El Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza, integrado por María Paula Marisi, Waldo Piña y Gretel Diamante, dio inicio semanas atrás al debate oral y público que juzga la responsabilidad de 29 personas acusadas de conformar una asociación ilícita fiscal liderada por Pablo Prete y Sergio Delfino, éste último capturado en agosto de 2018, tras permanecer durante tres años prófugo de la justicia. El accionar de la organización criminal se habría extendido entre (al menos) 2010 y octubre de 2015, período durante el cual ocasionó un perjuicio estimado en más de 222 millones de pesos a las arcas del Estado, solo teniendo en cuenta el capital. Tras la lectura de los requerimientos de elevación a juicio y la declaración de los primeros testigos, se prevé que el debate se extienda hasta los primeros meses del año próximo. Por parte del Ministerio Público Fiscal intervienen la fiscal general Gloria André y el fiscal Pablo Turano. 

Modus operandi

De acuerdo a la investigación, la organización se formó y mantuvo estable en el tiempo con el objetivo de cometer, en forma habitual y sistemática, delitos tipificados en la ley tributaria. Tal objetivo se habría materializado a partir de la confección, ofrecimiento, venta y distribución de facturas apócrifas a contribuyentes de distintas jurisdicciones, no sólo de Mendoza, sino también de Buenos Aires, San Juan, Misiones, Neuquén y Chubut. Dichas facturas "truchas" eran luego utilizadas para la generación de crédito fiscal espurio o para la simulación de costos, de tal forma de permitir a los contribuyentes adquirentes de este crédito fiscal falso, reducir indebidamente la base de cálculo de los tributos a cuyo pago estaban obligados, tanto en materia de IVA como de Ganancias.

De acuerdo a la investigación, la organización se formó y mantuvo estable en el tiempo con el objetivo de cometer, en forma habitual y sistemática, delitos tipificados en la ley tributaria.

En una primera etapa, la organización buscaba personas insolventes dispuestas a recibir dinero a cambio de dar sus datos personales de tal forma de inscribirlas como contribuyentes ante la AFIP-DGI y hacerlas figurar como integrantes de sociedades falsas. Luego se confeccionaba toda la documentación falsa necesaria (contratos de locación, actas de sociedades, poderes) para constituir las supuestas sociedades y, ya con la documentación fraguada , se realizaban las inscripciones ante la AFIP, realizándose certificaciones de firmas inexistentes mediante el uso de sellos falsos de notarios y a través de la declaración como domicilios fiscales de varios de los contribuyentes apócrifos y de las sociedades ficticias.

La organización buscaba personas insolventes dispuestas a recibir dinero a cambio de sus datos personales de tal forma de inscribirlas como contribuyentes y hacerlas figurar como integrantes de sociedades falsas.

Posteriormente, la organización requería la impresión de las facturas o comprobantes de éstos contribuyentes y sociedades falsas a las imprentas; en otra etapa posterior se escaneaban facturas y/o tickets fiscales de contribuyentes reales y conocidos en el medio para luego consignar en ellas operaciones irreales, “lo  cual dificultaba el descubrimiento de la falsedad de la operación”. Finalmente, ofrecían y vendían las facturas falsas a los potenciales “clientes”, ya sea a través de los jefes, intermediarios o “punteros”, llegando a duplicar y hasta cuadruplicar el mismo número de factura a diferentes usuarios para tener un mayor volumen de comprobantes para vender y, de este modo, dificultar el descubrimiento de las personas detrás de la organización.

La causa tuvo su origen en una denuncia presentada por la jefa de la Sección Penal Tributaria de la Dirección Regional Mendoza de la AFIP-DGI, en junio de 2015, donde puso en conocimiento una denuncia anónima que involucraba al estudio contable de Sergio Delfino en la venta de facturas apócrifas. Como resultado de las intervenciones telefónicas realizadas y de la abundante documentación secuestrada en los allanamientos, principalmente en los domicilios particulares y en las oficinas de Prete y Delfino, se puso en evidencia la intervención de ambos "a lo largo de toda la actividad delictiva desplegada por la organización en calidad de jefes de la misma". Prete se mantuvo prófugo hasta abril de 2017, cuando fue detenido en la ciudad de Mendoza, en tanto que Delfino fue aprehendido en la ciudad de Villa María, Córdoba, en agosto del año pasado.

Entre los miembros de la organización también figuran abogados, contadores, empleados bancarios y hasta pensionados, cada uno con un rol y tarea específica.

En su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal federal Fernando Alcaraz, a cargo de la instrucción, destacó que la organización criminal elaboraba y comercializaba facturas "a la carta", que los usuarios (contribuyentes) utilizaban en sus declaraciones juradas para detraer sus obligaciones fiscales, y que la estructura delictiva estaba constituida por contadores públicos nacionales, quienes cuentan con las herramientas necesarias "para burlar los controles estatales con mayor facilidad que aquellos que carecen de esos estudios universitarios".

"En la estructura delictiva se integraban conocimientos especiales por parte de los jefes y organizadores, lo cual oportunamente permitirá valorar la magnitud del reproche -culpabilidad-. También la instrucción permitió conocer que muchos de los punteros tenían la profesión de contadores públicos nacionales, lo cual aumentó considerablemente las posibilidades de éxito de la maniobra", indicó el fiscal.