El fiscal Carlos Martínez, a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, formalizó ayer la investigación penal contra un hombre y una mujer, responsables de una ortopedia dedicada a la comercialización de artículos quirúrgicos e implantes. Ambos están acusados de comercializar productos médicos que habrían ingresado al país sin los controles aduaneros y sanitarios correspondientes y de distribuir insumos quirúrgicos vencidos, cuyas fechas de caducidad habrían sido adulteradas para hacerlos pasar por aptos para su utilización.
Acompañado en la audiencia por la auxiliar fiscal Victoria Piro, el representante del Ministerio Público Fiscal les atribuyó, en esta instancia, los delitos de encubrimiento de contrabando y distribución y/o almacenamiento con fines de comercialización de mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo.
A pedido de la fiscalía, el juez de Garantías Santiago Inchausti fijó un plazo de 180 días hábiles para el desarrollo de la investigación y también dispuso la inhibición general de bienes de los dos imputados y de la firma.
El origen de la investigación
Los representantes del Ministerio Público Fiscal explicaron en la audiencia que las irregularidades fueron denunciadas ante la justicia federal a fines de 2025 por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), luego de una inspección realizada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en un local de la firma Tecnoprot, dedicada a la venta de artículos quirúrgicos, implantes y ortopédicos.
Durante el procedimiento se encontraron 336 puntas de shaver (instrumento de corte quirúrgico descartable) de diferentes lotes, modelos y marcas. Los productos no contaban con información sobre el importador responsable en Argentina ni con datos de registro sanitario.
Las puntas de shaver son de una herramienta quirúrgica de un solo uso y se emplean, entre otras intervenciones, para eliminar tejidos blandos y cartílagos, desgastar y remover huesos y cortar o fresar articulaciones grandes y pequeñas. Se trata de productos médicos de clase de riesgo II, considerada de riesgo elevado, según explicó la fiscalía.
En representación del MPF, de la audiencia de formalización participaron el fiscal Carlos Martínez y la auxiliar fiscal Victoria Piro. Foto: Ministerio Público Fiscal
El presunto encubrimiento de contrabando
En el marco de las medidas investigativas, la Aduana informó que no existía documentación que respaldara la legítima adquisición de los elementos. También señaló que no hay producción de estos insumos en el país y que, debido a la obligatoriedad de la intervención de la ANMAT y de la autoridad aduanera para su importación y comercialización, podía inferirse que habían ingresado al territorio nacional sin las correspondientes autorizaciones sanitarias y aduaneras.
Por otra parte, desde la Unidad Fiscal y la ANMAT se mantuvieron entrevistas con representantes de las únicas dos empresas habilitadas para importar y comercializar esos productos en Argentina. Ambas firmas informaron que no habían ingresado al país el material encontrado en el depósito de la ortopedia, que también cuenta con una sucursal en Bahía Blanca.
La pesquisa también detectó que del total de 336 puntas de shaver secuestradas, 161 se encontraban vencidas, con fechas de caducidad comprendidas entre 2010 y 2024. Respecto de las restantes, la Aduana estableció un valor en plaza de $25.950.000.
Para el Ministerio Público Fiscal, este primer hecho debe ser calificado, provisoriamente, como encubrimiento de contrabando, en los términos del artículo 874, apartado 1, inciso d, del Código Aduanero.
La comercialización de productos vencidos
El segundo hecho atribuido a los imputados, en sus roles de presidenta y vicepresidente de la empresa, consiste en haber distribuido puntas de shaver de distintas medidas que se encontraban vencidas, además de otros insumos médicos, implantes ortopédicos e instrumental quirúrgico también vencidos, y comercializarlos en el sistema hospitalario como si fueran aptos para su utilización.
Según la hipótesis fiscal, la maniobra se habría extendido durante más de dos años, desde abril de 2024 hasta el 28 de mayo de 2026, fecha en que se realizaron los allanamientos.
La fiscalía encuadró provisoriamente esta conducta en el delito de distribución y/o almacenamiento con fines de comercialización de mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo, previsto en el artículo 201 del Código Penal.
La prueba principal sobre este segundo hecho surgió de la extracción forense realizada por el Departamento Forense Digital del Consejo de la Magistratura sobre los dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos.
De acuerdo con la valoración expuesta por Martínez durante la audiencia, las conversaciones encontradas no solo darían cuenta del poder de decisión del hombre imputado y de su “actitud deliberada” para vender material sanitario vencido, sino también de la intención de ocultar esa condición. En particular, se identificaron mensajes en los que habría solicitado planchas de etiquetas adhesivas para las puntas de shaver, con instrucciones expresas para modificar las fechas de vencimiento.
La fiscalía investiga si se adulteraron etiquetas para modificar las fechas de vencimiento. Foto: Policía Federal
Las medidas solicitadas por la fiscalía
Al solicitar un plazo de 180 días hábiles para continuar con la investigación, el fiscal Martínez sostuvo que la pesquisa no estaba agotada y que aún restaban diligencias para reconstruir las maniobras y determinar su alcance.
En ese sentido, señaló que los peritajes de los teléfonos celulares permitieron ampliar el objeto procesal al revelar una posible afectación a la salud pública, que requiere profundizar las medidas para establecer la eventual intervención de terceras personas.
Además, el representante del MPF no descartó la posible existencia de potenciales víctimas que podrían haberse visto afectadas por la adquisición de las puntas de shaver vencidas.