El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de Santa Fe condenó a 2 años de prisión de cumplimiento efectivo al empresario Juan Ignacio Suris y a penas de hasta 3 años a un comisario y un subcomisario de la Policía Federal, por haber pagado y recibido, respectivamente, coimas a cambio de los privilegios que el primero gozó mientras, entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, estuvo detenido en la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Santa Fe de la fuerza federal.

La sentencia —fechada el 25 de febrero de 2026 y firmada por el juez José María Escobar Cello— es el resultado de una investigación encabezada por el fiscal federal Walter Rodríguez, entonces titular de la Fiscalía Federal N°2 y actualmente a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe.

El fallo se dictó tras la homologación de un acuerdo de juicio abreviado formalizado el 11 de febrero, con la intervención del fiscal general Martín Suárez Faisal, quien arribó a un entendimiento con las defensas. El magistrado evaluó la razonabilidad del acuerdo, lo declaró admisible y dictó sentencia.

La sentencia del tribunal —fechada el 25 de febrero último 2026 y firmada por el juez José María Escobar Cello—, es el resultado de una investigación que encabezó el fiscal federal Walter Rodríguez, en ese momento titular de la Fiscalía Federal N°2 y ahora a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe.

Al fallo se arribó tras un trámite de juicio abreviado formalizado el 11 de febrero, con la intervención del fiscal general Martín Suárez Faisal quien llegó a un acuerdo con las defensas: los abogados particulares Leandro Amuy, por el subcomisario Rafael Benítez; Carlos Broitman y Carlos Beldi por Suris, y el defensor público oficial Fernando Sánchez, por el subcomisario Guillermo Gabriel Gallo. El juez evaluó la razonabilidad del acuerdo, lo declaró admisible y dictó sentencia.

Las penas

Suris fue condenado a 2 años de prisión de cumplimiento efectivo, como autor del delito de cohecho activo. Sin embargo, como al momento de los hechos, el empresario se encontraba detenido a disposición del TOF de Bahía Blanca y cumpliendo una condena previa por tráfico de estupefacientes, en el acuerdo se dispuso que se le imponga una pena única de 9 años de prisión.

Por su parte, el subcomisario Leonardo Rafael Benítez —por entonces subjefe de la dependencia—recibió una pena 3 años y 2 meses de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta y perpetua, como autor de los delitos de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo.

Las pruebas confirmaron que el detenido introdujo en la dependencia elementos de confort que incluían un frigobar, aire acondicionado, televisores, equipo de música, un dispenser de agua y barras con pesas para montar su propio gimnasio.

Por su parte, el extitular de la delegación, el comisario Gallo, fue condenado a la pena de 2 años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta y perpetua, como autor de los delitos de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal.

Una cuarta imputada, M.M., quien está acusada de cohecho activo por presuntas entregas de dinero al personal policial por pedido de Suris, solicitó a través de su abogado particular la suspensión del juicio a prueba. El tribunal resolvió su apartamiento de la causa principal y la formación del respectivo incidente.

En el marco de su tramitación, el día 11 de febrero pasado se celebró la audiencia donde la fiscalía prestó su consentimiento para la concesión de ese instituto. Según el acuerdo, durante un año, la mujer deberá donar 100 litros mensuales de leche a la Municipalidad de la ciudad de Victoria (Entre Ríos), y realizar tareas comunitarias en comedores públicos de ese municipio, ocho horas por mes.

Un régimen privilegiado

El juez Escobar Cello dio por acreditado que Suris gozó de un régimen de detención privilegiado que incluía la tenencia y uso discrecional de dispositivos electrónicos y electrodomésticos; libre utilización de las dependencias de la DUOF Santa Fe.

Además, utilizaba a los agentes de la institución para que realizaran mandados y gestiones particulares por orden directa de la superioridad, tenía uso irrestricto de telefonía móvil, un régimen de visitas ajeno a todo control de horarios y registros oficiales, permanencia diaria en el sector denominado “casino de oficiales”, situación que denotaba una comodidad y trato preferencial que distaba ostensiblemente del resto de la población allí alojada.

Sobre el rol de los jefes policiales, el fallo remarca que “omitieron deliberadamente su deber de custodia de una persona de alta peligrosidad procesal, poniendo en riesgo la seguridad pública a cambio de lucro personal”. Para el juez, quedó “plenamente demostrado que no solo se quebrantó el principio de igualdad ante la ley”, sino que se “desnaturalizó la función de custodia delegada en la fuerza de seguridad”, lo cual configuró “un cuadro de corrupción institucional”.

El juez dio por probado los privilegios a los que accedió Suris, que no pasaba sus días en un calabozo común, sino que habitaba gran parte del tiempo en el casino de oficiales, donde recibía visitas a cualquier hora —incluso de madrugada—, accedía al uso irrestricto de telefonía móvil, compartía asados, picadas y pedidos de comida rápida con el jefe policial Benítez, situación que se dio mientras Gallo estaba de licencia, pero que igualmente no revirtió cuando se reintegró a sus funciones.

Las pruebas confirmaron que el detenido introdujo en la dependencia elementos de confort que incluían un frigobar, aire acondicionado, televisores, equipo de música, un dispenser de agua y barras con pesas para montar su propio gimnasio. “No se quería sentir un preso porque no es un preso”, describió un testigo en el expediente, al recordar cómo Suris paseaba por las oficinas mientras tomaba mate con el subcomisario Benítez.

Sobre el rol de los jefes policiales, el fallo remarca que “omitieron deliberadamente su deber de custodia de una persona de alta peligrosidad procesal, poniendo en riesgo la seguridad pública a cambio de lucro personal”.

La sentencia señaló que “ha quedado acreditado con la certeza necesaria que Benítez y Gallo —en sus calidades de Subcomisario y Comisario de la DUOF Santa Fe de la PFA, respectivamente— percibieron, de manera sistemática y en reiteradas oportunidades, sumas de dinero de parte de Suris”.

El fallo explicó que esas erogaciones tuvieron como contraprestación “una serie de prerrogativas” indebidas en favor del detenido, quien permanecía alojado en la dependencia a disposición del Tribunal Oral Federal (TOF) de Bahía Blanca desde el 23 de noviembre de 2023, “en una clara vulneración de los reglamentos carcelarios y de los deberes de probidad que el cargo de los funcionarios implicados exigía”.

Asimismo, el tribunal sostuvo que “en el marco del favorecimiento de las condiciones de detención, quedó fehacientemente probado que Benítez y Gallo impartieron a sus subalternos directivas palmariamente contrarias a los reglamentos internos que rigen la fuerza. Y, en ejercicio de sus funciones, omitieron deliberadamente el cumplimiento de las obligaciones legales inherentes al resguardo y custodia de personas privadas de libertad, desnaturalizando la jerarquía y los fines de la institución policial”.

El juez también recordó que Suris se encontraba en Santa Fe cumpliendo una condena por tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercialización dictada por el TOF de Bahía Blanca. Esa condición de reincidente y su vinculación con otras causas por lavado de activos y facturas apócrifas, señalaron, incrementaron la gravedad institucional de los hechos.

El inició de la investigación

La investigación se inició el 22 de enero de 2024 con un llamado anónimo efectuado a la Fiscalía Federal Nº2 de Santa Fe, en el que se advirtió que Suris estaba detenido desde el 27 de noviembre de 2023 en la delegación de la PFA de la ciudad de Santa Fe y que pagaba grandes cantidades de dinero al comisario Gallo y al subcomisario Benítez para obtener beneficios.

Entre esos privilegios, el denunciante mencionó que el empresario transitaba libremente por la dependencia, que tenía visitas de conocidos en diferentes momentos —entre ellas las denominadas higiénicas—, que usaba teléfonos celulares y que estaba durante el día en el sector denominado “casino de oficiales”.

También señaló que, como parte de ese esquema, se proyectaba la construcción de una celda exclusiva para Suris dentro de la dependencia policial. Con relación a los pagos, indicó que los recibía directamente el subcomisario Benítez, siendo en pesos y otras veces en dólares.