El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°31 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de Susana Parada, dictó medidas de protección cautelares, de carácter preventivo, en favor de una enfermera del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, que denunció a un médico de terapia intensiva, por acoso laboral y sexual. La víctima se presentó ante la Agencia de Acceso a la Justicia (ATAJO), que funciona en el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) “Eva Perón” -que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación- del barrio porteño de Once.

En su resolución, la jueza prohibió todo tipo de contacto entre el médico denunciado y la víctima, y el cese de los actos de perturbación e intimidación. También, notificó las medidas dispuestas a las autoridades del Hospital Fernández.

Los hechos

En su presentación ante ATAJO, la víctima relató lo ocurrido el 14 de febrero pasado. En dicha oportunidad, mientras trabajaba en una de las habitaciones del área de terapia intensiva, el médico denunciado se acercó y “simulando querer orientarla laboralmente intentó darle un beso en la frente”, a lo cual la mujer se resistió, pero el hombre intentó abrazarla. La víctima indicó que se suscitaron hechos similares, hasta el 21 de marzo cuando, luego de que el hombre la maltratara verbalmente, decidió denunciarlo. En dicha oportunidad, el médico le habría dicho que “no era capaz de hacer bien su trabajo, que era inestable, histérica", de acuerdo lo que surge de la resolución judicial, que transcribe la presentación efectuada ante ATAJO.

Asimismo, la mujer indicó que los hostigamientos y acosos comenzaron luego de que finalizara una relación de pareja con el médico, que habían iniciado en diciembre de 2022 y que no se extendió más de un mes. La resolución judicial también precisó que el médico mantenía hacia la mujer “un trato hostil, y en varias oportunidades la acorraló en habitaciones del hospital. Cuando se encontraba sola con algún paciente, la forzaba a conversar sobre su vínculo extra laboral, buscaba contacto físico con ella e intentaba abrazarla o besarla”.

La Unidad Fiscal Norte, del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, calificó los hechos denunciados como ““constitutivos de la contravención de hostigar, intimidar, previsto y reprimido en el artículo 54, agravado en función del 56, incisos 5 y 6, todos del Código Contravencional”. En tal sentido, el dictamen se fundó en las disposiciones del artículo 26 de la Ley Nacional N°26.485 (conforme Ley N°4.203), y en la Convención de Belém do Pará, y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, a fin de garantizar la seguridad de la víctima, atento a la situación de riesgo en la que se encontraba.

La intervención de los equipos de ATAJO

El dispositivo de atención de ATAJO del barrio de Once funciona dentro de las instalaciones del Centro de Acceso a la Justicia “Eva Perón”, en la avenida Rivadavia 2690, Primer Piso, de 9 a 15 hs, en el marco del convenio suscripto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Tras la exposición de la víctima, el equipo de la Dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal de la Nación remitió la denuncia al Ministerio Público Fiscal porteño, que la derivó a la Unidad Fiscal Norte, a fin de que interviniera el Equipo especializado en Violencia de Género. También, se dio intervención al Ministerio de Salud de la C.A.B.A. para que, en línea con lo solicitado por la víctima, le facilitaran un cambio de turno en el Hospital, para no tener que cruzarse con su agresor.

El Programa Protegen de la Dirección de Acceso a la Justicia

La recepción de este tipo de denuncias, se enmarca en la implementación del dispositivo “ATAJO PROTEGEN” del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Se trata de una herramienta para la recepción de denuncias por violencia de género, que funciona como una extensión territorial de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

En este contexto, previo a que se les reciba la denuncia, las víctimas de violencia de género son entrevistadas por los equipos de la Dirección, a efectos de asentar en una base de registro de datos la información personal de la denunciante, sus hijas e hijos -si se vieran involucrados en el hecho-, y los del agresor.

El dispositivo fue puesto en marcha junto a la Dirección General de Políticas de Género (DGPG) con el apoyo del Programa EUROsociAL+, en noviembre de 2019.