El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°2 de la Capital Federal homologó el acuerdo de juicio abreviado propiciado por el titular de la Fiscalía General N°1 ante los TOCF, Diego Luciani, y el fiscal general adjunto de la Procuración General de la Nación, Sergio Mola, en el marco de la causa en la que se investiga la defraudación al Estado Nacional a través de la adjudicación y ejecución irregular de obras públicas viales en favor del grupo empresario que encabezaba Lázaro Báez.

De este modo, el juez Andrés Fabián Basso (que integró de forma unipersonal el tribunal) condenó a los por entonces funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Sergio Passacantando, Jorge Gregorutti y Carlos Alonso, y a los empresarios Martín Antonio Báez, Julio Mendoza y Fernando Butti como responsables —con distintos grados de participación— del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Las penas fueron de entre dos años y seis meses y tres años de prisión; en los casos de Báez y Mendoza, se unificaron con condenas anteriores en penas únicas de siete años y nueve meses y de cinco años y nueve meses, respectivamente.

Además, extendió a los condenados el decomiso dispuesto en la sentencia del 6 de diciembre de 2022 por el primer tramo de la causa, cuyo monto, actualizado al 15 de julio de 2025, asciende a 684.990.350.139,86 pesos.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal habían presentado, el 29 de abril pasado, el acuerdo alcanzado con las defensas de los imputados, que contó con la conformidad de la Unidad de Información Financiera (UIF), que es representada por el director de Litigios Penales de ese organismo, Mariano Galpern.

El detalle de las condenas

Martín Báez fue condenado a tres años de prisión como partícipe necesario. Como ya registraba una condena firme a seis años y seis meses de prisión dictada por el TOCF N°4 por lavado de activos agravado, el juez unificó ambas sanciones en una pena única de siete años y nueve meses de prisión, multa de cinco veces el monto de la operación, accesorias legales y costas.

Mendoza también recibió tres años de prisión como partícipe necesario. Esa pena se unificó con la condena firme a cinco años de prisión que le impuso el TOCF N°4 en la misma causa por lavado de activos, en una pena única de cinco años y nueve meses de prisión y multa de tres veces el monto de la operación. A pedido de su defensa, y sin objeción de la fiscalía, el juez mantuvo la modalidad de detención domiciliaria que le había concedido aquel tribunal.

Alonso, Gregorutti y Passacantando fueron condenados como autores a dos años y ocho meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua.

Por su parte, Butti fue condenado a dos años y seis meses de prisión en suspenso por su intervención como partícipe necesario. A los cuatro condenados a penas en suspenso se les impuso la obligación de fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato.

En cuanto al decomiso, el juez aclaró que recae sobre los mismos efectos del delito ya determinados en el primer tramo, por lo que no implica una duplicación, sino que extiende esa obligación a los nuevos condenados. El orden de prelación entre los obligados y las demás cuestiones vinculadas a su ejecución se definirán por vía incidental.

Condenas en la causa “Vialidad” y nueva investigación

El titular de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, Diego Luciani. - Foto: M. Pellón

El titular de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, Diego Luciani. - Foto de archivo.

El 6 de diciembre de 2022, el TOCF N°2 condenó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al empresario Lázaro Antonio Báez; al exsecretario de Obras Públicas, José Francisco López; al exadministrador general de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) -entre diciembre de 2003 y diciembre de 2015- Nelson Guillermo Periotti, entre otros funcionarios, por las “diversas conductas fraudulentas que posibilitaron la concesión y ejecución en condiciones ilegítimas de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015”. Según determinó el Tribunal, la maniobra ocasionó al erario un perjuicio que, actualizado por resolución del 15 de julio de 2025, asciende a $684.990.350.139,86. Esa condena quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó los recursos de queja de las defensas.

Posteriormente, se avanzó en un segundo tramo de investigación, a cargo del titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°11, Gerardo Pollicita, a fin de establecer la intervención de otras personas en la maniobra defraudatoria desarrollada en torno a la contratación de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz.

En ese marco, el 12 de marzo de 2019, Pollicita requirió la elevación a juicio de Passacantando, Alonso y Gregorutti —exgerente de Administración, exsubadministrador general y exgerente de Obras y Servicios Viales de la DNV, respectivamente— como coautores del delito de defraudación por administración fraudulenta, agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública. También, les atribuyó a Mendoza —presidente de Austral Construcciones S.A.—, Báez y Butti —quienes desempeñaron distintos roles dentro de esa firma y las empresas Loscalzo y Del Curto Construcciones y Kank y Costilla— la participación necesaria en el ilícito.

El requerimiento también alcanzó a Sandro Férgola, Gustavo Gentili, Fernando Abrate y Myriam Costilla, que no formaron parte del acuerdo. Por ese motivo, los fiscales solicitaron separar la causa a su respecto, de modo que sus situaciones procesales siguen su propio curso. En el caso de Férgola, Gentili y Abrate, actualmente se encuentra en pleno debate oral y público, mientras que la Sra. Costilla obtuvo suspensión de juicio a prueba.

Según sostuvo la fiscalía en ese momento, la maniobra consistió en insertar a Lázaro Báez en el negocio de la construcción vial; trasladar al ámbito nacional una estructura de funcionarios provenientes de la provincia de Santa Cruz que ocuparon puestos relevantes en materia de planificación, adjudicación, ejecución, control y pago de la obra pública; concentrar una porción significativa de los recursos destinados a obra vial en esa provincia; y, finalmente, direccionar las contrataciones e instaurar un esquema de beneficios permanentes en favor de las empresas del grupo Báez.

En su presentación, el representante del MPF señaló los aportes de Mendoza, Martín Báez y Butti, a quienes vinculó con la actuación de las empresas Austral Construcciones S.A., Kank y Costilla S.A. y Loscalzo y Del Curto Construcciones S.R.L. y con la presentación de ofertas y la celebración y ejecución de los contratos. En relación a los funcionarios Passacantando, Gregorutti y Alonso destacó sus intervenciones para el direccionamiento de fondos y licitaciones, la homologación o preadjudicación de procedimientos y la inobservancia de los controles propios de sus cargos.

Juicio abreviado

Una vez llegada la causa a juicio, los fiscales Luciani y Mola ratificaron la participación de los involucrados en la maniobra descripta durante la investigación. En ese sentido, recordaron que “se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública, en el que se quebraron y se violentaron todos los principios esenciales que la regulan”.

Agregaron que “el daño causado no solo se ha visto reflejado en el perjuicio económico concretamente ocasionado al erario, sino que se ha proyectado en un sinnúmero de consecuencias indirectas, tales como, la pérdida de eficiencia en las contrataciones, el descrédito y falta de confianza de los ciudadanos en la actividad de la administración pública, como así también de la comunidad internacional a la luz de los compromisos internacionales asumidos en materia de corrupción”.

El juez federal Basso convalidó el acuerdo y consideró las imputaciones “conforme fueron delimitadas en el requerimiento de elevación a juicio y, particularmente, en los términos en que quedaron recogidas y aceptadas en el acuerdo de juicio abreviado sometido a conocimiento del Tribunal”.

Añadió que se trataba de los mismos hechos “que constituyeron el objeto del debate oral y público celebrado en el primer tramo de esta causa”, por los que se dictó sentencia el 6 de diciembre de 2022.

Recordó que, en aquel debate, “se reconstruyeron de manera pormenorizada la mecánica de la maniobra, el direccionamiento de las contrataciones en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, el esquema de beneficios que acompañó la adjudicación, ejecución y pago de las obras, la inobservancia sistemática de los controles a cargo de los organismos competentes y el perjuicio ocasionado al erario”.

“Las personas comprendidas en el acuerdo integran un segundo tramo de un único proceso penal, y las intervenciones que se les atribuyen, desde la esfera pública o desde la privada, no son sino los aportes que, desde sus respectivas posiciones, contribuyeron a la concreción de aquella misma defraudación”, destacó.

Para el magistrado, “la convergencia entre lo establecido en el debate oral, lo descripto en las piezas acusatorias y lo admitido por los acusados confiere a la reconstrucción de los hechos una solidez que excede la que habitualmente acompaña a una sentencia dictada por la vía del juicio abreviado”.