La detención y juzgamiento de un hombre que intentaba sacar del país casi 6,5 kilos de cocaína en una mochila y un bolso de notebook acondicionados especialmente para la ocasión, cuando estaba por abordar un avión en el aeropuerto internacional de Ezeiza, abrió una investigación que permitió desbaratar una organización criminal –integrada por al menos 10 personas con distintos grados de parentesco y amistad- que se dedicó durante casi diez años a cometer distintos delitos: el contrabando de estupefacientes, la introducción de dólares apócrifos en Estados Unidos, el comercio de drogas en Mar del Plata, y el lavado del dinero reunido a través de estos ilícitos previos.

Si bien la causa se inició en el fuero penal económico de la Ciudad de Buenos Aires -Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5- con la detención del sujeto dispuesto a viajar a Europa con la droga, las tareas investigativas llegaron hasta Mar del Plata, donde la Fiscalía Federal N°2 de esa ciudad desarrolló una pesquisa que permitió dar con los distintos eslabones de la organización, que al menos desde el 2009 habría realizado distintas maniobras destinadas al envío de cocaína a España. En paralelo, se orientó la investigación hacía el aspecto patrimonial, lo cual permitió conocer información que vinculaba a los imputados con el tráfico de dólares falsos a Estados Unidos. Tras los allanamientos realizados en junio de 2018 y las indagatorias recibidas en el Juzgado Federal N°3, se dispuso el procesamiento de diez personas y el secuestro con fines de decomiso de seis automóviles, más de 145 mil pesos y 5.300 dólares.

La nutrida prueba que consta en el expediente, y que fue reunida por el Ministerio Público Fiscal, permitió determinar la conformación de una organización delictiva que estaría integrada en principio por los hermanos Gastón Maximiliano y Walter Luis Russo, la pareja de uno de ellos, Cintia Patri Guerrero, y otros familiares y allegados: María Lucía Milano, Cristian Ricardo Palomeque, Pablo Castagnino, Carmen Haydee Guerrero, Héctor Luis Patri, Noemí Gallo y Fernando Dodero. La acusación es por el delito de asociación ilícita y, en algunos casos, también por contrabando de estupefacientes en grado de tentativa, por comercio de estupefacientes y/o por lavado de activos; en tanto que una de las mujeres también está acusada por tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.

Para el MPF, las personas imputadas no registran ingresos lícitos que justifiquen su desarrollo patrimonial.

El lavado del dinero proveniente de delitos

En términos generales, señala el requerimiento de elevación a juicio, las personas imputadas no registran actividad comercial o profesional, ni acreditan ante los organismos tributarios una actividad laboral o un origen patrimonial lícito que justifique su desarrollo patrimonial.

“La metodología para disimular el origen ilícito de esa conformación patrimonial fue introducir al mercado tales ganancias adquiriendo mayoritariamente rodados, realizando remesas de dinero, manejando cifras de dinero en efectivo en las operaciones no bancarizadas, y utilizando testaferros o prestanombres que aparecían como titulares de rodados sin ningún antecedente de solvencia económica”, apunta más adelante el escrito.

Concretamente, la hipótesis acusatoria es que los miembros de la organización realizaban principalmente dos modalidades de lavado de activos: la primera consistía en mandar las ganancias del ilícito a través del sistema de envíos de dinero de empresas de correo; y la segunda, en la adquisición de bienes registrables, en particular automóviles costosos, los cuales eran colocados a nombre de miembros de la organización y/o de terceras personas que actuaban como testaferros, y en muchos casos autorizaban a conducir esos vehículos a otras de las personas imputadas, como mecanismo para simular o dar apariencia a bienes provenientes de actividades prohibidas.