21 de septiembre de 2020
21 de septiembre de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Interviene la Fiscalía Federal Nº2 de la ciudad
Córdoba: amplían la investigación sobre una organización acusada de intermediación financiera no autorizada
La pesquisa incluyó a otros dos imputados y ya suman nueve los presuntos integrantes de una asociación ilícita. La financiera operaba sin autorización del Banco Central.

A principios de este año, la Fiscalía Federal N°2 de Córdoba pudo determinar la existencia en esa ciudad de una financiera que funcionaba sin la correspondiente autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA), cuyos titulares serían Martin Azar y Diego Sebastian Sánchez. De acuerdo a la investigación, funcionaba en el edificio “Vistalba Mall”, en B° Villa Belgrano, Córdoba. El Ministerio Público Fiscal sostuvo entonces que los hombres, junto con María del Milagro Martínez, Melina Marisa Manelli, Miguel Ángel Azar, María Isabel Valoni y Jorge Mario Novaro, integraban una asociación ilícita cumpliendo cada uno un rol determinado. 

Ahora, con la pesquisa en cabeza de Carlos María Casas Nóblega, interinamente a cargo de la Fiscalía Federal N° 2, y en base a los nuevos elementos de prueba obtenidos del proceso de desintervención del material secuestrado en el marco de los allanamientos en la causa, se incluyó como integrantes de la asociación descripta a Nicolás Ferrer Juárez y Agustina Cherro de Miguel, pareja de Azar.

Intermediación financiera no autorizada

Las actividades que habrían desarrollado los miembros de la asociación están relacionadas con la intermediación financiera no autorizada, mediante la captación de dinero en efectivo -tanto moneda nacional como extranjera (dólares)-; préstamos onerosos a terceros con ese dinero; descuentos de cheques;  la  compraventa de moneda extranjera -dólares estadounidenses, euros y reales, entre otras- y  transferencias de dinero presumiblemente ilegal hacia y desde el extranjero, utilizando para ello una maniobra de compensación o conciliación de cuentas propias o de terceros, vulgarmente conocidas como “cable”, permitiendo con esta operatoria el movimiento de fondos presumiblemente de origen ilícito o al menos sin justificar ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de terceras personas, facilitando la concreción de operaciones aduaneras y tributarias, dándole apariencia de legalidad.

Para realizar algunas de estas maniobras, los imputados se habrían valido de diversas cuentas bancarias extranjeras abiertas a nombre de empresas, de cuentas personales y de sociedades comerciales creadas en el extranjero por algunos de los miembros de la asociación. Según la fiscalía, Martín Azar y Diego Sebastián Sánchez, en calidad de jefes de la asociación ilícita, habrían fijado la modalidad de las maniobras, los costos de las operaciones e impartirían órdenes al resto de los integrantes.

Así, se habrían distribuido sus roles a los fines de lograr mayor éxito en el resultado de las tareas. Martín Azar se encargaría de las operaciones en moneda extranjera –operaciones de cable y cambio de divisas-, siendo secundado por Agustina Cherro de Miguel y María del Milagro Martínez; mientras que Diego Sebastián Sánchez sería el encargado de las operaciones de préstamos de dinero a terceros y descuentos de cheques, siendo asistido por Melina Marisa Manelli, María del Milagros Martínez y Jorge Mario Novaro.   

Los imputados en relación a la maniobra de descuento de cheques con fondos de terceros se proveían de dos fuentes distintas: 1) con diversos “operadores” como ser: a- Nicolás “Chino” FERRER JUÁREZ; b- “Tucu”; c- “Mili”; d- “Santi Meglioli”; e- “Ale Simes”; f- “Mario Sánchez”; g- “Julio Páez”, quienes se dirigían a la financiera periódicamente a descontar cheques de terceros; o 2) con clientes particulares que colocaban cheques en la financiera, siendo estos personas físicas como así también representantes de firmas comerciales como “Club BB”, “Lekons”, “La Angelina”; “Pro Mallas”, entre otras. Finalmente, quienes proveían los cheques podían optar entre retirar el monto total o parcial de los cheques descontados en efectivo o podían colocar dichos fondos sin hacer retiros al momento en la financiera, lo cual generaba el pago de un interés, lo que permitía a la asociación aprovisionarse de fondos en efectivo a futuro para continuar con su operatoria diaria.

Asimismo, se habría podido determinar que en la financiera se han llevado a cabo de manera periódica las siguientes operaciones de intermediación financiera: a) captación de fondos en moneda extranjera y nacional en efectivo o en cheques por parte de terceros; b) otorgamiento de préstamos personales con su correspondiente financiación; c) operación de descuento de cheques y d) operaciones de caución de cheques y otros instrumentos en garantía de operaciones financieras. 

La fiscalía interviniente informó que la financiera habría sido constituida y operaría sin autorización alguna del BCRA, entidad legalmente autorizada para permitir y controlar el funcionamiento.

Nueva imputación

Casas Nóblega, interinamente a cargo de la Fiscalía Federal N° 2, imputó a Martín Azar y Diego Sebastián Sánchez como coautores del delito de “asociación Ilícita en carácter de jefes y organizadores”, y a los restantes imputados por el delito de asociación ilícita, previsto y reprimido en el art. 210 del Código Penal, en calidad de coautores; como así también entendió que la totalidad de los partícipes deben responder por el delito de “intermediación financiera no autorizada”, previsto y reprimido en el art. 310 primer párrafo del Código Penal de la Nación, en calidad de coautores (art. 45 C.P).

Por último, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó al juez  federal que ponga en conocimiento a las autoridades del BCRA, a los fines que corresponda, sobre las maniobras ilícitas que podrían encuadrar en infracciones a la ley penal cambiaria descriptas, y reiteró la solicitud de la medida cautelar consistente en la inhibición general de bienes y bloqueo de cuentas de todos los imputados.