01 de diciembre de 2020
01 de diciembre de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Una investigación preliminar iniciada por la denuncia de una presunta damnificada
Paraná: la Procelac pidió investigar al Grupo Etchevehere por evasión tributaria
Se sospecha que miembros del grupo simularon la obtención de préstamos que habrían servido para vaciar a otra de las empresas del conglomerado. Al margen de una presunta administración fraudulenta, se habrían generado de esa forma obligaciones fiscales no cumplidas. También se denunciaron violaciones al Régimen Penal Cambiario.

El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, denunció penalmente a integrantes del Grupo Etchevehere por evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del impuesto a las Ganancias en el marco préstamos por alrededor de 4,5 millones de pesos contraidos en 2012 por la empresa Construcciones del Paraná S.A. y otorgados por la Asociación Mutual Unión Solidaria (AMUS), entidad también denunciada por la maniobra. Los préstamos habrían sido utilizados para la concreción de operaciones inmobiliarias que tuvieron como su objeto el vaciamiento de otras firmas del grupo. "Importa examinar -indica la denuncia- si las mencionadas simulaciones podrían haber generado en cabeza de los integrantes del Grupo Etchevehere (...) obligaciones tributarias que no habrían sido ingresadas debidamente al organismo fiscal nacional", es decir, la AFIP.

Al evaluar los primeros elementos recabados en la investigación, la Procelac concluyó que las pruebas "sugieren" que "dichos préstamos fueron parte de una gran simulación destinada a ocultar la falta de capacidad económica de la firma Construcciones del Paraná S.A. para adquirir los inmuebles investigados" y que "en el marco de esa simulación, se habría contado con la participación de quienes ostentaron la dirección de la mutual bajo investigación para aparentar que fondos que en verdad ya pertenecían al propio patrimonio de la empresa S.A. Entre Ríos, habrían sido originados por la actividad de un tercero", en este caso, la propia mutual.

La presentación de la Procelac es consecuencia de una investigación preliminar iniciada a raíz de la denuncia formulada ante esa Procuraduría por Dolores Carmen Etchevehere, quien denunció maniobras de restantes miembros del grupo económico tendientes a vaciar empresas que ella integraba en carácter minoritario, con el objetivo de perjudicarla. En su presentación, la denunciante también refirió la obtención de préstamos en dólares por parte de otra firma del grupo que fueron desviados de su finalidad declarada y la existencia de cuentas bancarias radicadas en el exterior con dinero que no fue declarado ante las autoridades argentinas.

El resultado de la investigación preliminar de la Procelac fue remitido al fiscal general de Paraná, Ricardo Álvarez, quien es coordinador del distrito. Álvarez derivó la denuncia al fiscal federal de primera instancia de esa ciudad, Mario Silva, quien impulsó la acción penal para que se investigue al grupo económico.

Los denunciados son Leonor María Barbero Marcial y Luis Miguel, Arturo, Sebastián y Juan Diego Etchevehere, como miembros de la sociedad Construcciones del Paraná, y Walter Roberto Grenón, como representante de la mutual involucrada. De todos los miembros del grupo, Luis Miguel Etchevehere es el más conocido públicamente porque ejerce la presidencia de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Sin capacidad económica ni garantías

De acuerdo con la investigación de la Procelac, el grupo económico "habría simulado la suscripción de siete contratos de mutuo" -sobre los que no se encuentra acreditada su existencia- con la mutual AMUS con el objetivo de "posibilitar el hecho de que la empresa construcciones del Paraná S.A. pueda alegar una disposición y tenencia de fondos [de los] que en realidad carecería" y, así, lograr la adquisición de siete inmuebles ubicados en Paraná. Esos siete inmuebles eran propiedad de otra firma del grupo, Entre Ríos S.A., en la que tenía participación minoritaria la denunciante. Por esos préstamos, la AMUS habría percibido intereses por casi 3,3 millones de pesos.

La Procelac indicó en su presentación que un dato sugestivo que "conduce a poner en tela de juicio la veracidad de dichos préstamos" es el hecho de que al momento de las operaciones la sociedad "era una compañía recientemente constituida, que no había desarrollado actividad comercial alguna, y carecía de cualquier tipo de capacidad económica y/o financiera para concretar la devolución de dichas sumas de dinero".

En efecto, al año 2012, cuando supuestamente se produjeron los préstamos, Construcciones del Paraná se exhibía como una empresa con un capital social de 100 mil pesos, sin bienes muebles ni inmubles que le permitieran llevar a cabo la prestación de su declarada actividad de servicios inmobiliarios, o que le facilitaren constituir garantías de pago.

"Es preciso subrayar que resulta sugestivo y poco creíble que en los contratos de mutuo presuntamente instrumentados entre la Asociación Mutual Unión Solidaria (A.M.U.S.) y Construcciones del Paraná S.A. se haya omitido establecer avales o garantías genuinas a favor de la mencionada mutual, máxime si se tiene en cuenta la importancia de la suma de dinero implicada", indicó la Procelac en la denuncia.

También puso de relieve que "de la prueba disponible no surgen datos concretos que permitan ratificar que aquella sociedad haya operado realmente en el mercado inmobiliario ni que haya desarrollado actividad económica alguna, ni antes ni después de las operaciones investigadas". La Procuraduría a cargo del fiscal Gonella también ponderó la "evidente vinculación entre los integrantes que conforman la mutual y el Grupo Etchevehere".

Precisó al respecto que Walter Roberto Grenón es quien administra y dirige la mutual por intermedio de Viviana Graciela Grenón, presidenta de la asociación. Walter Grenón, indica la denuncia, está vinculado con las firmas Nexfin S.A. y Arroyo Ubajay S.A. que a su vez adquirieron por unos 10,8 millones de pesos otros siete inmuebles de Entre Ríos S.A., la firma en la que tenía participación la denunciante Dolores Etchevehere.

La Procelac refirió que "sin perjuicio de señalar que el vaciamiento económico y patrimonial de la empresa S.A. Entre Ríos es una conducta que ameritaría ser calificada de administración fraudulenta, a raíz del evidente perjuicio económico que las operaciones investigadas significaron para la denunciante, lo que aquí interesa indagar es acerca de las posibles consecuencias tributarias que emergen lógicamente de la simulación de los contratos de mutuo investigados".

En este contexto, la asociación mutual involucrada "no habría cumplido con las condiciones necesarias para gozar de las respectivas exenciones en el Impuesto a las Ganancias y en el Impuesto al Valor Agregado" con las que la ley beneficia a ese tipo de organizaciones, indicó la Procelac. Ello ocurre, explicó en la denuncia, porque "las operaciones bajo análisis no sólo no se relacionan con los fines específicos de este tipo de entes, sino que además su ejecución por parte de la AMUS habría tenido lugar en el marco de su actuación como partícipe en la maniobra sindicada que derivó en el vaciamiento económico y patrimonial de la firma S.A. Entre Ríos".

Desvío de préstamos en dólares

La denunciante Dolores Etchevehere también indicó que los integrantes del grupo económico "habrían desviado y utilizado para su uso personal una serie de préstamos financieros otorgados por el Banco Itaú -en dólares estadounidenses- que fueron concedidos bajo la condición de que el dinero sea utilizado para el financiamiento de la producción de bienes agropecuarios con destino a la exportación". Esos préstamos se habrían solicitado a través de la firma Las Margaritas S.A., de la que también era accionista minoritaria la denunciante.

La Procelac, que en su presentación sugiere la realización de numerosas medidas de prueba para verificar la concreción de estas maniobras, indicó que, de comprobarse, la "conducta podría suponer un comportamiento prohibido por alguna de las disposiciones contenidas en el Régimen Penal Cambiario".

Dinero sin declarar, en el extranjero

La denuncia de Dolores Etchevehere que dio origen a la investigación preliminar de la Procelac también consigna que los miembros del grupo económico "registran operaciones financieras y/o cuentas bancarias foráneas, cuyos fondos no habrían sido declarados en su totalidad por ninguno de sus titulares". La Procelac puso de relieve que "los importes registrados en aquellas cuentas bancarias radicadas en el exterior atribuibles a los sujetos denunciados, provendrían de ganancias devengadas en el país cuya debida exteriorización [es decir, declaración] ante el organismo fiscal [la AFIP] habría sido omitida por quienes conforman al grupo investigado".

El dinero habría sido depositado en al menos tres cuentas de sucursales uruguayas de bancos internacionales y en una cuenta de la sucursal norteamericana de otro banco internacional, cuyo detalle aparece en la denuncia de la Procelac. "Lo cierto es que la falta de relación entre el capital declarado en el país y los saldos existentes en cuentas foráneas podría ser indicadora de la existencia de un incremento patrimonial no justificado y valorada como un indicio de la existencia de una renta y/o de operaciones comerciales no declaradas y gravadas en los Impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado, y cuya constatación también podría tener incidencia en otros impuestos nacionales", indicó la Procuraduría.