“Argentina ha avanzado lo suficiente en la aplicación de los requisitos técnicos de la Core (las principales recomendaciones) y se ha eliminado del proceso de seguimiento”. La frase corresponde al 11° Reporte de Seguimiento de Evaluación Mutua de la Argentina, publicado en el sitio web del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), difundido luego del último plenario del organismo realizado entre el 25 y el 27 de junio en París. Además, en los próximos meses un Grupo de Trabajo del GAFI (el ICRG) realizará una visita “in situ” para corroborar los avances documentados en el proceso de cumplimiento del plan de acción”, algo que había sido solicitado por la Argentina en la reunión de octubre de 2013. El ICRG no suele aprobar este tipo de procedimientos si no existe cierta seguridad sobre el éxito.

“En el contexto de la avanzada de los fondos buitre contra nuestro país, esta decisión suma confianza en los ámbitos donde se discuten las finanzas globales”, declaró el fiscal General y titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Carlos Gonella fue invitado por José Sbatella de la Unidad de Información Financiera (UIF) a participar del último encuentro del GAFI.

En 2011, la Argentina había consensuado un plan de acción que preveía reformas en materia legislativas y la adecuación del sistema administrativo. En ese sentido, se reformó el tipo penal de lavado de activos incluyendo la figura del “autolavado” –antes impune- y se consagró la responsabilidad de la persona jurídica para ese delito. Además, se legislaron penas para la financiación de terrorismo y se reguló la figura del decomiso anticipado.

En junio de 2011, el Congreso de la Nación aprobó la incorporación de la figura de lavado al Código Penal. El artículo 303 prevé penas de hasta diez años para quien reciba “bienes provenientes de un ilícito penal” para ingresarlos al circuito legal. Además, se establecieron penas para quienes financien actividades terroristas.

La procuradora General de la Nación creó la Procelac a través de la resolución 914/12 con el objetivo de honrar los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en la lucha contra la criminalidad económica organizada. Durante 2013, el organismo encabezado por el fiscal General Carlos Gonella colaboró con fiscalías de todo el país en 161 casos, presentó 95 denuncias por delitos económicos, 47 de las cuales son por el delito de lavado de activos y solicitó embargos por cifras superiores a los 500 millones de pesos.