El fiscal Sergio Mola, subrogante de la Fiscalía Federal nº1 de Lomas de Zamora, investiga a ex funcionarios de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) por irregularidades detectadas en un proceso de contratación de servicios que fue efectuado por esa fuerza.

Todos los años la Policía de Seguridad Aeroportuaria brinda un curso de aspirantes a oficiales. En 2012 la PSA alquiló un predio y la contratación de servicios de alojamiento y racionamiento durante tres meses y abonó por 80 aspirantes cuando en realidad fueron 66. El perjuicio al Estado sería, en principio, de 265 mil pesos aproximadamente.

Mola solicitó la colaboración del área de Delitos contra la Administración Pública de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Milton Khaski, para que sugiera líneas de investigación y medidas probatorias que permitan el avance de la causa. En ese sentido, en octubre pasado, Procelac propuso una multiplicidad de medidas que luego fueron ordenadas en la causa por el fiscal interviniente.

Una de las medidas fue un pedido de informes dirigido a la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo con el cual la Procelac cuenta con un convenio para el intercambio recíproco de información. También sugirió un requerimiento dirigido a la Oficina Nacional de Contrataciones (y sus pares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires) para que informen si la sociedad vinculada a la maniobra ha sido en el pasado contratista del Estado y aporten su historial como tal.

El fiscal requirió también otras diligencias a diversos entes públicos y privados que podrían aportar información de interés para el esclarecimiento del hecho, como por ejemplo la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad del Automotor; el Registro de Propiedad Inmueble de la Capital Federal y de la Provincia de Buenos Aires; la Inspección General de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y la Coordinación de Actuaciones Penales de la ANSES.

El Área de Delitos contra la Administración Pública de la Procelac quedó a disposición de la fiscalía para la sistematización y análisis de los resultados de las medidas ordenadas.