El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, y la titular del Programa de Políticas de Género, Romina Pzellinsky, denunciaron penalmente a un hombre por la realización de una serie maniobras fraudulentas, junto a un conjunto de cómplices, entre ellos un escribano y seis abogados, que le permitieron sortear en el marco de un concurso preventivo el cumplimiento de las obligaciones alimentarias respecto de su hija y el convenio de la disolución del matrimonio con su ex esposa por una suma superior a los 2,7 millones de pesos más los intereses y las costas del proceso. El accionar delictivo le permitió pagar menos de un cuarto de la deuda real.

El escrito, presentado este lunes en el fuero criminal de la Capital Federal, tiene un enfoque particular sobre violencia y discriminación contra la mujer y violación de los derechos de niños y niñas. "Las mujeres resultan por lo general, y no azarosamente, perjudicadas en términos económicos por los efectos patrimoniales del divorcio y el cuidado de los hijos e hijas. Cuando a ello se le agregan maniobras dolosas tendientes a evitar la liquidación de los bienes que integraron la sociedad conyugal y el pago de la cuota alimentaria de la hija, el accionar no puede entenderse sino como un acto de discriminación contra la mujer", señalaron Gonella y Pzellinsky.

En efecto, sostuvieron que "las maniobras dilatorias emprendidas por el imputado a fin de evitar el pago de lo debido en función de la división de la sociedad conyugal y las cuotas alimentarias no sólo constituyen actos de discriminación que tienen por fin menoscabar el ejercicio de derechos económicos de las víctimas, sino que además constituyen hechos de cabal violencia psicológica y económica".

En ese sentido, Gonella y Pzellinzky advirtieron que la duración del proceso judicial en trámite ante el fuero comercial en que se dirime el concurso preventivo "resulta alarmante", pues lleva más de diez años, y remarcaron que "el interés primordial de la niña debió haber orientado y condicionado toda decisión de los tribunales de todas las instancias y fueros intervinientes en el caso".

El principal acusado, M.V. -su nombre se obvia pues al tratarse en parte de asuntos de familia es imperioso resguardar la intimidad de las partes-, quien, según la denuncia, "ha ocultado activos consistentes en fondos obtenidos en virtud de la enajenación de tenencias accionarias de las sociedades Maliva S.A., AMSA S.A., DIACOM S.A., SIVISAR S.A. y Policrínica Privada de Medicina S.A." de, cuanto menos, más de 4 millones de pesos, y "ha ocultado sumas de dinero en efectivo por, al menos, un total de $20.829.623" en el marco de un concurso preventivo iniciado en 2004, es decir, una instancia requerida por él mismo a la justicia comercial para declararse insolvente y pagar sus deudas con importantes quitas.

Gonella y Pzellinsky describieron que, para llegar a esa situación, el imputado celebró un falso contrato con la sociedad uruguaya Fimelux por el cual justificó una deuda de más de dos millones de pesos. "El acreedor ficticio Fimelux conformó con su voto la mayoría exigida por la ley 24.522 [de concursos y quiebras]", señalaron los denunciantes. De esa forma, la empresa uruguaya dio "la conformidad necesaria para la aprobación de un acuerdo preventivo" que consistió en el pago de todos los créditos quirografarios [es decir, sin garantías] verificados o declarados admisibles con una quita del 22% de los importes" en dos cuotas, una a noventa días de quedar firme el acuerdo y otra a trescientos sesenta días, sin intereses.

Esa propuesta de acuerdo fue homologada por la justicia en lo Comercial y es la que actualmente rige el pago a los acreedores, denunciaron Pzellinsky y Gonella, y remarcaron que "al mismo tiempo, en virtud de esta propuesta el propio Fimelux va a percibir ilegítimamente fondos de la masa concursal".

Para llevar adelante esas maniobras, M.V. se valió de diferentes cómplices, entre ellos un escribano, cuatro abogados patrocinantes, una persona que actuó como su apoderado, un empresario uruguayo y dos abogados que representaban a éste en el concurso preventivo. Las acciones ilícitas, acompañadas de documentación apócrifa, indujeron a error al juez comercial que intervino en el concurso, denunciaron Gonella y Pzellinsky.

Por eso la denuncia es por los delitos de insolvencia alimentaria fraudulenta, concurso civil fraudulento, estafa procesal y falsificación ideológica de documento público. Todas esas conductas fueron imputadas a MV, mientras que las últimas dos alcanzaron a los abogados, el escribano, el empresario uruguayo y el apoderado.

La denuncia enumera y describe distintas formas de ocultación de activos. Entre otras, señala que durante una inspección realizada en la casa del acusado en el Tortugas Country Club fueron hallados más de 1,8 millones de pesos no declarados. "Esa sola tenencia líquida que M.V. no denunció al momento de solicitar su concurso preventivo, representaba sumas suficientes para cubrir casi el 60 % (sesenta por ciento) del pasivo informado en aquella oportunidad procesal", precisaron Gonella y Pzellinsky.

Por otro lado, la inserción de Fimelux en el concurso preventivo se dio en el marco de un préstamo que se concretó cuatro meses antes de que el imputado se presentara a concurso preventivo, en junio de 2004, mediante la falsificación de un acta notarial fechada en Buenos Aires, que da cuenta de la presencia en la Capital Federal del titular de aquella empresa con domicilio en Uruguay para celebrar el contrato de mutuo. La Procelac pudo averiguar, a través de la Dirección Nacional de Migraciones, que el empresario uruguayo no estaba en Argentina para la fecha de la firma.

Investigación por lavado

La denuncia formulada el fiscal general y la titular del Programa de Políticas de Género es consecuencia de una presentación realizada ante la Procelac en noviembre pasado por la ex esposa de M.V., a partir de la cual se abrió una investigación preliminar.

En el marco de esa pesquisa, dirigida por Gonella a través del Área de Concursos y Quiebras de la Procelac, se agregaron constancias de la denuncia efectuada en el fuero federal de San Isidro por la misma Procuraduría el año pasado contra M.V. y otras personas por la realización de operaciones millonarias que no encuentran correlato en sus situaciones patrimoniales declaradas.

Aquella causa fue impulsada inicialmente por una presentación la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Gonella y Pzellinzky recordaron que entonces "llamó especialmente la atención de la AFIP la existencia de un mutuo [contrato]" mediante el cual el principal acusado habría otorgado el 12 de junio de 2009 a la empresa Hope Funds casi 17,5 millones de pesos, en efectivo y mediante un único pago, "pese a no contar -de acuerdo con sus declaraciones impositivas- con un perfil patrimonial suficiente para efectuarlo".

La agencia recaudadora también detectó que el principal imputado habría realizado en agosto de 2007 un préstamo de 1,5 millones de pesos al principal accionista de Hope Funds. "Es inexplicable cómo, a escasos años de haber solicitado acogerse a los institutos de la ley falencial [en 2004] y encontrándose aún en pleno proceso concursal -y sin haber satisfecho totalmente los créditos de sus acreedores-, aquél pudo haber realizado préstamos en efectivo seis veces superiores al pasivo oportunamente denunciado", destacaron el fiscal general y la titular del Programa de Políticas de Género.