09 de diciembre de 2022
09 de diciembre de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Requerimiento del fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez
Bahía Blanca: pidieron que vayan a juicio siete personas acusadas de integrar una asociación ilícita fiscal
De acuerdo a la acusación, los imputados eran miembros de una organización que emitía facturas por servicios no prestados o con precios superiores a los abonados. De este modo, los adquirentes de la documentación, entre los que se encuentra Austral Construcciones, disminuían fraudulentamente la carga tributaria que debían ingresar al fisco. Se estima que el perjuicio patrimonial causado ascendería a más de 673 millones de pesos.

El responsable de la Fiscalía Federal N°1 de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, le solicitó al juez Walter López Da Silva, a cargo del Juzgado Federal N°1 de esa jurisdicción, la elevación a juicio de la investigación seguida contra siete hombres acusados de integrar una asociación ilícita fiscal, que funcionaba como una usina de facturas apócrifas que eran vendidas a distintos contribuyentes -quienes con ellas lograban la disminución de la carga tributaria-, entre cuyos principales beneficiarios se encontraba la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez. El perjuicio patrimonial causado ascendería a casi 700 millones de pesos (en rigor, $673.076.014,27).

La solicitud alcanza a Silvio Luis, Franco y Enzo Ficcadenti -quienes controlaban las sociedades Calvento, Penta y Cía. y Terrafari-; José Antonio, Denis Ariel y Franco Nicolás Ferreyra -responsables de las firmas Constructora Patagónica Argentina, Vialinert y Ferreyra Constructora Vial- y el contador Rogelio Alberto Chanquía.

Las maniobras

En su requerimiento, el representante del Ministerio Público Fiscal les imputó haber sido miembros de una organización destinada a cometer con habitualidad delitos tributarios tipificados en la Ley 24.769, a través de personas de existencia ideal. Según la acusación, los imputados se valieron, al menos desde 2007, de distintas empresas que, si bien estaban inscriptas en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), “no mostraban actividad económica real como para facturar la magnitud y diversidad de servicios supuestamente brindados”.

En la investigación se determinó que las empresas sospechadas falsificaban facturas en las que hacían constar la prestación de servicios que no se brindaban, y precios que eran superiores a los efectivamente abonados. De este modo, a cambio de distintas sumas de dinero, proveían de crédito fiscal apócrifo a diferentes contribuyentes, quienes disminuían, de modo fraudulento, la carga tributaria que debían ingresar al fisco.

La fiscalía también señaló que la organización recurrió al descuento, en una financiera, “de cheques de pago diferido que serían entregados para simular el pago de la facturación apócrifa, los cuales al ser cambiados por dinero en efectivo, tornaba más difícil la trazabilidad real del dinero”.

El fiscal indicó que los imputados contribuyeron “a la constitución de sociedades, impresión de comprobantes, punto de contacto externo, la comercialización de facturas, los trámites de ida y vuelta de cheques, cobros, etc., más allá del lucro efectivo que les retornaba a cada uno, participando así de la evasión fiscal agravada de los usuarios de dichos soportes apócrifos”.

De acuerdo a la acusación de la fiscalía, “la operatoria habría consistido en que Constructora Patagónica Argentina S.A. y la sociedad de turno del ‘Grupo Ficcadenti’ -primero Calvento S.A., luego Grupo Penta y Cía S.A. y finalmente Terrafari S.A.- facturaron en forma fraudulenta pretendidos servicios por importes millonarios a los usuarios de estas usinas”. Agregó que “luego, el ‘Grupo Ferreyra’ habría utilizado directamente las facturas apócrifas de otras sociedades del propio grupo, para lo cual conformó las usinas Vialinvert S.A. y Ferreyra Constructora Vial S.A.”.

Finalmente, el contador Chanquía, en su carácter de auditor de Penta y Terrafari “habría realizado su aporte al plan criminal, brindando su conocimiento técnico para llevar a cabo las maniobras adulterinas de tales empresas”, consideró el fiscal.

La relación con Austral Construcciones

En su requerimiento, la fiscalía destacó que la empresa de Lázaro y Martín Báez surgía en la investigación como “usuaria de las facturas emitidas por cuatro de las empresas involucradas y denominadas ‘sin capacidad económica’, a saber: Constructora Patagónica Argentina S.A., Calvento S.A., Grupo Penta & Cia. S.A. y Terrafari S.A.”.

La firma Calvento estaba registrada como un comercio dedicado a la distribución de armas, cuchillería, artículos de caza y pesca, pero luego cambió su actividad como “alquiler de maquinaria y equipos de construcción”, pese a no tener infraestructura ni capacidad para realizar obras o prestar servicios en ese rubro. La empresa habría recibido pagos de Austral Construcciones, entre febrero y agosto de 2011.

Se detectó también que la empresa Grupo Penta y Cía S.A. le facturó una suma muy baja a la firma Constructora Patagónica Argentina S.A., quien percibió un monto mucho mayor en concepto de “dirección técnica de obras” para el Grupo Báez. “De esta manera, Constructora Patagónica Argentina habría servido para aumentar artificialmente el costo de Austral Construcciones S.A.”, señaló la fiscalía.

Por otro lado, se estableció que, entre agosto de 2009 y enero de 2011, el Grupo Ferreyra tuvo como principal cliente a la empresa constructora de Báez. Asimismo, entre julio de 2011 y marzo de 2014 la firma Terrafari S.A. “facturó aproximadamente el 95% de sus ingresos a Austral Construcciones S.A.”.

En base a las pruebas recolectadas durante la investigación, el fiscal Martínez consideró que los siete imputados debían ir a juicio como autores del delito de asociación ilícita fiscal, en virtud de que “cada uno ha tomado parte activa en beneficio de la asociación”.

Según el representante del MPFN, los imputados contribuyeron “a la constitución de sociedades, impresión de comprobantes, punto de contacto externo, la comercialización de facturas, los trámites de ida y vuelta de cheques, cobros, etc., más allá del lucro efectivo que les retornaba a cada uno, participando así de la evasión fiscal agravada de los usuarios de dichos soportes apócrifos”.