La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió hacer lugar a los recursos interpuestos por el fiscal general Federico Carniel y por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), como querellante de la causa, para que se realice el juicio a trece personas acusadas de integrar una organización abocada a la evasión que habían sido sobreseídas en el 2019 por el Tribunal Oral Criminal Federal de la ciudad de Resistencia.

En marzo del año pasado, ante el pedido de las defensas, el tribunal compuesto por Aldo Mario Alurralde, Juan Manuel Iglesias y Rocío Alcala declaró extinta la acción luego de siete audiencias suspendidas y ante la inminencia del comienzo del debate. El 13 de agosto de este año la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Ana Maria Figueroa, Daniel Antonio Petrone y Diego Barroetaveña revocó la sentencia recurrida y encomendó al tribunal que disponga todo lo necesario para concretar la celebración del juicio oral y público.

La causa

La organización, que habría operado entre 2001 y 2003, está acusada de crear créditos fiscales ficticios mediante la emisión de facturas “truchas”, que documentaban operaciones inexistentes -simulación de compra y venta de bienes y servicios- y que eran vendidas a firmas y terceros contribuyentes con actividad real no cuestionada. De esta forma los adquirentes lograban disminuir o anular la base de cálculo de impuestos nacionales -como el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a las Ganancias y salidas no documentadas- al computar el crédito fiscal de IVA ficticio en sus registraciones y declaraciones juradas.

Según la acusación, para ello habían creado dos sociedades fantasmas, Strategic Business S.R.L. y Latinoamericana SRL, que carecían de estructura operativa y no tenían actividad en el domicilio fiscal denunciado. Ambas registraban actividades “de producción, comercialización, distribución, logística, servicios, contrataciones o representaciones, sub-contrataciones en general de todo tipo de obras, servicios relacionados con el objeto social de la empresa”, que mientras en el caso de Strategic Business abarcaba construcciones y materiales para la construcción, consultoría, publicidad y multimedios; en el caso de Latinoamericana SRL comprendía el rubro comercial, industriales, ganaderos, agropecuarios, forestales y de fletes en general.

Dichas empresas declaraban compras mayores a las ventas: en el caso de Strategic Business S.R.L , con un capital social inicial de $10.000 facturó en el año 2001 por la suma de $ 316.132; en el año 2002 por $1.442.690 y desde enero a septiembre de 2003 un monto de $1.619.540. En tanto que  la firma Latinoamericana SRL, teniendo un capital de $10.000, facturó  ventas en el año 2001 por $345.497; en el año 2002, $804.504 y de enero a septiembre de 2003 una suma de $369.327.

Utilización de personas de bajos recursos

De acuerdo a la pesquisa, una de las prácticas de la organización era reclutar a personas de bajos recursos y escasa formación para poder armar las sociedades ficticias e inscribirlas como comercializadoras de bienes y/o prestadoras de servicios ante la AFIP-DGI.

Los integrantes se contactaban con esas personas para invitarlas a formar parte de empresas o microemprendimientos, ofreciéndoles, en algunos casos, que se les abonaría una especie de mensualidad, o en otros casos, prometiéndoles futuros trabajos. Para eso tenían que firmar documentación ante escribanías, de los cuales los firmantes no tenían completo acceso ni llevaban copias.

Por ejemplo, una de las victimas -beneficiaria del Plan Jefes y Jefas de Hogar- denunció que a finales del 2002 uno de los presuntos miembros de la asociación ilícita le había hecho firmar una documentación que desconocía ante una escribana, por un monto de 20 pesos por cada firma. Se trataba de la escritura de un inmueble de 4.500 hectáreas ubicado en la localidad de Malbrán, en Santiago del Estero. El caso se dio a conocer luego de que se le negara  la asistencia social y se le solicitara copia de la escritura de esa propiedad.