El fiscal general a cargo del Área de Análisis de la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA, Pablo Ouviña, presenta el segundo informe de gestión semestral sobre los documentos de inteligencia desclasificados en relación al atentado perpetrado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994.

La elaboración del documento da cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictada el 26 de enero de 2024, en el marco del caso “Asociación Civil Memoria Activa vs. Argentina (Fondo, Reparaciones y Costas)”, por la que se dispuso que el Estado Argentino garantice “la implementación del área específica de análisis de la totalidad del acervo documental de inteligencia desclasificado en el seno de la UFI-AMIA, velando por la compilación y la sistematización de la información, siguiendo las buenas prácticas en materia de gestión archivística”, y mantenga “una comunicación constante con las víctimas y los querellantes”.

El segundo informe semestral releva la labor del Área de Análisis de la UFI-AMIA -creada por Resolución PGN N°13/2023- y sus equipos de Conservación, de Análisis Documental y de Digitalización, durante el primer semestre de 2025, sobre la documentación reservada en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que tuviera vinculación con el atentado a la sede de la AMIA, cuya desclasificación fue dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional a través de los decretos 398/2003, 786/2003, 787/2003, 395/2015, 229/2017 y 213/2020.

Así, las/os especialistas de estos equipos sistematizan, resguardan, digitalizan, compilan y analizan la documentación desclasificada de inteligencia existente en los fondos documentales de la Unidad de Relevamiento (Fondo URI-SI); de la Dirección de Terrorismo (Fondo DT); de la Dirección Operacional de Inteligencia Exterior (Fondo DOIE) de la exDirección de Observaciones Judiciales (D.O.J), denominada “Base Salta”, y de la exDirección de Contrainteligencia, conocida como “Base Estados Unidos”, y sobre los sumarios administrativos instruidos a partir de la denuncia de irregularidades.

Las tareas desarrolladas

El documento consigna que, durante el primer semestre de 2025, el equipo de análisis documental inventarió el contenido de dos cajas originales -que suman 15 unidades documentales- pertenecientes al Fondo de la Dirección de Terrorismo (Fondo DT). Las unidades documentales pueden estar compuestas por un sólo soporte (por ejemplo, una carpeta con papel), o bien presentar varios (una carpeta con papel, diskettes, VHS, etc.).

En cuanto a los Fondos documentales provenientes de las bases Contrainteligencia (“EE.UU.”) y Observaciones Judiciales (“Salta”) de la Secretaría de Inteligencia, que fueron trasladados en 2023 a la sede del Palacio Barolo, se elaboró un inventario de los documentos en formato VHS provenientes de la primera base y solicitó asistencia para su digitalización a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). Dado que el proceso de digitalización de las filmaciones demora tiempo, se puso a disposición de las partes el inventario con el objeto de que, de considerarlo necesario, indiquen a esta Área si existe alguno de los documentos identificados que consideren de particular interés, a fin de priorizar su digitalización.

A su vez, el equipo de Análisis produjo un informe a partir del trabajo con los documentos desclasificados que integran los fondos documentales de la Secretaría de Inteligencia, sobre la identificación de Samuel Salman El Reda o Salman Raouf Salman, acusado de ser un miembro activo de la organización Hezbollah y sindicado como coordinador del grupo operativo y uno de los principales responsables, a nivel local, de la preparación y consumación del ataque contra la sede de la AMIA.

Por otra parte, el informe precisa la labor del equipo de Conservación que intervino 18 unidades documentales pertenecientes al Fondo de la Dirección de Terrorismo (Fondo DT), lo que permitió la posterior digitalización de 4.698 páginas.

Además, el equipo de Conservación, llevó adelante inspecciones en profundidad al Edificio Barolo, constatando en detalle el estado de las instalaciones y que las condiciones ambientales sean propicias para albergar a la documentación y evitar su deterioro. Durante las inspecciones, se lograron advertir problemáticas relacionadas con el surgimiento de humedad y con el ingreso de agua por lluvias, entre otros, y se realizaron mediciones de temperatura y humedad relativa para lo que se utilizaron estaciones de medición (termohigrómetros).

Finalmente, el equipo de Digitalización hizo esa tarea con los cuerpos del expediente principal y de legajos de la investigación conocida como “Causa Amia”, con lo cual obtuvo una versión de mejor calidad que la que se tenía hasta el momento respecto de 16.329 fojas, al tiempo que se digitalizaron 15 unidades documentales -contenidas en dos cajas- con un total de 4.698 páginas. Toda la documental fue puesta a disposición de las partes para solicitar en formato PDF (con OCR) y consultar a través del INDEXAR.

Trabajos en curso

El documento también refiere que los equipos del Área de Análisis de la UFI-AMIA continúan con el inventariado, sistematización, resguardo, conservación y documentación de la restante documentación desclasificada.

También se continua con el protocolo de trabajo a distancia y pequeños traslados de documentación entre el Palacio Barolo y la sede de la UFI AMIA, avanzando con el procesamiento de la documentación del Fondo de la Dirección de Terrorismo.

Por otra parte, el equipo de Análisis se encuentra abocado al desarrollo de dos informes: uno sobre la Documentación de Policía Federal y otro en torno a la actividad de agrupaciones terroristas vinculadas al atentado en la “Triple Frontera” (Brasil, Paraguay y Argentina), junto a otros documentos que también están en proceso y que serán trasmitidos a las partes interesadas, una vez concluidos.

También se comenzó con el inventario de la documentación de la exDirección de Observaciones Judiciales, para identificar las líneas telefónicas que se encuentran registradas en los cassettes de escuchas. Dicha labor se realiza por lapsos cortos y con alternancias, dada la imposibilidad de permanecer en las instalaciones del Palacio Barolo durante jornadas extensas por falta de condiciones laborales adecuadas.

Inconvenientes edilicios

El segundo informe también da cuenta de que las tareas del Área de Análisis de la UFI-AMIA continúan viéndose afectadas al no haber mejoras en las condiciones edilicias de la sede del Palacio Barolo, en cuyos subsuelos está la documentación desclasificada. Así, a la contaminación por asbesto que presentaba el archivo, deben sumarse pérdidas provenientes de cañerías estructurales y pluviales que atraviesan el espacio de guarda, humedad de cimientos, ingreso de agua en el segundo subsuelo, luminarias defectuosas, roturas en instalaciones sanitarias y ausencia de matafuegos.

Añade que, si bien durante este semestre autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación realizaron inspecciones y visitas al edificio, y concluyeron que era necesario convocar a una empresa especializada para las obras vinculadas con la falta de un sistema de ventilación natural o artificial, aún no se comenzaron los trabajos.

“La continuidad de los problemas de carácter estructural del edificio Barolo para ser utilizado como lugar de archivo, resguardo y análisis de documentación, sumado al surgimiento de otros problemas coyunturales fruto de la falta de mantenimiento, no solo ponen en riesgo la conservación del acervo, sino que ha significado que personal altamente calificado para las tareas de análisis y conservación deba destinar tiempo y esfuerzos en la búsqueda de soluciones ante la falta de respuesta a las comunicaciones institucionales realizadas”, destaca el documento.

A pesar de ello, señala, se continuó trabajando en el proceso de identificación, sistematización, conservación, digitalización y análisis de los documentos desclasificados, al tiempo que se mantuvo una comunicación periódica con las partes querellantes y se informó al Juzgado Federal N°6 de los informes elaborados. Además, se indagaron posibles alternativas para incorporar nuevas herramientas al proceso de trabajo.