En cumplimiento de la resolución PGN 52/21, que dispuso a partir del martes 17 de agosto el regreso a la atención presencial suficiente para la adecuada prestación del servicio que brinda el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el director general de Acceso a la Justicia del organismo, Julián Axat, ordenó la reapertura de las agencias territoriales.

El regreso se cumple siguiendo las medidas de cuidado prescriptas en el considerando tercero de la Resolución PGN 37/20, tendientes a preservar la salud tanto del personal como de las personas consultantes, siguiendo un sistema de rotación de los trabajadores y trabajadoras, y de burbujas.

Así, la modalidad de atención presencial se complementa con la de trabajo remoto que desarrolló la Dirección de Acceso a la Justicia desde el comienzo de la pandemia, y que había sido habilitada por las sucesivas resoluciones de la PGN dictadas en el marco de la emergencia sanitaria. A partir de ahora, la atención será, entonces, mixta, debido al éxito que demostró el abordaje de los casos recepcionados en forma remota.

En efecto, los canales de atención utilizados mientras estuvieron vigentes las medidas de confinamiento (ya sea mediante contactos telefónicos o por correo electrónico) permitieron, además de la toma de denuncias y la facilitación del acceso a la justicia de cientos de ciudadanos durante los 17 meses que pasaron desde el inicio de la pandemia, realizar 132 requerimientos cumplidos por ATAJO en auxilio de otras dependencias judiciales.

De ese universo de requerimientos, la mayoría fue producto de solicitudes presentadas por dependencias del Ministerio Público Fiscal de la Nación (un 18,9%), seguidos por las del Poder Judicial de Mendoza (14,17 %), aunque también los hubo de dependencias judiciales de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Río Negro y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, fueron proveídos, aunque en menor cantidad, requerimientos formulados por la Cancillería, dependencias municipales y organizaciones no gubernamentales.

Del total de requerimientos, el 10,26 % correspondió a causas relacionadas con abuso sexual, seguidos de otros vinculados a cárceles o instituciones de encierro y causas por delitos de lesa humanidad, ambas con el 7,69%.

Los requerimientos consistieron en intentos de contactar a personas en tanto víctimas o testigos, elaborar informes interdisciplinarios, constatar informaciones, realizar documentos de intervención, recabar medidas de prueba y certificar cumplimiento de medidas de suspensión de juicio a prueba.

Articulación con la PROCELAC

Asimismo, continuó el trabajo articulado entre la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y ATAJO, que se vio incrementado con el aumento de reclamos y consultas por créditos abusivos y vulneración de derechos de las personas, en tanto consumidores de bienes y servicios.

Desde abril de este año se recibieron 25 derivaciones de PROCELAC, que se suman a las 69 intervenciones recibidas entre abril de 2020 y el mismo mes de 2021.

Esas actuaciones merecieron el siguiente abordaje: en 7 casos se asesoró para presentación de nota en entidades financieras o bancarias; 8 casos fueron derivados a la Secretaría de Defensa de las y los consumidores, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación; otros 2 casos fueron remitidos al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), dependiente de la Secretaria de Defensa de Consumidor, un sistema gratuito mediante el cual los usuarios o consumidores pueden hacer planteos en forma electrónica contra las empresas, en tanto que un caso fue enviado a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).

Por último, 4 derivaciones recibidas merecieron la presentación de sendas denuncias penales y por otras 3 fueron cursadas solicitudes de información a la central de deudores del Banco Central de la República Argentina.

Los casos remitidos a ATAJO por la procuraduría especializada en criminalidad económica se corresponden con consultas que, dada la naturaleza de los hechos que abordan, exceden en principio los parámetros de intervención de la PROCELAC, diseñada para casos de criminalidad económica compleja, por lo que no provocan el inicio de investigaciones preliminares en la procuraduría.

Sin embargo, podrían demandar la búsqueda de una resolución alternativa de los conflictos, tal como la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal faculta a la Dirección de Acceso a la Justicia.