18 de agosto de 2019
18 de agosto de 2019 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Presentación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas
La PIA interpuso un recurso de casación contra el archivo de la causa "Siemens"
La Cámara Federal no hizo lugar al pedido de indagatoria de los funcionarios públicos acusados de cohecho pasivo y dejó firme el archivo de las actuaciones. Al recurrir tal resolución, la procuraduría especializada indicó que existían elementos de prueba suficientes respecto del pacto delictual que prevé el artículo 256 del CP, elementos que ya motivaron la elevación a juicio de la parte privada de la maniobra. "Es por demás paradójico que se vaya a someter a juicio a quienes pagaron sobornos y no a quienes los recibieron o aceptaron", señala el dictamen.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) interpuso un recurso de casación contra el archivo dictado en la causa “Siemens”, que investigó sobornos acordados con funcionarios públicos. El 26 de febrero pasado, el titular del Juzgado Federal N°4, Ariel Lijo, no hizo lugar al pedido efectuado por el Ministerio Público Fiscal de citar a indagatoria a los funcionarios públicos acusados de cohecho pasivo, sino que resolvió archivar las actuaciones, esencialmente con el argumento de que no se había corroborado suficientemente la efectiva recepción del dinero por parte de éstos. Frente a la apelación de la PIA, el archivo por no poder proceder fue confirmado por la Sala II de la Cámara Federal, razón por la cual la Procuraduría presentó un recurso de casación para evitar que se cierre definitivamente del caso.

Entre los fundamentos del recursos se manifestó que además de considerar que los elementos de prueba colectados hasta el momento -que ya motivaron la elevación a juicio de la parte privada de la maniobra delictiva- eran más que suficientes para llamar a declaración indagatoria a los funcionarios públicos sindicados, también se señaló que, aún en el supuesto que fuere imposible comprobar fehacientemente la recepción del dinero denunciados por parte de los funcionarios públicos –por el complejo entramado de sociedades off shore armado- era suficiente con las pruebas existentes sobre la “existencia de ese pacto delictual” que prevé el artículo 256 del Código Penal. En efecto, como se explica en el recurso presentado con abundante cita de doctrina y jurisprudencia, “el delito se consuma con el perfeccionamiento del pacto, ya sea al recibir o al aceptar. Incluso se menciona que no interesa a los fines de la consumación si luego el funcionario cumple o no la promesa efectuada al recibir el dinero o la dádiva o al aceptar la promesa…”. Aunque en este caso los funcionarios públicos sí habrían cumplido con su parte del pacto y esta circunstancia, entre otras, constituye un indicio de la existencia del acuerdo ilícito.

La decisión del magistrado instructor, confirmada por la Cámara Federal de considerar que el verbo típico necesario para acreditar la consumación del delito de cohecho pasivo es el de “recibir” (entrar en tenencia material del dinero o la dádiva, elevó de forma innecesaria el umbral probatorio requerido para continuar con este proceso. Según su postura, habría que reconstruir de forma minuciosa la ruta del dinero desde que salió de las arcas de la empresa Siemens hasta que llegó a manos de los funcionarios públicos involucrados, camino que podría llevar a un callejón sin salida por tratarse de jurisdicciones relacionadas a la operatoria offshore.

Por último se destacó que “…es por demás paradójico que se vaya a someter a juicio a quienes pagaron sobornos y no a quienes los recibieron o aceptaron una promesa orientada a hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones…”.

"Es por demás paradójico que se vaya a someter a juicio a quienes pagaron sobornos y no a quienes los recibieron o aceptaron", señala el dictamen.

El caso se inició el 17 de marzo de 1998 a raíz de la las irregularidades detectadas en la Licitación Pública Nacional e Internacional Nro. 1/96, para la informatización de los Documentos Nacionales de Identidad. Posteriormente, en el año 2008, Siemens S.A. informó un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América y la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) donde reconoció que “…desde 1997 a enero de 2007, Siemens Argentina pagó o hizo que se pagaran al menos u$s 15.725.000 directamente a entidades controladas por miembros del gobierno argentino, al menos u$s 35.150.000 directamente al Grupo Consultor Argentino y al menos u$s 54.908.000 a otras entidades…”.

Al requerirse la elevación a juicio de los entonces altos directivos de la firma se determinó la “… existencia de un acuerdo económico por parte de los empresarios de Siemens AG y sus filiales, con funcionarios del gobierno argentino a fin de que una de las filiales locales de la multinacional alemana, Siemens ItServices S.A., resulte adjudicataria de la Licitación Pública Nacional e Internacional n° 1/96, para la ‘Contratación de un Servicio Integral para la Implantación y Operación de un Sistema de Control Migratorio y de Identificación de las Personas’. Ese acuerdo fue concretado por intermedio de un grupo de personas (denominado también grupo económico, grupo intermediario o grupo Sergi), integrado por Carlos Raúl Sergi, Carlos Francisco Soriano y Miguel Alejandro Czysch y se vio plasmado, al menos hasta el año 2007, por los pagos realizados, entre otros, a las siguientes personas físicas y/o jurídicas (…). Todos ellos por un total de ciento seis millones trescientos dos mil setecientos seis dólares (u$s 106.302.706).

Desde el 27 de diciembre del año 2016 el caso se encuentra parcialmente elevado ante el TOF 3 que, frente a la necesaria intervención de los funcionarios públicos que se estaba investigando aún en instrucción, solicitó al juez “…que adopte algún temperamento respecto de aquéllos, sea elevando sus actuaciones a juicio o desvinculándolos definitivamente del proceso, por cuanto resulta manifiestamente inconveniente dar inicio a debate alguno sin que tal extremo haya sido aclarado”, razón por la cual a la fecha aún no fueron juzgados dichos empresarios.