El Ministerio Público Fiscal integró la delegación argentina que la semana pasada asistió a la segunda reunión plenaria anual del Grupo de Trabajo sobre Cohecho en las Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En la sede de ese organismo, en París, se discutieron dos informes sobre la implementación en el país de la “Convención contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales” (Ley 25.319).

Por el MPF participaron el titular de la Secretaría de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel, y la cotitular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), María Laura Roteta. La delegación nacional fue encabezada por la titular de la Oficina Anticorrupción (OA) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Laura Alonso, e integrada además por otros funcionarios de ese organismo, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y de la Unidad de Información Financiera (UIF).

En lo que resultó un reconocimiento al trabajo realizado en los últimos dos años, el grupo de trabajo de la OCDE valoró los avances realizados por el país y dio por cumplidas, de manera total o parcial, 38 de las 45 recomendaciones que habían sido formuladas en anteriores etapas de evaluación. Este logro fue un paso importante para la meta del país de poder acceder como miembro pleno a la OCDE.

El trabajo realizado

El resultado favorable fue alcanzado gracias al trabajo interinstitucional coordinado y liderado por la OA y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. En esa línea, y dada la importancia que presenta el cumplimiento de los estándares derivados de la Convención de la OCDE sobre soborno trasnacional, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, decidió que el MPF participara de esta política pública, que incluye a los tres poderes del Estado, al asumir un mayor compromiso y una participación más activa en torno a las actividades desarrolladas en ese ámbito y, en especial, contribuyendo con la implementación de los principios derivados de la Convención, el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por su Grupo de Trabajo.

Además de exigir la tipificación del delito de soborno trasnacional y otros requisitos necesarios para su efectiva aplicación coercitiva, el artículo 12 de la Convención establece el deber de los Estados de cooperar para llevar a cabo un programa de seguimiento sistemático para monitorear y promover su plena implementación. Este proceso se realiza en el marco del Grupo de Trabajo sobre Soborno de la OCDE, integrado por los 44 Estados parte que ratificaron la Convención, y es llevado a cabo a través de un estricto mecanismo de evaluación entre pares, dividido en cuatro fases.

Desde el 2001 Argentina fue evaluada en las distintas fases de este mecanismo y, en cada instancia, el Grupo de Trabajo de la OCDE venía expresado fuertes críticas sobre el país al encontrarse incumplidos algunos de los principales estándares exigidos por la Convención. En esta última oportunidad Argentina fue evaluada por el Reino de España y la República de Eslovaquia, asistidos por la secretaría técnica de la OCDE, respecto de la Fase 1 bis, y una evaluación de seguimiento de la Fase 3 bis.

En relación con la Fase 1 bis, se analizó la adecuación de la Ley 27.401, que además de regular el régimen para la responsabilidad penal de las personas jurídicas, también reformó algunos de los aspectos incluidos en las recomendaciones de las anteriores fases de evaluación. Sobre este nuevo marco normativo, más allá de algunas cuestiones que deberán seguir siendo observadas a futuro, el Grupo de Trabajo dio por cumplidos los principales requisitos de adecuación normativa y refirió que la promulgación de esta ley, en un período de tiempo relativamente corto, fue un logro significativo y ejemplar.

Sobre el Ministerio Público Fiscal

Entre los principales aspectos vinculados con el Ministerio Público Fiscal, analizados en la ronda de seguimiento del informe de la Fase 3 bis, el Grupo de Trabajo de la OCDE valoró positivamente la autonomía del actual Procurador General de la Nación interino, reconociéndolo como un funcionario de carrera y con una extensa trayectoria en el organismo. Sin perjuicio de ello se instó a continuar fortaleciendo la independencia de los fiscales que intervengan en los casos de soborno trasnacional, a través de mecanismos adecuados para su selección, sanción y remoción, evitando el riesgo de cualquier influencia indebida.

Por otro lado, este Grupo reconoció como desarrollos positivos los avances registrados en los grandes casos de corrupción local, así como el inicio de nuevas investigaciones por soborno trasnacional y que una causa por este delito haya sido elevada a la instancia de juicio oral. Sin embargo, se indicó que aún se requiere de mayor celeridad en el resto de los casos sobre soborno trasnacional.

Vinculado a ello también se destacó el carácter especializado de la PROCELAC en la investigación de este tipo de delitos y las posibilidades de iniciar investigaciones a partir de denuncias anónimas, información publicada en los medios de comunicación u otras fuentes oficiales. Pese a ello, se instó a continuar dotando de mayores recursos y especialización a los fiscales que intervienen en la investigación de este tipo de casos. Por otro lado, en materia de decomisos e investigaciones patrimoniales, el grupo de la OCDE ponderó el trabajo de apoyo que vienen brindando al resto de las fiscalías las direcciones generales tanto de Recupero de Activos y Bienes Decomisados como de Investigaciones Financieras, exhortándose a que se asegure que el decomiso sea rutinariamente ordenado en todos los casos de soborno trasnacional.

Otro aspecto elogiado fue el comienzo de la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en las provincias de Salta y Jujuy, y se instó a continuar avanzando prontamente con el cronograma de transición hacia el sistema procesal penal acusatorio, a nivel federal, en el resto del país.

En  síntesis, el Grupo de Trabajo sobre Soborno de la OCDE reconoció los importantes logros alcanzados por la Argentina para avanzar en la plena implementación de los estándares derivados de la Convención contra el soborno trasnacional, aunque también señaló que aún quedan aspectos por seguir mejorando. Superadas las recientes etapas de evaluación, la próxima instancia de monitoreo será la evaluación de la Fase 4, que se centrará en la aplicación coercitiva de la convención, determinados aspectos transversales de su implementación adaptados a las necesidades específicas del país, y un seguimiento actualizado sobre las recomendaciones destacadas de la Fase 3.