El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires condenó a 5 años de prisión al exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio Miguel De Vido; al exsecretario de Obras Públicas, José Francisco López; y al exgerente general de Nación Fideicomisos S.A., Néstor Ulloa en el marco del juicio por el denominado caso Skanska, donde se investigaron maniobras de corrupción en relación a la contratación y realización del Gasoducto Norte y Sur entre 2004 y 2006.

La decisión fue tomada por la mayoría compuesta por los jueces Jorge Gorini y Néstor Costabel, en línea con lo que habían reclamado durante el alegato el titular de la Fiscalía General N°2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Capital Federal, Abel Córdoba y el auxiliar fiscal Lucio Sebastián López. En disidencia votó la jueza María Gabriela López Iñiguez. Los fundamentos se conocerán el próximo 22 de septiembre.

Los exfuncionarios fueron considerados responsables de los delitos de cohecho pasivo y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Además, se les fijó una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Por otro lado, los magistrados del tribunal condenaron a 4 años de prisión a tres directivos de Skanska por considerarlos coautores del delito de cohecho activo y partícipes necesarios en la administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Se trata de Mario Alberto Piantoni, Gustavo Ángel Vago y Javier Azcárate.

Con respecto a los gerentes Héctor Osvaldo Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Juan Gerlero y Roberto Antonio Zareba, los condenaron a 3 años de prisión por los mismos delitos.

En relación al contador Alfredo Norberto Greco y el apoderado de la empresa Infinity Group Adrián Félix López, los magistrados fijaron una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional para ambos por ser responsables del delito de cohecho activo.

La mayoría del tribunal ordenó el decomiso de 48 millones de pesos, correspondientes al producto de los delitos de administración fraudulenta y cohecho, un monto que será actualizado al momento en que quede firme la condena. De esa forma, decidieron que se mantengan los embargos que están vigentes en el caso.

El caso

De acuerdo con la acusación, entre 2004 y 2006 se pagaron dádivas y sobreprecios en el marco de las contrataciones para expandir la capacidad de transporte de gas natural, lo que incluía la construcción de gasoductos en el sistema norte (licenciataria TGN) y en el sistema sur (licenciataria TGS); la incorporación de potencia de compresión, el acondicionamiento de las plantas compresoras existentes y la construcción de una nueva planta compresora.

En ese sentido, la fiscalía consideró que existió un esquema de pagos de coimas a funcionarios públicos a cambio de direccionamientos discrecionales de obras a determinadas empresas. Los pagos fueron concretados por directivos de la empresa Skanska a funcionarios públicos que intervinieron en ese procedimiento administrativo. En ese sentido, para justificar esos pagos y darle un aparente marco legal, la compañía simuló operaciones comerciales con otras 23 empresas.

En el alegato, el fiscal Córdoba había considerado que las maniobras de los funcionarios públicos implicaron una planificación sistemática que buscaba dar apariencia de licitud a las licitaciones.

El fiscal federal Abel Córdoba intervino en el juicio. Foto de archivo: Matías Pellón / Fiscales.gob.ar

En relación al exministro De Vido, la fiscalía había remarcado que “tuvo una participación concreta, específica” en las maniobras desde “lo más alto del ministerio. “No solo tenía jerarquía formal, sino que tenía una posición determinante coordinando el conjunto de los aportes”, había sostenido.

En relación a López, se había explicado que desde la secretaría de Obras Públicas a su cargo “se ejerció un seguimiento constante de los trámites administrativos y sobre todo en instancias definitorias como la adjudicación de los contratos”. En ese sentido, había remarcado que su actuación “no condice con una colaboración lateral, sino con el rol que asume quien cuenta con la totalidad de la información y materializa una atribución específica”.

Además, sobre Ulloa, se había afirmado que como presidente de Nación Fideicomisos “participó actuando en la formalización de la selección de Skanska como adjudicataria y luego, ya en la ejecución de esas obras, su actuación determinante y decisiva es a través de los pagos hacia los constructores y también su intervención en la selección de los proveedores apócrifos que le facturaron a Skanska y así garantizar el retorno del dinero con destino a los funcionarios”.

Esquema del "circuito delictivo" del caso Skanska expuesto en el alegato por el fiscal Abel Córdoba. Foto: captura plataforma Zoom

La condena fue el resultado de una tarea sostenida por el equipo de la Fiscalía General N°2. La magnitud del expediente, con decenas de cuerpos, prueba documental, contable y financiera dispersa en más de veinte sociedades y numerosos imputados, exigió un trabajo de reconstrucción probatoria que combinó el análisis de los procedimientos licitatorios, el rastreo de los circuitos de facturación apócrifa y la sistematización de los aportes concretos de cada uno de los intervinientes en la maniobra.

Ese abordaje permitió llevar al debate una acusación ordenada y verificable, apoyada en prueba objetiva y en el examen de decenas de testigos y peritos. A la par, el equipo de la fiscalía asumió la preparación de la prueba y su presentación durante el juicio, tareas que resultaron determinantes para sostener con solidez un debate de esta complejidad y extensión.