Princesa Zoraida Pinto vive en la Villa 21, ubicada en el barrio porteño de Barracas. Tiene dos hijas de 15 y 14 años. Una de ellas tiene retraso madurativo y sufre ataques de epilepsia y convulsiones. Princesa trabaja de noche cuidando a una señora mayor y padece de una enfermedad cardíaca y problemas respiratorios. Su historia es de las primeras que encara el Programa de Acceso Comunitario a la Justicia del Ministerio Público Fiscal, que esta semana tendrá su presentación formal en la Casa del Cultura de la Villa 21.

En mayo de 2010, Princesa ingresó junto a su pareja de ese momento a un plan de pagos para poder adquirir un auto. La idea era que él -quien por problemas físicos no podía trabajar- pudiera usar el auto como remis.  En 2012, decidieron ingresar a otro plan de autoahorro para poder acceder a un segundo auto con el que Princesa podría trabajar también y así lograr otro ingreso extra. En junio de 2013, llegó a su celular un engañoso mensaje de texto que le indicaba que había sido ganadora de un plan para adquirir otro vehículo. El mensaje provenía de la misma concesionaria, ubicada en el barrio porteño Paternal, con la que había gestionado el segundo plan. Allí, le explicaron que podía acumularlos. Separada de su pareja y con dos hijos a cargo, la propuesta le pareció conveniente.

En abril de este año, las deficientes condiciones del tendido eléctrico del barrio provocaron un incendio en su casa. Perdió todo lo que tenía. “Unos días vivimos en lo de mi hermana pero estábamos muy encimadas. Yo dormía en el piso y me estaba haciendo mal debido a mi enfermedad”, relató Princesa a Fiscales. Frente a esta situación, sin haber adquirido siquiera el primer auto, se le hizo imposible seguir pagando las cuotas del plan. “Después del incendio quise darme de baja. Pensé que el trámite iba a ser rápido. Quería recuperar esa plata. Llamé por teléfono porque cuando fui a la concesionaria había cambiado de sitio y no la pude encontrar. Entonces, llamé a los números que aparecen en los papeles y me dijeron que mande una carta documento y que tenía que esperar a que se terminaran las 84 cuotas, en el año 2020. Le relaté a la persona todo lo que me había pasado y me contestó que no era su culpa y que así era la ley del lugar”, recordó.

Fue en ese contexto que conoció a Rosy, referente de la Junta Vecinal del barrio y vecina de la manzana donde se incendió su casa. Fue ella quien la contactó con ATAJO (Agencia Territorial de Acceso a la Justicia), que forma parte del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Julián Axat.  “El caso no viene a nosotros sino que nosotros lo vamos a buscar, ese es el objetivo y lo que lo hace interesante. En general, el Ministerio Público está a la expectativa pero nosotros recorremos las calles, territorios, los barrios, hacemos un puerta a puerta, trabajamos con las organizaciones y los referentes sociales y son ellos los que traen los casos o los vamos a buscar. La justicia llega en la búsqueda, como el caso de Princesa. El riesgo sería que nos olvidemos de ella y su denuncia. Pero como vamos a estar en el barrio eso no va a pasar”, sostuvo Axat.

Y continuó: “El caso Princesa es la punta de un hilo de algo más simple que es cuando a los celulares llegan las ofertas masivas de ‘ganaste un premio, vení a buscarlo’. La gente no sabe que después los atrapan con una estafa en la que les hacen creer que, a través de una oferta tentadora, pagarán por algún bien que se les va a entregar en un determinado plazo. Hay poca investigación sobre este tipo de engaños a pesar de que muchas personas lo han sufrido. Lo que pasa es que en los barrios pobres la mayoría de las personas no hicieron ningún tipo de denuncia por obstáculos de acceso a la justicia”. En ese sentido, Berenice Timpanaro, responsable de ATAJO en la Villa 21 resumió: “Era un desafío por la dinámica de trabajo que ella tiene. Hubiera sido difícil ir a los tribunales y hacer una denuncia. De esta manera se remueve un obstáculo porque ir al Palacio demanda un tiempo y esfuerzo que, por la situación en que ella se encuentra, no lo hubiera  podido hacer. Se trata de repensar las prácticas y los casos para ir asumiéndolos como poder judicial. Lo que hace la diferencia es el vínculo con las organizaciones preexistentes, como la junta vecinal, que hacen que los casos lleguen”.

Por su parte, Axat aseguró que desde un comienzo fueron sinceros  y honestos con Princesa ya que le aclararon que no se le puede garantizar la devolución de los 29 mil pesos, pero la denuncia había que hacerla. “La idea es que las respuestas de ATAJO sean serias, tengan entidad, tengan derivación responsable y que no tengas expectativas demás”, afirmó.

Trabajo en conjunto

Inmediatamente, se tendió un puente con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), como forma de trabajar articuladamente, analizando opciones y posibles herramientas.

El fiscal General Carlos Gonella, a cargo de la Procelac, hizo referencia al informe publicado por la Procuraduría que trata el fenómeno de la usura y los créditos para el consumo. “Las conclusiones de este informe fueron que el sistema financiero, que estaba reservado históricamente para los sectores medios y altos, ahora está avanzando hacia los sectores populares, pero el efecto que vemos es que se profundizan las desigualdades. Así, aparecen estas financieras que prestan dinero de forma muy simple, a sola firma y con el documento. Profundizando nuestra investigación, fuimos a los barrios, nos juntamos con gente que había tomado crédito y advertimos situaciones realmente críticas: gente que tiene sus bienes embargados, su casa embargada, que está judicializada. En la villa 21, realizamos un trabajo preventivo, generamos material gráfico, accesible y de fácil lectura. En el medio de este proceso se creó el Programa de Acceso Comunitario a la Justicia con una estrategia de despliegue territorial del Ministerio Público, focalizado en herramientas para el acceso a la justicia de los sectores vulnerables. Es así como, llega a Julián Axat el caso de Princesa”. Gonella y Axat mantuvieron reuniones para analizar si el caso se encuadraba dentro de la usura. Finalmente, evaluaron que tiene características particulares y es así como analizaron posibles herramientas jurídicas para recuperar el dinero y para prevenir acciones en su contra.

Por otro lado, el director del Programa de Acceso a la Justicia mencionó el déficit que existe en materia de defensa al consumidor vinculado al acceso a la información de los sectores vulnerables. Las campañas son generales y el consumidor, especificó, es uno: hombre o mujer de clase media que accede a determinados bienes por capacidad económica. “Hay que trabajar hacia adentro de los sectores populares con contenidos más comunicables y que contemplen situaciones como la de mujeres solas con muchos hijos y sostén del hogar. Hay que ver la falla por las cuales ‘las Princesa’ ponen ‘OK’ a los mensajes”.

Por qué ATAJO

“ATAJO es la sigla del recorte de tiempo y espacio. Llegamos antes porque estamos en el territorio. Es justicia de proximidad que, para mí, es la justicia del siglo XXI, la popular y no populista. Con los humildes, en los territorios, con la gente de a pie. La justicia del palacio, la tradicional, se quedó en el siglo pasado”, explicó Axat.

Y añadió: “En los barrios y villas, hay frustración de todos los derechos, el derecho es una cultura inexistente. Donde hay una necesidad lamentablemente no hay un derecho, hay que construirlo. Ese es el aporte del ATAJO, el del empoderamiento. Que la gente empiece a sentir que el Ministerio Público le da una herramienta pero que a la larga les sirva también para pensar que las pueden obtener ellos. Nosotros sólo somos un mecanismo más. Notamos que la gente no sabe qué derechos tiene, como Princesa que no sabía que tenía el derecho de hacer una denuncia.

Fiscales: ¿Cómo busca insertarse el dispositivo ATAJO en los barrios?

Axat: La idea siempre fue articular con las organizaciones que funcionan ahí: cualquier dispositivo fallaría si ingresa abruptamente a un lugar por paracaidismo porque la gente piensa ‘¿por qué de un día para el otro aparecen?’. Nosotros hicimos un estudio previo que significó llegar a través de los referentes que ya tienen consolidado una alianza y un liderazgo con la gente que vive dentro de las villas. Llegar no significa abrir un ATAJO sino acompañarlos, estar, lentamente contarles qué son y empezar a introducir que en el futuro va a abrir una oficina y que va a tratar de resolver determinados problemas. El objetivo es que no haya más Princesas.

Fiscales: ¿Cuáles son esos problemas con los que se encontraron?

Axat: En el territorio, te encontrás con un mapa de actores conflictivo, como en todo territorio. Nosotros venimos a instalar un dispositivo con permanencia y proyección a largo plazo. Si no echamos raíces no va a funcionar. Todas las organizaciones sociales, los referentes y los habitantes tienen que sentir que el ATAJO es una herramienta que les sirve, que no es una fiscalía sino que es una oficina de atención a los más vulnerables. Es una triple herramienta: recibe denuncias, previene el delito y forma en derechos.  En esta idea de proximidad de justicia, el MPF está generando una experiencia piloto en la capacidad de llegada y de generosidad con todos los sectores  y no vinculándose con uno en particular.