El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°2 condenó hoy a la pena de 3 años de prisión en suspenso al expiloto presidencial y apoderado de la empresa Global Jet Aviation S.A. Leonardo Luis Barone (54), por defraudar a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), al haber presentado pólizas de seguro de caución falsas en la adjudicación de la licitación para la adquisición de aviones de instrucción básica.

El juez Néstor Costabel —quien conformó de manera unipersonal el tribunal— consideró al imputado autor de los delitos de uso de documento privado falso y defraudación a la administración pública y, además de la pena en suspenso, le impuso el pago de las costas del proceso y la observancia de las reglas de conducta que consisten en fijar domicilio y someterse al cuidado de un patronato.

En el debate, que comenzó el 18 de mayo pasado, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal coadyuvante José Ipohorski Lenkiewicz y el auxiliar fiscal Ignacio Chiappe, de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, a cargo del fiscal general Diego Luciani.

Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 25 de agosto próximo, a las 13.30.

El condenado Leonardo Luis Barone en sus últimas palabras ante el tribunal. Foto: Captura de pantalla Zoom

El alegato

En su alegato, del 13 de julio pasado, Ipohorski Lenkiewicz había requerido una condena de 3 años y 6 meses de prisión y el decomiso de los bienes utilizados para cometer el hecho y las ganancias obtenidas como consecuencia del delito.

Al iniciar su exposición, el fiscal coadyuvante había destacado la trascendencia de las contrataciones públicas “a los efectos de adquirir bienes y servicios para la satisfacción del interés general” y afirmó que la licitación pública investigada —la N°4/2013 de la ANAC— buscaba "revertir décadas de desinversión y obsolescencia en el sector de la aviación civil, particularmente en todo aquello destinado en adquirir medios adecuados para la formación de nuevos pilotos”.

"Este proceso, que perseguía objetivos tan nobles, cayó en prácticas abusivas dentro del ámbito de las contrataciones públicas", sostuvo y agregó: “En este caso vimos como muchos de los principios y medidas de prevención de la corrupción resultaron avasallados debido, primordialmente, a la conducta ardidosa que desplegó el imputado Leonardo Luis Barone”.

El fiscal afirmó que Barone, como "único responsable, representante e interlocutor" de Global Jet —la sociedad que resultó adjudicataria de este contrato público— indujo a error a la ANAC mediante la presentación de garantías falsas, lo que permitió que la empresa obtuviera “un oneroso contrato público que jamás debió haberle sido asignado".

"Así fue como Barone logró entablar un vínculo contractual con la Administración Pública sin otorgarle garantía alguna", señaló. Agregó que el ardid fue "tan idóneo" que recién quedó al descubierto cuando la ANAC intentó ejecutar las pólizas y la aseguradora informó que nunca habían sido emitidas.

El fiscal coadyuvante José Ipohorski Lenkiewicz, de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, el la audiencia del alegato. - Foto: Captura de pantalla Zoom

De acuerdo a la acusación, Barone, en su carácter de apoderado de la empresa Global Jet Aviation, defraudó a la ANAC a través del uso de una serie de documentos privados falsos, en concreto, pólizas de seguro de caución apócrifas que simulaban haber sido emitidas por la empresa Zurich Argentina Compañía de Seguros.

El imputado había presentado el 6 de febrero de 2014, en el marco del expediente administrativo por el que se tramitaba la licitación pública N°4/2013 de la ANAC destinada a la compra de diez aviones para la instrucción básica de nuevos pilotos, cuatro pólizas falsas: una por la suma de $798.255, otra por $2.394.765 y dos por el monto de $1.193.711,07 cada una.

“Mediante esa conducta el imputado tornó ilusorio el derecho de la ANAC a ser resarcida frente a un eventual incumplimiento de los términos pactados en la contratación pública alcanzada con la empresa y el representado, algo que finalmente así sucedió”, recalcó el fiscal coadyuvante.

Una empresa sin capacidad para cumplir el contrato

Al desarrollar la prueba reunida durante el debate, el auxiliar fiscal Chiappe explicó que la ANAC adjudicó en diciembre de 2013 la compra de diez aeronaves de instrucción básica —del modelo Petrel 912i—, por un monto de $7.982.550 que hoy equivaldrían a $926.566.005,80.

“No se trataba de un contrato menor, ni por su objeto ni por el monto que estaba involucrado”, destacó y remarcó que el pliego contemplaba diversas garantías para proteger el patrimonio estatal.

Sostuvo que la evidencia demostró que Global Jet "no fue más que una estructura jurídica" utilizada por Barone para interponerse entre el Estado y el verdadero fabricante de las aeronaves.

Según indicó, “al momento de la adjudicación, Global Jet carecía de toda capacidad para cumplir con el objeto del contrato”, dado que “recién estaba dando sus primeros pasos como empresa y no contaba con mano de obra calificada, ni con instalaciones, ni con la estructura necesaria para afrontar por sí misma una tarea tan sofisticada como es fabricar aviones”.

"Ha quedado claro que Global Jet nunca contó con los medios ni con la estructura necesaria para cumplir por sí misma con el objeto de este contrato que, igualmente, le fue adjudicado”, afirmó Chiappe.

El auxiliar fiscal Ignacio Chiappe, de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, explicó la maniobra fraudulenta que perjudicó a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). - Foto: Captura de pantalla Zoom

El representante del MPF también reconstruyó la maniobra mediante la cual Barone presentó cuatro pólizas de caución falsas que simulaban haber sido emitidas por Zurich Argentina Compañía de Seguros para garantizar el cumplimiento del contrato.

La falsedad de esos documentos recién fue advertida en diciembre de 2017, cuando, ante los incumplimientos de la empresa —que solo había entregado cuatro aeronaves y no mostraba voluntad de completar las seis pendientes—, la ANAC intentó ejecutar las garantías. Fue allí cuando al verificar las pólizas con Zurich, le informaron que las mismas no habían sido emitidas por la empresa y que Global Jet no figuraba en la base de datos de clientes.

"Esas cuatro pólizas falsas sumaban un valor de 5.580.442 pesos. Ese monto constituyó el perjuicio económico directo que sufrió el Estado Nacional a través de la maniobra delictiva", sostuvo Chiappe e indicó que el monto actualizado del perjuicio ascendería a 647.743.873,14 pesos.

El pedido de pena

Ipohorski Lenkiewicz afirmó que Barone no actuó como un mero gestor administrativo, sino que tuvo “un protagonismo central” durante todo el proceso licitatorio y la ejecución del contrato dentro del cual fueron utilizados los documentos falsos para cometer el fraude en perjuicio de la administración pública.

Según sostuvo, la prueba reunida acreditó su participación directa en "los hitos más relevantes del proceso licitatorio", especialmente en la presentación de las garantías falsas.

Para la fiscalía, la maniobra provocó "un claro perjuicio patrimonial contra la Administración Pública", ya que permitió adjudicar un contrato millonario a una empresa insolvente y sin respaldo suficiente.

"El engaño articulado, desde un primer momento, dio lugar a la adjudicación del contrato a una empresa insolvente y sin trayectoria alguna", sostuvo el fiscal, quien añadió que "el uso de pólizas apócrifas le permitió a Global Jet obtener y sostener un contrato millonario sin respaldo alguno".

"Ha quedado claro que Global Jet nunca contó con los medios ni con la estructura necesaria para cumplir por sí misma con el objeto de este contrato que, igualmente, le fue adjudicado”, afirmó el auxiliar fiscal Chiappe en el alegato.

El caso

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada en 2019 por la entonces apoderada de la ANAC, luego de que el organismo descubriera que las pólizas de caución aportadas por Global Jet Aviation S.A. para garantizar el cumplimiento del contrato eran apócrifas.

De acuerdo con la acusación, la empresa presentó cuatro pólizas falsas que aparentaban haber sido emitidas por Zurich Argentina Compañía de Seguros. Esa maniobra impidió que la ANAC pudiera ejecutar las garantías cuando la firma incumplió el contrato, luego de entregar solo cuatro de las diez aeronaves comprometidas.

En febrero de 2024, el fiscal general Luciani solicitó la extracción de testimonios para investigar las eventuales responsabilidades de exfuncionarios y particulares vinculados con el proceso licitatorio.

Posteriormente, en abril de ese año, y en concordancia con la postura de la fiscalía, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 rechazó el planteo de extinción de la acción penal formulado por la defensa de Barone, quien había solicitado acogerse al instituto de la conciliación y efectuar la reparación integral del daño causado.

En aquella oportunidad, el fiscal Luciani señaló que, el 3 de julio de 2014, Barone había sido beneficiado por el Tribunal Oral en lo Penal N°3 con la suspensión del proceso a prueba. En virtud de ello, consideró —en línea con la instrucción del Procurador General— que no podía concedérsele el instituto de la conciliación que pedía, dado que “cuando el imputado se encuentra bajo condiciones de suspensión de un proceso a prueba, la celebración de un acuerdo conciliatorio atenta directamente contra la finalidad de aquella, pues permitiría que la comisión de un nuevo delito o varios delitos sucesivos que se vayan conciliando, no tenga ninguna consecuencia para el imputado”.

El 20 de febrero pasado, la defensa de Barone solicitó la suspensión del proceso a prueba y ofreció la realización de tareas comunitarias. Sin embargo, el fiscal general Luciani se opuso al entender que “si bien se trata de una única maniobra, lo cierto es que hay distintos actos consecutivos, y que, en pleno cumplimiento de la suspensión de juicio a prueba, el imputado habría presentado otra póliza falsa”. Agregó que tampoco correspondía otorgarle el beneficio dado que “ante la eventual imposición de una condena en juicio, la pena podría ser de cumplimiento efectivo”.

En virtud de ello, y dado que no existía consentimiento del MPF para la concesión de la suspensión del proceso a prueba, el 10 de marzo pasado el juez Costabel resolvió “no hacer lugar a la solicitud de la defensa de suspender el presente proceso a prueba respecto de Leonardo Luis Barone”.