El Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata formalizó la investigación penal contra cuatro personas acusadas de integrar una organización dedicada al tráfico y la comercialización de cocaína y tusi en esa ciudad balnearia bonaerense. A pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez federal de Garantías Santiago Inchausti dictó la prisión preventiva de los tres hombres imputados por 180 días y de la única mujer por un plazo inicial de 15 días, debido a un problema de salud planteado por su defensa.

Los procedimientos se realizaron el martes 13 y el miércoles 14 de octubre, en distintos puntos de Mar del Plata y sobre la ruta nacional 33, a la altura de Trenque Lauquen, en el marco de una investigación que lleva cinco meses.

Como resultado de los 16 allanamientos, se secuestraron casi 10 kilos de cocaína y 981 gramos de tusi, la mal llamada “cocaína rosa” que es una mezcla de sustancias psicoactivas de composición variable que suele presentarse como un polvo rosado y puede contener ketamina, MDMA (éxtasis), cafeína y otras sustancias. Su nombre es una abreviación de “tucibi” y remite a la pronunciación en inglés de la sigla 2C-B, una sustancia sintética con efectos alucinógenos.

También se incautaron 32 teléfonos celulares, balanzas, elementos de corte y otros objetos de interés para la causa. También se incautaron cerca de 2,5 millones de pesos, más de 9.000 dólares y 300 euros.

La acusación fue formulada el viernes pasado por el fiscal Santiago Eyherabide y el auxiliar fiscal Hércules Giffi, de la Oficina de Narcocriminalidad de la mencionada área de la unidad fiscal.

Los principales imputados son dos hermanos identificados por sus iniciales como N.G.D., de 28 años, y G.F.D., de 30, junto a otro joven, C.A.B., de 28 años, y una mujer, N.B., de 45 años.

Los representantes del MPF describieron las maniobras atribuidas a esas personas y las encuadraron en el delito de tráfico de estupefacientes, en las modalidades de comercio y tenencia con fines de comercialización, agravado por la intervención de más de tres personas organizadas, previsto en el artículo 5, inciso c, de la Ley N°23.737 de persecución del narcotráfico.

Además, el juez dispuso la anotación del embargo sobre dos automóviles —un Volkswagen Polo Track y un Ford Fiesta— que habrían sido utilizados en las maniobras investigadas y que podrían provenir de la actividad ilícita. También convalidó el secuestro y el embargo del dinero incautado durante los allanamientos.

El fiscal Santiago Eyherabide y el auxiliar fiscal Hércules Giffi, en la audiencia de formalización ante el juez federal de garantías Santiago Inchausti. Foto: Unidad Fiscal Mar del Plata

A pedido del MPF, la investigación penal preparatoria tendrá un plazo de 180 días corridos, con vencimiento el 13 de abril de 2027.

Hacia el final de la audiencia, que se extendió durante aproximadamente tres horas, las defensas de los dos principales acusados plantearon la nulidad de lo actuado. El fiscal Eyherabide se opuso al planteo, que fue rechazado por el juez de Garantías.

Para resolver, el magistrado consideró que no se había afectado el derecho de defensa y señaló que el Ministerio Público Fiscal puede reservar el legajo de investigación hasta su formalización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 230 del Código Procesal Penal Federal, que expresamente prevé que la defensa acceda a la información reunida en el legajo una vez formalizada la investigación.

Los roles atribuidos a las personas investigadas

Los representantes del MPF explicaron en la audiencia que, en esta etapa inicial, la investigación permitió establecer los roles de las cuatro personas imputadas, sin descartar la posible participación de otras.

La imputación fiscal se sustenta, entre otros elementos, en las tareas de vigilancia y seguimiento realizadas por la Unidad Especial de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, los movimientos económicos detectados y distintos encuentros entre las personas investigadas.

Durante las tareas de campo se registraron intercambios de bolsos, cajas, bolsas y mochilas, que fueron considerados relevantes para reconstruir el funcionamiento de la organización.

Según la hipótesis fiscal, los hermanos N.G.D. y G.F.D. cumplían las funciones de provisión y dirección de la estructura criminal. Según la imputación, ambos coordinaban las maniobras y abastecían de estupefacientes a otros integrantes. Para respaldar esa atribución, los representantes del MPF mencionaron los movimientos detectados y los viajes realizados, además de sus antecedentes, dado que ambos cuentan con una condena —ya cumplida— por el delito de comercio de estupefacientes.

En relación con G.F.D., se destacaron los viajes a Bolivia —el auxiliar fiscal hizo mención a que según información de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es uno de los principales países productores de cocaína de la región— y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en relación a N.G.D. también se advirtieron viajes hacia la Capital Federal.

La reconstrucción de los desplazamientos permitió establecer que ambos habrían viajado juntos, cada uno en su automóvil y a cierta distancia en la ruta, posiblemente para advertir la presencia de controles. Una vez que llegaban a destino, permanecían entre 20 y 30 minutos y emprendían el regreso por rutas alternativas, más extensas y con menos controles.

Uno de esos viajes alertó a la Unidad Especial de Lucha contra el Narcotráfico de la policía bonaerense, que llevaba adelante las tareas investigativas y dio aviso a la Unidad Fiscal Mar del Plata. Ese dato derivó en los allanamientos realizados la semana pasada.

Además, se detectaron encuentros recurrentes entre los hermanos y el resto de las personas investigadas. Entre los elementos reunidos se encuentran las tareas de vigilancia y seguimiento, así como los movimientos económicos que habrían mantenido entre sí.

Por su parte, a C.A.B. se le atribuyó el rol de distribuidor. Según la acusación, habría recibido las sustancias, las habría almacenado en el sector de bauleras del edificio donde reside y luego las habría distribuido entre otros integrantes de la organización. Las tareas de vigilancia permitieron registrar doce movimientos o encuentros con los presuntos proveedores y revendedores.

En cuanto a N.B., la cuarta persona imputada, Eyherabide y Giffi sostuvieron que habría participado en la distribución de las sustancias que le entregaba C.A.B., tanto hacia otros puntos de venta como para su comercialización a menor escala. Esa hipótesis se sustenta, entre otros elementos, en los frecuentes encuentros que tenía con terceras personas por pocos minutos.

La prisión preventiva

Al fundamentar el pedido de prisión preventiva, los representantes del MPF expusieron los riesgos procesales que, a su criterio, alcanzaban a las cuatro personas imputadas. Entre ellos, mencionó la gravedad de los hechos investigados, la cantidad de estupefacientes secuestrados, el dinero cuya procedencia no estaría respaldada por actividades formales y las dos armas de fuego halladas en uno de los domicilios.

También destacaron la pena en expectativa, que estimaron en entre 6 y 20 años de prisión, y la magnitud del despliegue operativo: 16 allanamientos, siete realizados el 13 de octubre y otros nueve al día siguiente, que darían cuenta de la dinámica de la organización y de la cantidad de personas que podrían estar involucradas.

El valor de los estupefacientes y los movimientos de dinero

En cuanto al valor de las sustancias secuestradas, el auxiliar fiscal Giffi señaló que, de acuerdo con las estimaciones de la fuerza de seguridad interviniente, la cocaína incautada tendría un valor superior a los 243 millones de pesos, mientras que el tusi superaría los 23 millones.

El representante del MPF también hizo referencia al volumen de dinero transferido entre las personas investigadas, incluso mediante operaciones con personas jurídicas dedicadas al trading de dinero. Asimismo, destacó el secuestro de 3.500 dólares a N.G.D. durante su requisa y detención sobre la ruta 33, cuando circulaba luego de haber estado en Buenos Aires. Ese desplazamiento había alertado a los investigadores y contribuido a desencadenar los allanamientos.

Por último, el MPF expuso los riesgos procesales particulares que, según su evaluación, presentaba cada una de las personas imputadas. Sobre esa base, solicitó las medidas cautelares que fueron dispuestas por el juez de garantías, con los distintos plazos establecidos para cada caso.