La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) anuló, por mayoría, el rechazo de una acción de habeas corpus presentada por un detenido que reclamaba la falta de cupo para acceder a un trabajo remunerado. La decisión revocada había sido confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.
La decisión fue en línea con lo dictaminado por el titular de la Fiscalía N°4 ante esa instancia, Javier De Luca, en virtud de haberse omitido la realización de la audiencia oral prevista en el artículo 14 de la Ley N°23.098 de procedimiento de habeas corpus.
El caso
El 12 de agosto pasado, la defensa de un interno del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz interpuso ante el Juzgado Federal N°1 de Morón, una acción de habeas corpus. En la presentación, señalaba el agravamiento de las condiciones de su detención ya que, a pesar de haberlo solicitado, no le asignaron ninguna actividad laboral remunerada dentro de la unidad, cuestión que necesitaba resolver para así poder asistir económicamente a su madre.
El juez celebró la audiencia prevista en el artículo 9° de la Ley 23.098 y solicito informes a las autoridades del complejo penitenciario. En la respuesta señalaron que el área laboral se entrevistó con el hombre y le informaron que los primeros internos considerados para la concesión de un trabajo remunerado son aquellos que se encuentra incorporados al régimen de progresividad. También advirtieron sobre la restructuración de la Dirección de trabajo, producto de las nuevas disposiciones del Ministerio de Seguridad, entre ellas la de la ley de modernización laboral.
Tras analizar el informe, el juez desestimó el habeas corpus al entender que el interno ya había canalizado su demanda y estaba a la espera de una vacante laboral, de acuerdo a los nuevos parámetros de asignación. Además, señaló que, dado que no se probó el agravamiento de las condiciones de detención, debía ser el juzgado de ejecución el que resolviera los planteos del interno.
El 15 de agosto pasado, la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó la decisión. En virtud de ello, la defensa presentó el correspondiente recurso de casación, al entender que habían incurrido en una errónea aplicación de la ley, se convalidaba el agravamiento de las condiciones de detención y se vulneraba el derecho a la dignidad, al trabajo y a la progresividad del régimen penitenciario.
Para el fiscal general De Luca, en el caso analizado, se incurrió en “una violación al debido proceso de la contraparte” y que la resolución debía anularse “para que se cumpla con el trámite de rigor y, luego, se dicte una nueva resolución que tome en cuenta lo que la defensa técnica del solicitante tenga para decir”.
La defensa destacó que su asistido denunció la demora injustificada en acceder a un trabajo y que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) presentó un “informe genérico, sin individualizar el tiempo que llevaba aguardando, ni estimar el plazo de otorgamiento.
También cuestionó que no se hubiera celebrado la audiencia prevista en el artículo 14 de la Ley 23.098, lo que afectaba sus garantías al debido proceso y a la defensa, ya que se lo privó de rebatir el informe de las autoridades penitenciarias.
La opinión del fiscal general
A su turno, el fiscal general De Luca consideró que “los jueces no están autorizados a expedirse de una orden de habeas corpus sin haber celebrado la audiencia establecida en el artículo 14 y cc. de la ley 23.098”.
Así entendió que, en el caso analizado, se incurrió en “una violación al debido proceso de la contraparte” y que la resolución debía anularse “para que se cumpla con el trámite de rigor y, luego, se dicte una nueva resolución que tome en cuenta lo que la defensa técnica del solicitante tenga para decir”.
La decisión de la Cámara de Casación
Al resolver la cuestión, la Sala IV de la CFCP, con los votos por mayoría de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, hizo lugar al recurso de la defensa, anuló la decisión del juez de primera instancia y remitió las actuaciones al Juzgado Federal N°1 de Morón, para que sustancie la acción de habeas corpus.
En su voto, el juez Hornos destacó “la irregularidad del trámite impreso a la presente causa”, dado que correspondía realizar “la audiencia oral prevista en el artículo 14, con la presencia obligatoria de la amparada y su defensa”. Agregó que se afectaron “los derechos de debido proceso y defensa en juicio, en particular: el derecho a ser oído y la posibilidad del amparado de rebatir el contenido de los informes aportados” por el SPF.
Borinsky coincidió con su colega, aunque sostuvo que, en el caso, se daba una “ausencia de contradictorio entre las partes”, dado que el fiscal general De Luca había dictaminado en igual sentido que la defensa, lo que “impide la convalidación del fallo impugnado”.
Finalmente, el juez Javier Carbajo votó en disidencia y consideró debía rechazarse el recurso de la defensa, ya que las resoluciones cuestionadas estaban debidamente fundadas. Agregó que el recurrente no demostró “la existencia de un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención, ni tampoco la ineficacia o inutilidad de las vías ordinarias de revisión previstas procesalmente para examinar la situación de su asistido”.