19 de abril de 2024
19 de abril de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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La implementación de políticas de transparencia para prevenir el lavado, la corrupción y la evasión
El MPF fue sede de la 5° Conferencia Internacional sobre Beneficiarios Finales
Durante las jornadas del miércoles y jueves, especialistas locales e internacionales, representantes de la sociedad civil, funcionarios de los organismos de control, fiscales y magistrados del Poder Judicial abordaron diversos aspectos vinculados a la transparencia financiera, el registro de beneficiarios finales de personas jurídicas y su relación con el lavado, la corrupción y la evasión fiscal.

Durante el miércoles y jueves se llevó adelante en la sede de la Procuración General de la Nación la "5ta Conferencia Internacional sobre Registro Público de Beneficiarios Finales", actividad organizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, conjuntamente con la Fundación SES y Tax Justice Network. El evento contó además con el apoyo de la embajada del Reino Unido, la Agencia de Cooperación de Noruega (Norad), la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), y la Coalición por la Transparencia Financiera (CTF).

Las jornadas tienen como objetivo destacar la relevancia de la identificación de los beneficiarios finales de personas o estructuras jurídicas como una herramienta central para enfrentar la evasión, la elusión fiscal, el lavado de activos y la corrupción. En tal sentido, el intercambio con especialistas internacionales permitió conocer el proceso de conformación de registros que actualmente funcionan en países como el Reino Unido, Brasil y Uruguay, así como diversos avances legislativos experimentados en algunas jurisdicciones de Estados Unidos y los territorios británicos de ultramar como las Islas Caimán o Islas Vírgenes Británicas.

La apertura de la Conferencia estuvo a cargo de la fiscal María Laura Roteta, co-titular de la Procelac, y Sargon Nissan, director de Financial Transparency Coalition (FTC).

“Qué estemos llevando adelante por quinto año consecutivo este evento y con este nivel de convocatoria habla de la relevancia y el interés que existe en la temática, que no es otra cosa que abordar quienes son los dueños detrás de las estructuras jurídicas, un tema que forma parte de la agenda política internacional”, señaló Roteta. En esa línea, evaluó que hablar de beneficiarios finales implica en muchos casos “llegar a los estamentos superiores de las organizaciones criminales”, frente a lo cual es necesario buscar distintas herramientas que permitan –de una manera eficaz- “generar incentivos negativos” para que este negocio ilícito sea cada vez más costoso para estructuras criminales que trabajan mancomunadamente.

Tras el acto de incio, la primera exposición correspondió a Margaret Hodge, parlamentaria británica (Partido Laborista) y, entre 2010 y 2015, a cargo del Committee of Publics Accounts –Comité de Cuentas Públicas- de la Cámara de los Comunes, espacio institucional desde donde puso en el centro de la agenda pública cuestiones vinculadas a la transparencia en el sistema financiero, la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, los paraísos fiscales y la evasión impositiva. En su vasta experiencia legislativa, fue además una importante impulsora de los registros públicos de beneficiarios finales en el Reino Unido.

"El combate de los flujos financieros ilícitos no sólo debe enfocarse en la corrupción, abordar las maniobras de evasión y elusión de las grandes empresas es muy importante para garantizar servicios públicos de calidad y mejorar la distribución del ingreso (...). Lo que necesitamos registrar es 'quien es dueño de qué y dónde', algo tan simple como eso", señaló.  En esa línea, agregó que la conformación de registros públicos de beneficiarios finales “no constituyen una agenda anti-negocios”, y que en Reino Unido fue posible alcanzar consensos legislativos con sectores conservadores y de izquierda. “Es una cuestión que forma parte de una agenda amplia, que le interesa a los sectores políticos que pretenden un estado pequeño y menores impuestos, pero también aquellos que pretenden incrementar el gasto social y buscan herramientas para que no haya evasión impositiva”, apuntó.

Luego, a través de una videoconferencia desde Washington, intervino Carolyn Maloney, miembro del Congreso de los Estados Unidos en representación del Estado de Nueva York. En su exposición precisó diversos aspectos de un proyecto que impulsa para conformar un registro federal de propietarios de empresas. “La legislación sobre registros públicos de beneficiarios finales avanza en Estados Unidos. La iniciativa que presentamos tiene el apoyo de ambos partidos y el respaldo del sector bancario”, indicó.

Como en anteriores ediciones, las actividades contaron con la participación de destacados especialistas del ámbito local e internacional, funcionarios de los organismos de control –AFIP, CNV, Banco Central, UIF-, fiscales y magistrados del Poder Judicial de la Nación. De este modo, a través de diferentes paneles, se analizaron e intercambiaron puntos de vista sobre distintos aspectos vinculados a la transparencia financiera, que incluyeron exposiciones sobre cuestiones normativas y regulatorias, los avances legislativos en la región y el resto del mundo, el uso de plataformas y tecnologías informáticas como herramientas para darle opacidad a las transacciones online, la atribución de responsabilidad penal a personas jurídicas, la imputación a los sujetos obligados, los obstáculos y las diferentes estrategias en las investigaciones penales, las fuentes de información y de prueba, entre otros temas.

Por su parte, el fiscal cotitular de la Procelac Mario Villar, al intervenir en el panel de cierre junto a Jimena de la Torre (AFIP) y Adrián Falco (Fundación SES), puso de relieve una serie de interrogantes en torno a qué tipo de sanción –administrativa, penal- es eficaz ante el incumplimiento por parte de un sujeto obligado, especialmente ante la falta de una ley general para las personas jurídicas de distintos ámbitos de actuación. “Se necesitan todavía pasos hacia delante para revisar cuál es el alcance verdadero de los beneficiarios finales más allá del primer paso que es conocer y establecer quien en definitiva es el que se beneficia con las operaciones que se realizan. En consecuencia, éstas jornadas siempre ayudan a pensar y ver puntos de vista tan diferentes como los que  puede haber entre representantes de la sociedad civil, funcionarios de otros poderes y el Ministerio Público, que es quien va a llevar adelante las investigaciones y va a impulsar la determinación de las responsabilidades definitivas. Por eso quiero agradecer el interés por estos temas y estas jornadas”, concluyó Villar.