30 de enero de 2023
30 de enero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Consecuencia del incendio de Barracas
Iron Mountain: La Procelac recomendó elevar los estándares para resguardar documentación de grandes empresas
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos descartó por el momento “hipótesis delictuales” a partir del análisis del listado de cajas de más de 600 grandes firmas que almacenaban sus archivos en el deposito siniestrado de la empresa Iron Mountain. Pero, señaló las debilidades del sistema y sugirió medidas a organismos de control.

El análisis detallado que realizó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) sobre el listado de las cajas de las 642 firmas que almacenaban documentación en el galpón siniestrado el 5 de febrero pasado concluyó que "no es posible inferir de los elementos incorporados al legajo ninguna hipótesis delictual que permita continuar con esta investigación preliminar”. Sin embargo, el equipo encabezado por el fiscal General Carlos Gonella dejó una puerta abierta a futuras pesquisas si apareciese más información. La intervención de la Procelac, comenzó luego de que el directorio de la Comisión Nacional de Valores enviara a la Procuración General de la Nación el expediente.

Pero no todo es color de rosa: los técnicos encontraron serias deficiencias en el sistema preventivo frente a este tipo de desastres y resolvieron elevar recomendaciones al Banco Central (BCRA), a la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Unidad de Información Financiera (UIF). En concreto, consideraron necesario el diseño de un mecanismo que disponga que las grandes empresas informen dónde guardan su documentación y que las obligue a la digitalización a modo de respaldo. “Las conclusiones arribadas podrían resultar de interés a la hora de definir los deberes de informar y los estándares de custodia o resguardo de información relevante a las entidades bajo su supervisión”, indicó la Procelac. La advertencia surgió de las actuaciones que llevó a cabo el organismo del Ministerio Público para determinar si el incendio de Iron Mountain tuvo motivación en el contenido almacenado.

“La posibilidad de acceder a la ubicación de los depósitos que utilizan entidades bancarias o financieras, contar con los datos del responsable de cada empresa respecto de la guarda de información, como la obligación de digitalizar documentación relevante, dentro de muchas otras, es importante de conocer en ocasión de decidir respecto de fiscalizaciones administrativas u ordenar allanamientos y secuestros de documentación por parte de la Justicia”, remarcó la Procelac.

Según el informe elaborado por el área Mercado de Capitales de la Procelac, coordinado por Juan Argibay, “se constataron 29 investigaciones que, de alguna manera, se vinculan con las empresas clientes de IMSA”. La intención inicial fue establecer a quiénes pertenecían las cajas que desaparecieron por la acción del fuego en el sector siete y ocho del depósito de la calle Azara. El primer paso fue solicitarle a la empresa el listado de la documentación archivada a la fecha del incendio y los movimientos de ingreso y egreso entre diciembre de 2013 y febrero de 2014.

El 5 de febrero , cerca de las 8:15 los empleados del galpón de Iron Mountain reportaron el incendio de las instalaciones del barrio porteño de Barracas. El fuego se extendió rápidamente. Varias dotaciones de bomberos de la Policía Federal, personal de la Prefectura Naval Argentina, de la Guardia de Auxilio y de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires concurrieron al depósito de calle Azara 1245 para combatir las llamas. Mientras un grupo trataba de sofocar el fuego en el interior, otro equipo intentaba acceder por otra de las entradas del depósito cuando fue sorprendido por el derrumbe de una de las paredes laterales, lo que produjo la muerte del comisario Inspector Leonardo Day, de la subinspectora Anahí Garnica, de los cabos primero Eduardo Adrián Conesa y Damián Véliz, de los agentes bomberos Maximiliano Martínez y Juan Matías Monticelli; de Sebastián Campos y Facundo Ambrosi del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha, y de los rescatistas Pedro Báricolo y José Méndez de Defensa Civil. La Procelac analizó los datos remitidos por la CNV en el marco de una investigación preliminar, un procedimiento previsto en la ley de Ministerio Público para que los fiscales recaben información para determinar la posible comisión de un delito, tras lo cual deben realizar la denuncia penal. Este proceso fue paralelo a la investigación sobre el incendio que lleva a cabo la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°37, a cargo de Marcela Sánchez, quien –si lo considera pertinente- podría solicitar la asistencia de la Procelac.

Rótulos sospechosos

Según la documentación aportada por la CNV a la Procelac, la empresa Sideco Americana S.A. había almacenado la caja identificada con el código “KN100010183DNE-0013” y “rotulada bajo la leyenda ‘Perú (Coima Gral. Egesur Electr.)’”. La etiqueta llamó la atención los investigadores, quienes intentaron reconstruir el contenido y pidieron a Iron Mountain “identificar los detalles de la ubicación de la documentación”. Una semana después, Guillermo Rivarola, el apoderado de la multinacional dedicada a la gestión de documentos, aclaró que la “caja de referencia no se encontraba en la planta de Barracas, sino en la planta sita en el Barrio de La Boca”.

La Procelac concluyó en este caso que “si bien no es posible afirmar apodícticamente que la documentación de Sideco Americana se vincula con un delito, tampoco resultaba posible sin más descartarlo, con fecha 21 de abril de 2014 se remitieron antecedentes a la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal, a los fines de su sorteo y posterior remisión al juzgado que corresponda, por entender que podrían dar cuenta de la existencia de un delito de acción pública”.

Los investigadores también pusieron el foco en una de las firmas que figuraba en el listado de clientes de Iron Mountain afectados por el incendio: BNP Paribas. Clientes y ejecutivos del banco francés están siendo investigados por participar presuntamente de una asociación ilícita que entre 2000 y 2008 se habría dedicado al lavado de activos provenientes de actividades ilegales y a fugar del país unos mil millones de dólares. En octubre del año pasado, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dispuso la indagatoria de los acusados, audiencias que comenzarán en julio.

De las 2554 cajas que la entidad financiera poseía en el depósito Barracas, fueron afectadas por el incendio 1206. El detalle indica que ocho de esas unidades de almacenamiento correspondían al sector clearing, 251 al área de comercio exterior y cinco que contenían información relativa a transferencias internacionales, “incluidas transacciones con entidades relacionadas con este banco en las Islas Caymán”. La mayoría de los recipientes de cartón se encontraba rotulado “con códigos alfanuméricos o referencias a lotes genéricos, razón por la cual no es posible determinar de la sola compulsa del listado el contenido de las cajas siniestradas”.

Nombres que queman

El informe de la Procelac detalla también el mecanismo de almacenamiento a través de la tercerización del proceso: “por un lado, la empresa que recibe documentación en depósito, entrega cajas de determinadas medidas y especificaciones a sus clientes; por otro lado, los clientes ponen documentación en dichas cajas y rotulan las mismas con alguna referencia, como por ejemplo ‘IVA 2011’, aunque también se ha constatado el uso de código alfanuméricos; la empresa que recibe la documentación coloca un código de barras a cada caja y la ingresa en su depósito garantizando la trazabilidad de cada caja; a su vez, la empresa que recibe la documentación identifica, también, algunos detalles adicionales relativos a la documentación a resguardar, como pueden ser el departamento o sector de la empresa-cliente que envía documentación, como así también la fecha de recepción de la documentación, o la fecha estimada de destrucción de dicha documentación”.

Según el trabajo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, las firmas que perdieron mayor cantidad de información fueron “Edesur S.A.; ADT Security Services S.A.; Exxon mobil Business SCA S.R.L.; Mercado Libre S.R.L.; Deloitte & Co S.R.L.; MAPFRE Argentina Seguros S.A.; Swiss Medical S.A.; HSBC-NYL Seguro de vida Argentina S.A.; Máxima S.A. AFJP; Anuntis Segundamano Arg. S.A.; BNP Paribas Sucursal Bs. As.; Fideicomiso Revel; Caja de Valores S.A.; Pluspetrol S.A.; Asociart S.A. Aseguradora riesgo trabajo; Adecco Argentina S.A.; Glaxosmithkline Argentina S.A.; Tele Red Imagen S.A.; Pelikan Argentina S.A.; La Caja ART S.A.; Directv Argentina S.A.; Edenor S.A.; Telefónica de Argentina S.A.; Galeno Argentina S.A.; Arcos Dorados S.A.; Servicio electrónico de pago S.A.; Alpargatas Calzados S.A.; Cervecería y Maltería Quilmes S.A.; Jumbo Retail Argentina S.A.; Caja de Seguros S.A.; HSBC Bank Argentina S.A.; Monsanto Argentina S.A.I.C.; HSBC - La Buenos Aires Seguro S.A.; Banco Santander Río S.A.; Telecom Personal S.A.; Esso Petrolera Argentina S.R.L.; Cargill S.A.C.I.; Ministerio de Desarrollo Social; Telefónica Móviles Argentina S.A.; Generali Corpor. Cia. Arg. Seg. S.A.; JP Morgan Chase Bank Sucursal Bs. As.; Aerolíneas Argentinas S.A.; y Banco Patagonia S.A.”.