19 de abril de 2024
19 de abril de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Las conclusiones de las jornadas sobre lucha contra el lavado celebradas en Colombia
Destacaron la necesidad de "atacar el aparato económico" de las organizaciones criminales
El fiscal Carlos Gonella integró el equipo de 44 expertos del continente que debatieron la semana pasada en Cartagena de Indias. Pusieron énfasis en el trabajo coordinado y el intercambio de información entre los estados y, entre otros aspectos, remarcaron la importancia de la investigación del entorno de los sospechosos.

"Atacar el aparato económico de la organización, limitar el aprovechamiento económico del delito, reparar el daño o restitución de la cosa, asegurar la responsabilidad derivada del delito, y muy importante, la reutilización de los activos incautados", se precisó en las conclusiones de la Conferencia "El intercambio de información en la lucha contra el lavado de activos: investigación patrimonial y oficinas de recuperación de activos", celebrada la semana pasada en Cartagena de Indias, Colombia, con la participación de 44 expertos del continente, entre ellos el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella.

En las conclusiones del encuentro realizado entre el 25 y el 29 de mayo, los participantes indicaron que la delincuencia organizada y "el lavado de activos en particular" constituyen "una amenaza integral, de naturaleza transfronteriza y expansiva" que amenaza las "estructuras económicas del Estado, transgrediendo y corrompiendo el orden socioeconómico mundial".

"El propósito de fondo, por tanto, sería privar a los grupos criminales organizados de aquello que motiva esencialmente su comportamiento delictivo, es decir, la consecución de un lucro", indicó el documento final del encuentro.

Durante las jornadas, participaron 44 expertos de unidades policiales contra el lavado de activos, fiscalías especializadas y unidades de inteligencia financiera de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, junto a representantes de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD - OEA) y de la Secretaría del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el Proyecto GAFILAT- UE.

Los puntos principales

En las conclusiones, se especificó que "las actuaciones dirigidas al lavado de activos constituyen la principal herramienta de lucha contra las organizaciones criminales, siendo estas acciones las que más les pueden perjudicar ya que cercenan directamente los beneficios económicos de las mismas, principal razón de su existencia".

También, se señaló que la "investigación de la vertiente económica del delito, debe extenderse a cualquier modalidad calificada como delito grave y a la delincuencia organizada". Al respecto, se concluyó que "la investigación patrimonial, tanto de la organización como de sus integrantes y terceros beneficiarios, debe enfocarse desde un punto de vista eminentemente práctico" independientemente del volumen o implicaciones de las cantidades de dinero generadas.

Además, indicaron que "las tipologías más frecuentemente utilizadas para el lavado de activos" son, entre otras, "los centros financieros offshore, el transporte transfronterizo de moneda, la utilización de compañías que brindan servicios de exportación de oro, minería ilegal y la utilización de moneda virtual".

Sobre las recursos necesarios para las pesquisas, los participantes consideraron "elemental la creación de determinadas bases de datos de carácter económico que centralicen la información necesaria para las investigaciones patrimoniales, con las debidas garantías de respeto al derecho, a la vida privada y al secreto o reserva". En ese sentido, señalaron la necesidad de que los investigadores y los miembros del Ministerio Público sean dotados de los necesarios equipos de apoyo técnico, como por ejemplo expertos economistas, analistas o auditores de cuentas.

En ese sentido, abogaron por "lograr esquemas nacionales en que las distintas instituciones implicadas tanto en la prevención como en la investigación del lavado de activos funcionen de manera coordinada, integrada e intercomunicada" y destacaron "como buena práctica" el Proyecto SIMBA (Sistema de Investigaciones de Transacciones Bancarias) implementado por la Procuraduría General de la República de Brasil, que consiste en "un conjunto de procedimientos y normas para el intercambio de información entre las instituciones financieras y los órganos del gobierno".

Además, señalaron la necesidad de que "los Estados puedan intercambiar rápidamente toda información conducente al seguimiento e incautación de los productos de actividades delictivas y de otros bienes pertenecientes a los delincuentes a fin de proceder a su enajenación y decomiso".

En tal sentido, subrayaron la importancia de los trabajos que vienen realizando las oficinas de recuperación de activos de los Estados miembro de la Unión Europea, que "facilitan el seguimiento y la identificación de los productos de actividades delictivas y otros bienes relacionados con el delito que puedan ser objeto de una orden de embargo preventivo, incautación o decomiso dictada por una autoridad judicial".

Al respecto, señalaron que la asistencia penal en materia internacional debe sustentarse en principios como el "reconocimiento mutuo de sentencias judiciales de decomiso, la habilitación de reglas de buenas prácticas entre operadores jurídicos y la coherencia terminólógica y de figuras jurídicas".

Pusieron de relieve también que en el ámbito de cooperación para el intercambio de información confidencial para mejorar los mecanismos de recuperación de activos fue valorada "muy positivamente" la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT (RRAG).

Además, se destacaron los trabajos que se vienen realizando en el marco del Proyecto BIDAL (Bienes Incautados y Decomisado en América Latina) de la CICAD-OEA, "el cual ofrece asistencia técnica a los Estados interesados en desarrollar y mejorar los sistemas de identificación, localización y administración de activos incautados y decomisados".

Los participantes resaltaron asimismo "la eficacia que aportan técnicas especiales de investigación como son la entrega controlada/vigilada, el empleo de agentes encubiertos o el establecimiento de equipos conjuntos de investigación" y llamaron a que "los cuerpos legislativos nacionales que aún no lo hayan hecho, contemplen soportes jurídicos y legales específicos para respaldar la utilización reglamentada de estas técnicas en sus respectivos países".