de la UNISA realizaron visitas de trabajo a las Unidades Fiscales de La Plata y Lomas de Zamora —pertenecientes a la Fiscalía de Distrito La Plata— los días 25 y 29 de septiembre con el objetivo de prestar apoyo y asistencia en los primeros días de implementación del sistema acusatorio, vigente en dicho distrito desde el 21 de septiembre pasado.
Los funcionarios María Sol Citate y Damián Radiminski (en La Plata) y Martina Allende y Manuel Rogiano (en Lomas de Zamora) mantuvieron reuniones de trabajo con los equipos del Ministerio Público Fiscal de ambas sedes e hicieron recorridos por las distintas áreas para relevar y consolidar buenas prácticas de gestión.