En una presentación conjunta, los titulares de la Fiscalía Federal de Campana y la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), Sebastián Bringas y Santiago Marquevich, solicitaron la elevación a juicio de la investigación seguida contra 9 hombres –uno de ellos oficial de la Policía de la Ciudad– y 2 mujeres, acusados de liderar e integrar una asociación ilícita dedicada a adquirir, registrar y poner en circulación, de forma irregular, diversas armas de fuego.

De acuerdo al requerimiento de los representantes del Ministerio Público Fiscal, la organización habría operado por lo menos desde el 22 de enero de 2022 y con el objetivo de “adquirir, transferir, entregar y tener en su poder armas de fuego sin la debida autorización legal, utilizando para ello usuarios interpuestos o titulares registrales aparentes, a cuyo nombre se registraba armamento que luego no permanecía bajo su control efectivo ni fue hallado en los domicilios declarados como lugar de guarda”.

Además, en el marco de la investigación “se logró́ verificar que, al menos, 742 armas de fuego estaban registradas a nombre de los integrantes de la organización investigada y no fueron habidas en su poder ni en sus domicilios”.

El caso

La pesquisa comenzó en septiembre de 2024, a raíz de la denuncia formulada por la UFECO ante la Fiscalía Federal de Campana, tras una investigación preliminar de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). Allí se hacía foco en la posible existencia de “una organización dedicada a adquirir armas de fuego en forma presuntamente lícita, en el mercado legal, para luego comercializarlas en el mercado negro”. Además, se habrían detectado maniobras irregulares en la adquisición y registración de armamento.

En ese marco, los representantes del Ministerio Público Fiscal impulsaron medidas para “determinar si las personas que como nuevos legítimos usuarios de armas de fuego (registradas a partir del 2 de enero de 2022), mandatarios y gestores, y usuarios comerciales (UCOM) -que fueron identificadas por ANMAC en la denuncia que dio origen a la investigación preliminar ante UFECO-, actúan o actuaron de manera coordinada para adquirir armas de fuego en el marco legal -con fondos que hasta el momento se desconoce su procedencia- y luego desviarlas al mercado ilegal para facilitar la comisión de otros delitos; como así también si aquellas personas identificadas como nuevos legítimos usuarios tienen o tuvieron en su poder armas de fuego sin la debida autorización legal”.

Una pistola Bersa calibre 9 milímetros en su estuche, entre las armas incautadas a la organización. Foto: Policía Federal

El 22 de abril de 2026, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó la realización de 140 allanamientos en distintos domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Luis, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán, que tuvieron lugar el 27 de abril pasado y en los que se detuvo a parte de las personas involucradas, mientras que una de ellas se presentó espontáneamente ante las autoridades.

Luego de recibir la declaración indagatoria de las personas imputadas, el 15 de mayo pasado, el juez federal dispuso el procesamiento con prisión preventiva de R.J.M. como presunto jefe de la asociación ilícita y de M.J.N., M.H.D.G.V., F.H.R., R.D.R., D.N.I., D.A.R., Y.M.R., P.A.I., M.V.L., J.J. F. y W.C.N.M. como miembros, al tiempo que también los consideró coautores del delito de provisión y circulación ilegal de armas de fuego, previsto en el artículo 189 bis, inciso 4 del Código Penal.

Por su parte, al oficial de la Policía de la Ciudad, W.C.N.M. también lo procesó por incumplimiento de los deberes de funcionario público. En esa oportunidad, el magistrado trabó embargo sobre sus bienes para todos los involucrados por sumas de entre 100 y 150 millones de pesos, de acuerdo al grado de intervención y los delitos atribuidos a cada uno.

Por otra parte, el 4 de junio el Juzgado Federal de Campana declinó competencia en favor del Juzgado Federal N°1 de Mendoza, para que intervenga en los hechos vinculados a la actividad de una de las armerías que funcionaba en dicha provincia.

La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó, el 11 de agosto pasado, los procesamientos dispuestos, aunque revocó el de P.A.I. y decretó su falta de mérito para procesarlo o sobreseerlo.

“Mancomunidad de voluntades orientadas a la comisión de diversos delitos”

En base a las pruebas recabadas durante la investigación, los fiscales Bringas y Marquevich requirieron la elevación a juicio del caso, por considerar que los nueve hombres y las dos mujeres “integraron una asociación delictiva destinada a desarrollar maniobras dirigidas al desvío de armas de fuego del circuito legal, mediante una operatoria en la que confluyeron la captación y utilización de usuarios, la adquisición y transferencia de armamento, la gestión y certificación de documentación registral y su posterior circulación fuera de la esfera de custodia de quienes aparecían formalmente como sus titulares”.

En los operativos se secuestraron unas 120 armas de fuego. Foto: Policía Federal

Destacaron que R.J.M. “habría desempeñado el rol de organizador, coordinando la operatoria e impartiendo directivas para su ejecución, mientras que los restantes encausados habrían intervenido como miembros, realizando, desde sus respectivos ámbitos de actuación, distintos aportes funcionales para su desarrollo”.

“La diferente intervención que correspondió a cada uno de los imputados no desvirtúa la existencia de una actuación conjunta. Por el contrario, las distintas funciones individualizadas a lo largo del presente dictamen -y la reiterada vinculación entre quienes las desempeñaban- permiten advertir una distribución de tareas funcional al desarrollo de la operatoria, en la que los aportes efectuados desde distintos ámbitos se complementaban entre sí y posibilitaban la consecución de los fines perseguidos por la organización”, señalaron los fiscales en su requerimiento.

En ese sentido solicitaron que R.J.M., en su calidad de organizador, y los restantes como miembros, vayan a juicio como coautores de los delitos de asociación ilícita y provisión de armas de fuego, mientras que el oficial W.C.N.M. también deberá responder como autor del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, dada su intervención “en numerosas certificaciones ante la ANMAC vinculadas a usuarios irregulares”, al no haber verificado “personalmente la identidad de los usuarios y constatar que las firmas insertas en la documentación hubieran sido efectivamente suscriptas por ellos, pese a encontrarse funcionalmente obligado a efectuar tales comprobaciones”.

Los fiscales consideraron probada “una mancomunidad de voluntades orientadas a la comisión de diversos delitos, sustentado principalmente en la adquisición aparentemente lícita de armas de fuego para su posterior desvío hacia el mercado informal”.

Agregaron que las pruebas recolectadas permiten acreditar “que los integrantes de la organización criminal implementaron un circuito para realizar operaciones de adquisición y transferencias de armas a nombre propio o mediante personas interpuestas” y que “una vez concretadas tales operaciones, el destino de las armas se tornaba incierto, toda vez que, en la casi totalidad de los casos investigados, no pudieron ser habidas”.