La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos de casación de las defensas y confirmó las condenas de hasta seis años de prisión impuestas a cuatro agentes de la Dirección General de Aduanas (DGA) por integrar una organización dedicada a cobrar sobornos para permitir el ingreso irregular de mercadería desde Paraguay, entre 2016 y 2017. En las escuchas incorporadas a la causa, se pudo comprobar que utilizaban un código basado en términos futbolísticos para comunicarse.
En su fallo del jueves pasado, los jueces Daniel Antonio Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar ratificaron la sentencia dictada el 27 de agosto de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, en un debate en el que intervino la fiscal general Vivian Barbosa.
Los cuatro agentes fueron considerados responsables de los delitos de asociación ilícita y cohecho. A Bernardino Castor Esquivel se le fijó una pena de seis años de prisión mientras que a Francisco Antonio Llorente y a Orlando Ariel Alfonso se los condenó a cinco años de prisión. A este último se lo encontró responsable también del delito de contrabando de importación agravado por la intervención de un funcionario aduanero. Por su parte, a Lorenzo René Juárez se le fijó una pena de tres años de prisión de ejecución condicional.
A todos los implicados se les había dictado, además, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. También quedó firme la orden dispuesta por el tribunal de juicio para que los condenados reparen el daño económico ocasionado al Estado por su accionar delictivo, cuyo monto deberá determinarse vía incidental tomando como base el valor de aforo de las mercaderías secuestradas en los distintos procedimientos incorporados al expediente.
Durante el juicio, al formular su alegato, la fiscal Barbosa, había reclamado una condena ejemplar frente a la gravedad institucional de los hechos: “En el rol que hoy tengo el honor de ejercer, solicito en representación de la sociedad a los señores jueces que comiencen a reparar ventanas rotas, para no acostumbrarnos a la delincuencia en todas sus formas, fundamentalmente a la corrupción institucional, ya que como bien lo sostiene esta teoría, su acostumbramiento llevará inexorablemente al aumento de los mismos”.
Y concluyó: “Solo de esta manera estaremos dando cumplimiento a los compromisos internacionales que la Nación Argentina ha suscripto. La sociedad argentina a la cual represento pide justicia y no más corrupción”.
La investigación y el código futbolero
La pesquisa se inició a partir de una presentación del entonces administrador de la Aduana de Posadas ante la entonces Fiscalía Federal N°2 a cargo del fiscal federal interino, Diego Stehr, que dio lugar a una investigación preliminar en la que se vincularon diversos procedimientos con secuestro de mercadería extranjera ingresada sin aval aduanero por el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que conecta las ciudades de Posadas y Encarnación, Paraguay.
A partir de intervenciones telefónicas y peritajes sobre teléfonos celulares secuestrados en allanamientos y operativos, se logró reconstruir el funcionamiento de una estructura delictiva que operó al menos entre abril de 2016 y octubre de 2017 —en el caso de Esquivel, hasta junio de 2017, cuando fue trasladado a la Aduana de Bernardo de Irigoyen—.
“Todos los imputados eran representantes de la ley y debían velar por su estricto cumplimiento, y en lugar de protegerla, la violaron", sostuvo la fiscal Barbosa en su alegato durante el juicio.
De acuerdo con la acusación sostenida por la fiscalía y lo acreditado en el debate, para concretar los cruces irregulares era indispensable que coincidieran en un mismo turno al menos dos integrantes de la organización. Por un lado, un guarda asignado al control primario en los carriles de ingreso y un jefe de turno —rol que desempeñaban habitualmente Esquivel y Llorente—, encargado de distribuir y rotar al personal en los puestos.
Las escuchas revelaron que los agentes aduaneros y los contrabandistas —denominados "paseros"— utilizaban un lenguaje encriptado basado en términos futbolísticos para coordinar los días, horarios y carriles por los que debían cruzar los vehículos cargados sin ser revisados. En las conversaciones, los guardas involucrados eran llamados "jugadores", los jefes de turno "DT" y los carriles de ingreso "canchas".
Así, se registraron diálogos en los que se consultaba si “jugaban” o si había “partido”. Las respuestas eran del mismo tenor y los implicados hablaban de “jugar en la cancha 3" o que “estén los jugadores preparados con la camiseta lista".
También se detectaron advertencias de los funcionarios para evitar filas llamativas ante otros empleados ajenos a la maniobra, con frases como: "no hagan caravana" o "en mi carril no puedo empujar 11 autos seguidos".
Por su parte, los contrabandistas se comunicaban a través de un grupo de WhatsApp llamado: "paseritas jijiji", donde intercambiaban datos en tiempo real sobre la situación del paso fronterizo y por qué carril avanzar.
Como contraprestación por omitir dolosamente los controles que les exigía su función, los agentes percibían sumas de dinero que se entregaban de forma individual por cada cruce o mediante pagos periódicos los viernes.
“Estamos ante la comisión de múltiples delitos graves vinculados a la corrupción. La corrupción amenaza la estabilidad y seguridad de las sociedades porque socava la confianza en las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia”, había resaltado la fiscal Barbosa.
“Todos los imputados eran representantes de la ley y debían velar por su estricto cumplimiento, y en lugar de protegerla, la violaron. Especialmente los señores Llorente y Esquivel quienes eran jefes de turno de Aduana, y eran ellos los que anoticiaban y autorizaban a los demás agentes si determinados días “se podía jugar el partido” –traducido en la jerga que ellos mismos utilizaban– si se permitía el paso indiscriminado de mercaderías de origen extranjero sin aval aduanero: en pocas palabras, autorizaban el contrabando”, recalcó.
Las escuchas revelaron que los agentes aduaneros y los contrabandistas —denominados "paseros"— utilizaban un lenguaje encriptado basado en términos futbolísticos para coordinar los días, horarios y carriles por los que debían cruzar los vehículos cargados sin ser revisados.
Uno de los hechos centrales probados en la causa ocurrió el 13 de agosto de 2017. Según quedó registrado en las filmaciones del circuito cerrado de televisión del puente internacional, un automóvil Fiat Palio Adventure con vidrios polarizados ingresó al país por el carril 3 —donde estaba apostado Orlando Ariel Alfonso— sin ser sometido a control alguno, limitándose el agente a intercambiar unas breves palabras por la ventanilla con el conductor.
Minutos después, a unos 500 metros de la salida de la zona primaria aduanera, efectivos del Escuadrón 50 de Gendarmería Nacional detuvieron la marcha del vehículo en un control vehicular de rutina sobre la Avenida Costanera Sur, frente a la estación internacional de trenes. Al bajar las ventanillas, los gendarmes observaron a simple vista una gran cantidad de cajas que ocupaban todo el asiento trasero hasta el techo, además de bultos en el baúl.
La requisa permitió secuestrar 390 luces LED de origen extranjero sin aval aduanero. El conductor del rodado, Miguel Ángel Jara, había sido condenado en el mismo proceso a tres años de prisión de ejecución condicional como coautor de contrabando agravado tras suscribir un acuerdo de juicio abreviado con el MPF.
Resolución de Casación
En su voto —al que adhirieron sus colegas Barroetaveña y Slokar—, el juez Petrone descartó la totalidad de los planteos de nulidad formulados por las defensas, que cuestionaban la validez de las intervenciones telefónicas, la cadena de custodia de las desgrabaciones, la acumulación de causas conexas y la realización del juicio abreviado respecto de Jara.
El integrante de la Sala I sostuvo que el tribunal de juicio efectuó un análisis conglobado de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica racional, cruzando el contenido de las escuchas con las filmaciones del puente, los procedimientos de secuestro y los libros electrónicos de guardia.
Asimismo, los camaristas rechazaron el planteo de nulidad por supuesto temor de parcialidad del presidente del tribunal oral —fundado en que su hijo trabajaba en el área jurídica de la DGA—, al advertir que el familiar no tuvo intervención alguna en el expediente ni existían circunstancias objetivas que pusieran en duda la imparcialidad del magistrado.
Finalmente, avalaron el monto de las penas impuestas y remarcaron que la mayor sanción aplicada a Esquivel respondió a su mayor jerarquía funcional, capacitación y deber de supervisión como jefe de turno.