Los fiscales Julio Darmandrail y Carlos Martínez solicitaron hoy que se condene a los empresarios Victorio Américo Gualtieri, a cuatro años de prisión; a su hermano Saverio a tres años y tres meses; y a Hugo Barreña, a tres años y medio, por considerarlos autores de los delitos de obtención fraudulenta de beneficios fiscales en tres operaciones realizadas a fines de la década del '90 por un total de 4,5 millones de pesos con empresas ligadas al régimen de promoción.

Además, los fiscales pidieron para los tres imputados la imposición de la pena de inhabilitación especial por el plazo de diez años para obtener o utilizar beneficios fiscales. El alegato fue pronunciado esta mañana ante los jueces Roberto Falcone (presidente), Mario Portela y Néstor Parra, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata.

"Ha quedado acabadamente probado que Victorio Americo Gualtieri, Saverio Nicolas Gualtieri y Hugo Alberto Barreña, en su calidad de integrantes del directorio de la empresa VAG S.A., obtuvieron fraudulentamente los beneficios del régimen otorgados en el marco de la ley 22021 de promoción industrial, a través de la simulación de inversiones efectuadas por VAG S.A. en las firmas Valle Oeste S.A., Manantial Oeste y Agronuez, empresas promovidas", consideraron los fiscales, quienes fueron asistidos durante el juicio por el coordinador del área de Delitos Tributarios y Contrabando de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Juan Zoni.

Las sumas invertidas, prosiguieron, "retornaron indebidamente a VAG S.A. vía préstamos. Los montos de esas inversiones simuladas fueron presentados a la Dirección General Impositiva para lograr el pago diferido de impuestos a los que VAG S.A. se hallaba obligado legalmente a ingresar al Fisco Nacional por los ejercicios fiscales 1996, 1997 y 1998".

Al analizar la autoría y responsabilidad de los imputados, la fiscalía reparó en que sólo cuatro personas integraban el directorio de VAG S.A. (además de los tres acusados, estaba el fallecido Salvador Gualtieri, quien también estuvo imputado en la causa), con lo cual “el conocimiento de las determinaciones de la empresa no podía escapárseles”.

El juicio, que comenzó hace dos semanas, fue acotado a sólo tres hechos porque los jueces consideraron durante la primera audiencia que la mayoría de los más de 90 casos por los que llegaron acusados a esa instancia habían sido mal elevados.

Los fiscales presentaron entonces un recurso de Casación contra esa decisión y en la apertura de su alegato de hoy remarcaron que realizaban la acusación "con el acotado objeto procesal al que ha quedado circunscripto el presente debate y sin perjuicio de los recursos pendientes a fin de lograr el juzgamiento de los imputados por la totalidad de los delitos por los que fueran investigados y, a criterio de esta parte traídos a juicio".

En su intervención, Darmandrail y Martínez consideraron como agravantes de la conducta de los imputados, entre otros aspectos, "la especial ingeniería contable y empresarial utilizada para consumar las maniobras delictuosas" y "la calidad de empresarios de los tres imputados que sin duda los colocan en una mejor posición que otras personas para motivarse en la norma y de los que se puede descartar que hayan delinquido determinados por motivos de miseria o dificultad para ganarse el sustento diario".

Las tres operaciones juzgadas involucran el diferimiento de 800 mil pesos del impuesto a las ganancias por una falsa inversión en 1996 de VAG S.A. a la empresa Valle Oeste S.A por poco más de 1 millón de pesos; el diferimiento de 346.138,16 pesos en concepto del IVA por una alegada inversión en 1997 a la empresa Manantiales del Oeste S.A por alrededor de 460 mil pesos; y el diferimiento de 3.410.950,55 pesos de IVA en el marco de una ficticia inversión de poco más de 4,5 millones de pesos en la empresa Agronuez S.A. en 1998.

Los diferimientos impositivos permiten a las empresas o a las personas que los gestionan retrasar el pago de los tributos por determinados períodos, que pueden llegar a varios años y sin ningún tipo de interés. Se trata de beneficios dispuestos por ley para alentar inversiones en determinadas regiones del país alcanzadas por los regímenes de promoción.

Tras el alegato de los fiscales, fue el turno de la querella de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que a través de su abogada Mónica Borgonovo, solicitó la pena de cuatro años de prisión para los tres imputados. 

El juicio se reanudará el jueves de la próxima semana, cuando será el turno para la exposición de los abogados de los tres empresarios.