Fue uno de los primeros casos en los que tomó intervención el Programa ATAJO, en junio del año pasado. Su protagonista es Princesa Zoraida Pinto, vecina de la villa 21.24 de Barracas.

La mujer, madre de dos hijas de 14 y 15 años, una de las cuales tiene un retraso madurativo y sufre ataques de epilepsia y convulsiones, trabajaba de noche cuidando a una señora mayor. Para mejorar la situación económica de la familia, la mujer se suscribió a un plan para la compra de un automóvil, que su pareja utilizaría como remís. Debido a lo que parecía un crédito demasido ventajoso, accedió a adquirir un segundo automóvil. Pero con el tiempo la situación cambió, y para peor. El matrimonio se separó, un incendio producto de una deficiente instalación eléctrica destruyó su casa, y la mujer no pudo continuar pagando la cuota del auto.

Antes de retirar el primero de los dos autos, quiso darlos de baja, debido a la imposibilidad de continuar con los pagos. La intención era, además de achicar sus gastos, recuperar el dinero invertido. Imposible: la letra chica del contrato establecía que el tomador del crédito primero debía pagar las 84 cuotas, y reclamar recién en el 2020 el reintegro del dinero. O el auto.

Tras la derivación del caso a la Justicia, la denuncia presentada por la mujer recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 45, con intervención de la Fiscalía Nº 16 del mismo fuero, a cargo del doctor Marcelo Ruilópez.

En un escrito, Princesa Pinto le solicitó al fiscal diversas medidas de prueba, a fin de acreditar la situación abusiva por parte de la empresa que le otorgó el préstamo, y más teniendo en cuenta su notoria desventaja, no obstante lo cual Ruilópez decidió desestimar la denuncia, con el aval del juez interviniente.

Según dictaminó el fiscal, la actuación del Programa ATAJO, a quien acudió la mujer en busca de ayuda, fue valorada en detrimento de la denunciante, porque la mujer no podría alegar situación de vulnerabilidad tras su asesoramiento “por los organismos existentes tal como el que acudió para radicar esta denuncia”.

En archivo adjunto se reproduce el informe elevado por el Programa de Acceso Comunitario a la Justicia del MPF a la Procuradora General de la Nación, en la que Julián Axat solicita a Alejandra Gils Carbó que instruya a los fiscales para que eviten en lo sucesivo ese tipo de temperamento, y se tenga en cuenta la situación de vulnerabilidad de las víctimas, que podría acreditarse mediante la elaboración de un Informe a solicitud de los propios fiscales.