03 de diciembre de 2022
03 de diciembre de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Intervienen la Fiscalía Federal N°1 y la PROCELAC
Mar del Plata: se reanudó la investigación sobre casas de cambio por asociación ilícita, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada
La causa, que indaga sobre el accionar de tres grupos económicos, llegó hasta la Corte Suprema. La semana pasada se retomaron las indagatorias solicitadas por el MPF en 2017 y reeditadas en marzo del corriente año. Se establecieron vinculaciones de Jonestur con la denominada causa "Cuadernos" y la banca privada de Andorra; y de Transcambio con la investigación de los "Panamá Papers" y "Carbón Blanco".

La causa que investiga los delitos de lavado de activos, intermediación financiera y asociación ilícita integrada por directivos, accionistas y empleados de las principales empresas financieras de Mar del Plata, como Jonestur y Transcambio, vuelve a moverse en la Justicia Federal de la ciudad. Luego de recorrer distintas instancias, llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en febrero del corriente año confirmó que el caso debía seguirse investigando. La semana pasada declararon cinco de los 25 imputados, citados a indagatoria y/o a ampliar sus indagatorias por lavado de activos, que podrían ser producto de otros delitos.

De acuerdo a la pesquisa, la prueba reunida permite establecer vínculos de la financiera Transcambio con tres millones de dólares sin justificar hallados en las cajas de seguridad de ese grupo económico; con las investigaciones de los “Panamá Papers” y “Carbón Blanco” (por lavado y  narcotráfico); y con investigaciones por delitos tributarios. En relación con Jonestur se ha establecido una vinculación con la causa conocida como “Cuadernos" y conexiones  -a partir de transferencias bancarias- con la Banca Privada de Andorra, por cuentas que los imputados tenían allí con sumas sin justificar en su mayoría, a través de personas jurídicas con estructuras offshore, y que alcanzan -aproximadamente- la suma de 80 millones de euros. En el Principado se investiga por lavado de activos a esa banca privada y se ha requerido la colaboración internacional de nuestro país para recibir declaraciones indagatorias a directivos de Jonestur por maniobras de lavado allí detectadas.

Un nuevo capítulo

La investigación, a cargo de la fiscal federal Laura Mazzaferri, y en la que coadyuva la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) e interviene el juez Santiago Inchausti, abre un nuevo capítulo, luego de casi dos años de permanecer a la espera de las resoluciones de instancias superiores: en abril de 2017 la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata había declarado la nulidad de la pesquisa, los sobreseimientos de los acusados y el cierre del proceso, aludiendo a un supuesto error en un informe de la Gendarmería Nacional durante las tareas investigativas. El Ministerio Público Fiscal fue a Casación y los jueces entendieron que la causa debía seguir su curso. No conforme con la resolución, las defensas acudieron a la Corte, que resolvió dejar vigente lo dicho por la Cámara Federal de Casación Penal.

La investigación abre un nuevo capítulo, luego de casi dos años de permanecer a la espera de las resoluciones de instancias superiores.

A partir de allí, se retomaron las medidas probatorias y cautelares dispuestas entonces, como la inhibición general de bienes y las prohibiciones para salir del país, y también las medidas procesales vinculadas específicamente a las indagatorias y ampliaciones de esos actos procesales, por operaciones concretas de lavado de activos. Además, se trajo a proceso a personas que aún no habían llegado a ser indagadas pese a los pedidos de la Fiscalía.

En primer lugar se citó a integrantes de Transcambio -ocho la semana pasada y a los restantes para los próximos días-. Al momento, se concretaron cinco audiencias en la que los imputados se negaron a prestar declaración y presentaron escritos de descargo. Sobre fin de mes, llegará el turno de citación para los miembros de Jonestur.

De acuerdo a las pruebas que surgen de la causa, los grupos económicos investigados funcionaban como agentes recicladores de distintas maniobras de distracción sobre fondos provenientes de diversos delitos. En concreto, introducían en el mercado el dinero de los clientes habido como consecuencia de actividades ilícitas.