30 de enero de 2023
30 de enero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Intervinieron el fiscal general Diego Luciani y el fiscal coadyuvante Sergio Mola
Condenas de entre 3 y 6 años de prisión en el juicio por las irregularidades en la obra pública de Santa Cruz
Así lo dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de la Capital Federal respecto de la vicepresidenta Cristina Fernández, siete exfuncionarios y el empresario Lázaro Báez en orden al delito de administración fraudulenta agravada. Además, dispuso el decomiso de $84.835.227.378,04. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 9 de marzo de 2023.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2, presidido por el juez Jorge Gorini e integrado por sus colegas Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, condenó hoy a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, José Francisco López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Osvaldo Daruich, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez, a penas de entre 3 y 6 años de prisión por el desvío de fondos e irregularidades en la asignación de obra pública a la provincia de Santa Cruz. En el debate intervinieron el titular de la Fiscalía General N°1 ante los TOF, Diego Luciani, y el fiscal coadyuvante, Sergio Mola, quienes habían solicitado la imposición de penas de entre 2 y 12 años de prisión.

Condenas y absoluciones

Fernández, López, Periotti y Báez fueron condenada y condenados a la pena de seis años de prisión, como autores del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.

Por el mismo delito, también en calidad de autores, Villafañe y Pavesi recibieron penas de 5 años y de 4 años y 6 meses de prisión, respectivamente, mientras que a Santibáñez y Daruich se les impusieron condenas de 4 años y 3 años de prisión.

Todos los funcionarios públicos condenados recibieron la inhabilitación especial y perpetua para el ejercicio de cargos públicos, al tiempo que deberán -junto con Báez- hacer frente a las accesorias legales y las costas del proceso.

En su veredicto, los jueces absolvieron a Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor René Garro, en orden a la imputación de administración fraudulenta, y declararon prescripta la acción penal respecto de Carlos Santiago Kirchner y dispusieron su sobreseimiento en orden a la imputación de incumplimiento de deberes de funcionario público.

Todos los funcionarios públicos condenados recibieron la inhabilitación especial y perpetua para el ejercicio de cargos públicos, al tiempo que deberán -junto con Báez- hacer frente a las accesorias legales y las costas del proceso.

El tribunal también consideró, por mayoría, que no se había probado la acusación respecto a la conformación de una asociación ilícita, por lo que absolvió a Fernández, Báez, De Vido y López.

Finalmente, los jueces ordenaron el decomiso de la suma de $84.835.227.378,04 (casi 85 mil millones de pesos), producto de la comisión del delito. Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el 9 de marzo de 2023, a las 9.00.

El caso

De acuerdo con la investigación desarrollada por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, la expresidenta de la Nación Cristina Fernández, junto a otros doce imputados, entre empresarios y exfuncionarios públicos nacionales y provinciales, intervinieron en una maniobra de corrupción por la cual, desde el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública -en este caso, el Ministerio de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad de la provincia de Santa Cruz-, se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas del Grupo Báez, por más de 46 mil millones de pesos.

En el debate oral, que comenzó el 21 de mayo de 2019, los fiscales Luciani y Mola le imputaron a Cristina Fernández la autoría de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefe y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.

Por su parte, el exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José Francisco López; y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Pierotti, fueron acusados como autores de asociación ilícita agravada por su calidad de organizadores y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública, mientras que se intenta establecer la responsabilidad del empresario de la construcción Lázaro Báez como autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe necesario de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública. Por su parte, y el exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner, fue acusado como autor del delito de abuso de poder.

Finalmente, al exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, junto a los ex responsables del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV, Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda, y a los expresidentes de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilbeto Pavesi y José Raúl Santibáñez, se les imputó la autoría del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.

El tribunal también consideró, por mayoría, que no se había probado la acusación respecto a la conformación de una asociación ilícita, por lo que absolvió a Fernández, Báez, De Vido y López.

Alegato y pedidos de pena

En su exposición, que duró nueve jornadas, los representantes del Ministerio Público Fiscal tuvieron por probados los hechos investigados. Así, se refirieron a la existencia de una “asociación ilícita piramidal, que tuvo en su cúspide, como jefes, justamente a quienes se desempeñaron como jefes de Estado, y que fue organizada e integrada por distintos funcionarios públicos que, en paralelo al plano legal, pero valiéndose de las competencias que les otorgaba la jerarquía de su respectivo cargo y el poder político que ejercían, prestaron los aportes necesarios para que la maniobra pudiera llevarse a cabo".

Señalaron también que -luego de que el oficialismo perdiera las elecciones en 2015- se puso en marcha un plan para “limpiar todo”, que fue pergeñado por José López, Báez, Pierotti y Cristina Fernández, tal como surgió del análisis de los mensajes habidos en el teléfono celular secuestrado a López, cuando se lo detuvo, en 2016, mientras intentaba esconderse en un convento de General Rodríguez con bolsos que contenían dinero.

El alegato de la fiscalía también incluyó el análisis de la normativa vigente en materia de contrataciones públicas. En base a ello, se profundizó en cada una de las 51 licitaciones investigadas y las irregularidades detectadas en los procedimientos de adjudicación. Entre ellas se cuentan las faltas de controles y direccionamiento de las adjudicaciones y la contratación de obras de remediación de canteras. También se trataron las cuestiones atinentes a las modificaciones de obras, ampliaciones de plazos de ejecución, redeterminaciones de costos, los sobreprecios detectados en los peritajes y los anticipos financieros y pagos adelantados por trabajos que no fueron concluidos.

En otro tramo de su alegato, el fiscal Luciani destacó que “entre los años 2004 y 2015, el Congreso Nacional padeció un ‘apagón informativo’ en la cuestión presupuestaria, en lo tocante al destino de los cuantiosos recursos públicos invertidos por el Estado Nacional en Santa Cruz, para hacer frente a las obras públicas viales adjudicadas a las empresas del Grupo Báez”. Luego se refirió a seis decretos, firmados entre 2009 y 2014, a través de los cuales los jefes de Gabinete modificaron los presupuestos vigentes preaprobados por el Congreso Nacional, a pedido del Ministerio de Planificación, que encabezaba Julio De Vido.

También destacaron el deficitario accionar de los órganos de control nacionales y provinciales, que permitieron la ejecución de actos de corrupción, y la existencia de empresas “acompañantes”, que se presentaban en las licitaciones para simular competencia.

El alegato de la fiscalía incluyó el análisis de la normativa vigente en materia de contrataciones públicas. En base a ello, se profundizó en cada una de las 51 licitaciones investigadas y las irregularidades detectadas en los procedimientos de adjudicación.

Las penas solicitadas

Finalmente, en la novena jornada del su alegato, los fiscales Luciani y Mola solicitaron condenas de entre 2 años de prisión en suspenso y 12 años de prisión para la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, once exfuncionarios públicos y para el empresario Lázaro Báez. Además, la fiscalía pidió la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos, respecto de la y los imputados, y el decomiso de $5.321.049.272,47 -monto considerando el perjuicio económico causado-, de los bienes muebles e inmuebles utilizados para la comisión del delito y de aquellos que resultaron su producto.

Los fiscales solicitaron también la extracción de testimonios a fin de establecer si las empresas Petersen, Thiele y Cruz -propiedad de la familia Eskenazi-, Esuco S.A. -cuyo dueño era Carlos Wagner- y Equimac se prestaron a la maniobra para simular competencia; respecto del titular del Registro Nacional de Constructores de Obra Pública (RNCOP), Gustavo Galloni, y la inspectora de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz (AGVP), Paola Kiernan, y de aquellas posibles conductas ilícitas relativas a la licitación del Hospital Materno Infantil de Río Gallegos y de las que surgen de las conversaciones del teléfono personal incautado a José López.

Así, solicitaron una condena para la vicepresidenta Cristina Fernández de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos públicos, accesorias legales y costas, en orden a los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y administración fraudulenta agravada haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.

La misma pena requirieron para Lázaro Báez, al considerarlo autor del delito de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración.

En relación a De Vido, López y Periotti, la fiscalía requirió una pena de 10 años de prisión, inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, accesorias legales y costas, como autores de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de organizadores y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.

La fiscalía pidió también condenas de 6 años de prisión, inhabilitación, accesorias legales y costas, para Collareda y Villafañe como autores de administración fraudulenta agravada haber sido cometida en perjuicio de una administración pública. En igual sentido se expresó respecto de Daruich y Pavesi, para quienes pidió una pena de 5 años de prisión, inhabilitación especial perpetua y el pago de las accesorias legales y costas.

Por el mismo delito, Luciani pidió condenas de 4 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la función pública para Fatala y Santibáñez. Asimismo, requirió que se condene a Garro a la pena de tres años de prisión de cumplimiento en suspenso, inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas, al tiempo que solicitó que cumpla -por el tiempo de la condena- con el deber de fijar residencia y someterse al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.

Finalmente, el representante del Ministerio Público Fiscal no acusó a Carlos Santiago Kirchner respecto del delito de asociación ilícita por el que llegó imputado a juicio, pero pidió su condena a la pena de dos años de prisión de cumplimiento en suspenso, inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas, como autor del delito de abuso de poder. La fiscalía solicitó que, al igual que Garro, Kirchner fije residencia y se someta al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, por el término de la condena que se le imponga.