Siete exintegrantes del Ejército y de la Policía de Santa Fe fueron procesados por su presunta participación en hechos represivos vinculados con un operativo realizado el 31 de diciembre de 1976 en la calle Balcarce al 700 de la ciudad de Rosario, en el que fueron asesinadas cinco personas y un niño resultó gravemente herido, y con las privaciones ilegales de la libertad de otras dos personas, que permanecieron cautivas en el centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones de la Policía provincial.

La resolución fue dictada el pasado 22 de octubre por el Juzgado Federal N°4 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, en el marco de una investigación llevada adelante por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, a cargo del fiscal Adolfo Villatte, que permitió reconstruir la intervención de personal policial y militar, así como la conexión entre los distintos episodios.

Los procesamientos alcanzaron a Jorge Alberto Fariña, integrante del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército, y a Mario Alfredo Marcote, José Carlos Antonio Scortechini, Julio Héctor Fermoselle, Ramón Telmo Alcides Ibarra, Ernesto Vallejo y Ramón Rito Vergara, quienes integraban el Servicio de Informaciones de la Policía de Santa Fe.

Fariña fue procesado con prisión preventiva como partícipe necesario de los homicidios de Claudia Omar, María Cristina Lucchesi, Ana María Teresa Drago, Osvaldo Antonio Lindner y Daniel Hugo Cambas, así como de las lesiones graves sufridas por Cristian Horton, de 5 años, y de su sustracción. En tanto, los seis expolicías fueron procesados, sin prisión preventiva, como coautores de las privaciones ilegales de la libertad de Gabriel Omar y Stella Maris Báez, quienes permanecieron cautivos en el centro clandestino de detención.

El caso 

La investigación reconstruyó el operativo conjunto realizado durante la madrugada del 31 de diciembre de 1976 en un departamento del octavo piso de un edificio ubicado en Balcarce 740/742, en Rosario.

El procedimiento culminó con la muerte de cinco personas y dejó gravemente herido a Cristian Horton, quien fue trasladado al Hospital de Niños de Rosario, donde permaneció bajo custodia hasta el 4 de enero de 1977, sin que se informara a sus familiares sobre su paradero.

La investigación también permitió reconstruir las detenciones ilegales de Gabriel Omar y Stella Maris Báez y su posterior traslado al centro clandestino que funcionaba en el Servicio de Informaciones de la Policía de Santa Fe. Omar, hermano de una de las víctimas, había sido detenido el 1° de enero de 1977 al concurrir a visitarla por personal policial que custodiaba el departamento, y permaneció cautivo hasta el 8 de marzo de ese año.

Báez, por su parte, fue detenida el 31 de diciembre de 1976 durante un procedimiento llevado a cabo en calle España 1331 de Rosario, durante el cual fue asesinado su marido, Luis Catena. La mujer permaneció en ese lugar hasta el 28 de enero de 1977, cuando fue trasladada a una cárcel de mujeres y liberada al día siguiente.

El procesamiento

Para resolver la situación procesal de los imputados, el juzgado valoró testimonios de sobrevivientes y familiares, documentación periodística de la época, partes militares, informes de inteligencia policial y otros elementos incorporados al expediente. Ese conjunto probatorio permitió reconstruir las características del operativo, la actuación coordinada de fuerzas militares y policiales y los vínculos entre distintos episodios represivos.

Además, la fiscalía recordó que la mayoría de las víctimas, resultan ser familiares de otras víctimas del terrorismo de estado, circunstancia que da cuenta de la persecución extendida llevada adelante.

En relación con Marcote, el juzgado dictó la falta de mérito por los homicidios y los hechos sufridos por Horton, al considerar que no había elementos suficientes para acreditar su intervención personal en esos episodios. Sin embargo, lo procesó por las privaciones ilegales de la libertad de Omar y Báez y dispuso el cese de su detención en esta causa.

Por último, la resolución dispuso embargos por 40 millones de pesos sobre los bienes de Fariña y por tres millones de pesos para cada uno de los otros seis imputados.