Con el apoyo del programa EUROsociAL+, hoy se estrena la serie  “Buenas prácticas de lucha contra la corrupción”, una producción de trece videos elaborada por la Red Iberoamericana de Fiscales contra la Corrupción de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, representa al Ministerio Público Fiscal de la Nación ante el organismo.

La realización del material audiovisual estuvo a cargo del Ministerio Público Fiscal de Brasil, como miembro coordinador de la red especializada, representantes de la AIAMP y contó con el apoyo financiero de EUROsociAL+. Los videos reflejan diversos aspectos teóricos y prácticos vinculados al combate a la corrupción, y están acompañados de una campaña en redes sociales bajo la consigna #BuenasPrácticasAnticorrupción

Rodríguez analizó “El delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos”; asimismo, hay videos sobre “La colaboración premiada en la esfera anticorrupción brasileña”; “Sistema de interconexión y equipos multidisciplinarios”; “La formación de equipos interinstitucionales para la lucha contra la corrupción”; y el “Trabajo conjunto entre las fiscalías anticorrupción y las auditorías internas”, entre otros. Toda la serie se puede visualizar desde el siguiente link: https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgNJitNpb01ryjtTHrDVo1QYATn4FpKn

La historia de la Red

La creación de la Red ocurrió en noviembre de 2017, en ocasión de la XXV Asamblea General Ordinaria de la AIAMP, por decisión de los procuradores generales y fiscales generales de los estados iberoamericanos.

En 2018 se desarrolló el primer Encuentro de la Red Iberoamericana de Fiscales contra la Corrupción en Brasilia. Fue organizado por el Ministerio Público Federal de Brasil y nucleó a representantes de los países miembros de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP).

En marzo del año pasado se desarrolló el II Encuentro de la Red. En esa oportunidad se firmó el estatuto constitutivo de la misma, donde se focalizaron sus objetivos. Reafirmaron, mediante el documento, los compromisos asumidos en la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (2003); en la Convención Interamericana contra la Corrupción (1996); y en la Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales (1197).

Asimismo, mediante la firma del estatuto se asumió la decisión de continuar el trabajo para reforzar la lucha contra la corrupción, “entendida como un fenómeno de suma gravedad que afecta la legitimidad y estabilidad de las instituciones de los Estados, que tiene un efecto corrosivo en el desarrollo integral de las sociedades e impacta en los pueblos destruyendo la confianza pública, quebrantando el imperio de la ley y la justicia y generando un especial daño en los grupos en situación de mayor vulnerabilidad”.