El Área de Delitos contra la Administración Pública de la Procelac, a cargo Milton Khaski, denunció a médicos auditores y a las autoridades máximas del Centro de Auditoría Regional Buenos Aires (CAR Bs. As.) del Instituto Obra Social del Ejército (IOSE) por "defraudación en perjuicio de la administración pública", que prevé una pena de hasta seis años de prisión. La investigación recayó en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°3, a cargo de Daniel Rafecas e interviene el fiscal Patricio Evers.

La denuncia se basa en una investigación de la División Sumarios del IOSE, donde se detectaron irregularidades vinculadas con prestaciones brindadas entre agosto de 2007 y marzo de 2008, entre las cuales se destacan casos de sobrefacturación, subprestación de módulos acordados, internación de pacientes sin motivo aparente y falta de documentación esencial para acreditar prestaciones médicas, traslados, provisión de medicamentos y/o implantaciones de insumos. Esto habría generado un perjuicio al Estado de por lo menos 1.179.565,47 de pesos.

Según denunció la Procelac, los funcionarios involucrados en el hecho, en principio, serían Alberto Federico Torres (coronel retirado y jefe del CAR Bs. As.), Horacio Juan Minig (jefe de la División Principal Auditoría Médica, Odontológica, Bioquímica y Recetas), José Alberto Lacanna y Gabriela Alejandra Nogueira (auditores supervisores); María Teresa Méndez (médica auditora de terreno regional); Graciela María Brana, María Cecilia Vigo, Carlos Debandi y Laura Fernanda Rocha (médicos auditores de terreno); Verónica María Lemme, José A. Manoli y Hortensia Bustos (médicos auditores).

Por su parte, dentro de los prestadores en cuestión se encontrarían Cardiología Global S.A., Fundación Sanidad Ejército Argentino (FUSEA), Clínica San Jorge, Centro de Mezclas Intravenosas (CMI), Frenesius Medical Care, Eurosistemas, Socorro Médico Privado (Vital), Sanatorio Sarmiento Clínica Privada S.R.L. e Instituto Sacre Coeur S.A.

En la presentación la Procelac sugirió varias medidas de prueba, solicitó la declaración indagatoria de los imputados y recalcó que los hechos no se encuentran prescriptos porque la mayoría de los involucrados continúan en funciones públicas.

Además, por las características del caso, la prueba recolectada y el perjuicio estimado, se requirió que, desde el inicio de las actuaciones, se evalúe la adopción de la inhibición general de bienes de la totalidad de los imputados y la elaboración paralela de una investigación patrimonial de cada uno de ellos, a fin de dictar futuros embargos.

Finalmente, el Área de Delitos contra la Administración Pública se puso a disposición de la fiscalía interviniente.