En el marco de un acuerdo pleno, el juez de Garantías de Bahía Blanca, Walter López Da Silva, condenó a los dueños de un local comercial que adquirían mercadería ingresada al país de forma irregular para luego venderla, a dos años y seis meses de prisión en suspenso. Además, les impuso el pago de una multa equivalente a 80.000 dólares y ordenó el decomiso de los bienes secuestrados. En el caso, intervinieron la fiscal federal Elisa Trinchin y el auxiliar fiscal Facundo Ruíz Martínez, del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Bahía Blanca.
La sentencia alcanzó a Sergio Miguel Altamirano y a Andrea Soledad Maldonado, quienes fueron condenados como autores del delito de encubrimiento de contrabando, agravado por tratarse de una actividad habitual, conforme lo establecen los artículos 45 del Código Penal y 874, apartado 1, inciso “d”, y apartado 3, inciso “b” del Código Aduanero (Ley N°22.415).
El caso
La investigación se inició el 30 de junio de este año, a partir de un control de rutina en el puesto de control fitosanitario del kilómetro 714 de la Ruta Nacional N°3, en el partido de Villarino, cerca de la ciudad de Bahía Blanca.
En el marco del procedimiento conjunto desarrollado por personal de la Gendarmería Nacional Argentina, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la Dirección General de Aduanas (DGA) de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se detectó un camión Mercedes Benz que transportaba teléfonos celulares y dispositivos electrónicos, que carecían de la correspondiente documentación respaldatoria de importación.
Ante ello, Altamirano (dueño de la mercadería) se presentó ante las autoridades y entregó una factura por la supuesta adquisición de los productos, la cual se determinó que era apócrifa.
Ese mismo día, se allanó el local comercial que le pertenecía junto a Maldonado y, como resultado de las medidas de prueba dispuestas en la investigación, se estableció que se dedicaban a la venta de equipos de telefonía y audio.
En el marco del procedimiento, incautaron teléfonos celulares, accesorios (cargadores, cables y adaptadores), parlantes y auriculares. La DGA analizó la mercadería secuestrada y constató que no contaban con los correspondientes despachos de importación que respaldasen el ingreso regular al territorio argentino, lo que demostró su accionar ilícito.
Acuerdo pleno y condenas
Así, el 29 de octubre pasado, la fiscal federal Trinchin y el auxiliar fiscal Ruíz Martínez celebraron un acuerdo pleno con los imputados y sus defensas particulares, a través del cual Altamirano y Maldonado aceptaron los hechos materia de la acusación, su participación, la calificación legal y la pena requerida para el caso.
El acuerdo fue homologado por el juez López Da Silva, por lo que condenó a dos años y seis meses prisión en suspenso a los involucrados, les impuso una multa equivalente a 80.000 dólares y ordenó el decomiso de la mercadería ilegal.