Un acuerdo entre una clienta de una concesionaria de automóviles y la empresa, fue homologado por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El arreglo le permitió a la mujer recuperar el dinero que había pagado en sendos planes de ahorro, cuyo monto asciende a $30.000, que cobró en efectivo. La adjudicataria del plan había recurrido a ATAJO para exponer su situación de vulnerabilidad económica y denunciar que la empresa concesionaria se había negado a reintegrarle las sumas abonadas aun sabiendo por la compleja situación familiar que se encontraba atravesando.

Antecedentes

En mayo de 2010, Princesa Zoraida Pinto decidió ingresar a un plan de ahorro a fin de que su pareja de entonces utilizara el vehículo como remís. Dos años después, decidió adquirir un segundo automóvil, para trabajarlo ella misma y generar un ingreso extra en la economía familiar. A pesar de los pagos, la concesionaria nunca le había hecho entrega de ningún vehículo.

En junio del año siguiente, recibió en su teléfono celular un mensaje que resultó engañoso, que le informaba que era la ganadora de un plan para obtener un nuevo 0 km. El mensaje provenía de la misma concesionaria con la que había gestionado su segunda unidad, ubicada en el barrio porteño de La Paternal. Con dos hijos a su cargo y ya separada de su pareja, decidió aceptar la propuesta que consistía en fusionar los dos planes en uno y pagar en una sola cuota mensual una unidad de mejores características.

Sin embargo, a los pocos meses de aceptar esta nueva propuesta sufrió un siniestro en su casa. Una mala instalación y deficiencia en la red eléctrica de su barrio provocaron un incendio en su vivienda. El fuego arrasó con todo. Después de su separación, el ingreso que obtenía por su trabajo en casas particulares constituía la única entrada de dinero en la familia que componía junto a sus 3 hijos, de 20, 15 y 14 años, respectivamente, la menor de las cuales sufría un retraso madurativo que le provocaba repetidos ataques de epilepsia y convulsiones.

Sumida en un estado de profunda depresión ante este panorama adverso y sin siquiera haber adquirido el primer auto, resolvió darse de baja de los planes y pedir el reintegro del dinero pagado hasta entonces. “Después del incendio quise darme de baja. Pensé que el trámite iba a ser rápido. Quería recuperar esa plata”, contó Princesa. Y continuó: “Llamé por teléfono porque cuando fui a la concesionaria había cambiado de sitio y no la pude encontrar. Entonces, llamé a los números que aparecen en los papeles y me dijeron que mande una carta documento y que tenía que esperar a que se terminaran las 84 cuotas, en el año 2020. Le relaté a la persona todo lo que me había pasado y me contestó que no era su culpa y que así era la ley del lugar”.

En este contexto fue que conoció a Rosy, una vecina y referente de la Junta Vecinal del Barrio quien la contactó con la agencia ATAJO situada en la villa 21-24 del barrio porteño de Barracas. Sus operadores tomaron la denuncia y la remitieron a la fiscalía correspondiente, que, sin embargo, la desestimó. “Después de todo lo que pasé no sabía qué hacer, ya había perdido toda esperanza y la justicia para mí no existía”, recordó entre llantos Princesa. Según dictaminó el fiscal, la actuación del Programa ATAJO, a quien acudió la mujer en busca de ayuda, fue valorada en detrimento de la denunciante, porque la mujer no podría alegar situación de vulnerabilidad tras su asesoramiento “por los organismos existentes tal como el que acudió para radicar esta denuncia”.

Ante esta situación, Julián Axat, titular de la Dirección de Acceso a la justicia del MPF, elevó un informe a la Procuradora general de la Nación, en el que relató la situación por la cual atravesaba la damnificada y le solicitó que instruya a los fiscales sobre la necesidad de observar especialmente en su labor jurisdiccional la condición de vulnerabilidad de las personas, teniendo en cuenta lo que fijan las 100 reglas de Brasilia.

Así las cosas, ATAJO solicitó el arbitrio de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, que logró un acercamiento entre partes y  homologó el acuerdo que establece el reintegro del monto total de las cuotas abonadas por la perjudicada. El convenio se alcanzó en el marco de COPREC (Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo),  que tras una audiencia de conciliación prejudicial obligatoria, llegó a un acuerdo que fijó el pago de $ 30.000 en cheques sin cruzar a Princesa Zoraida Pinto, a condición de desistir de la denuncia y de todo hecho y derecho que eventualmente le asistiera. Asimismo, la conciliación establece que las costas deberán ser abonadas por la concesionaria.

Para Princesa, “existe un lado bueno de la Justicia. Lo descubrí al conocer ATAJO. Y así recuperé la esperanza que había perdido”.

Articulación con PROCELAC

La repetición de casos similares mereció en su momento la articulación con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a fin de analizar opciones de intervención y optimizar las herramientas disponibles.

Según expresó el entonces titular de la Procelac, Carlos Gonella, “las conclusiones de lo analizado fueron que el sistema financiero, que estaba reservado históricamente para los sectores medios y altos, ahora está avanzando hacia los sectores populares, pero el efecto que vemos es que se profundizan las desigualdades. Así, aparecen estas financieras que prestan dinero de forma muy simple, a sola firma y con el documento. Profundizando nuestra investigación, fuimos a los barrios, nos juntamos con gente que había tomado crédito y advertimos situaciones realmente críticas: gente que tiene sus bienes embargados, su casa embargada, que está judicializada. En la villa 21, realizamos un trabajo preventivo, generamos material gráfico, accesible y de fácil lectura. En el medio de este proceso se creó el Programa de Acceso Comunitario a la Justicia con una estrategia de despliegue territorial del Ministerio Público, focalizado en herramientas para el acceso a la justicia de los sectores vulnerables”.