El coordinador del Área de Delitos contra la Administración Pública de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Milton Khaski, y la secretaria del área, Yanina Aballay, se reunieron el miércoles pasado con las autoridades de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC). El encuentro fue organizado por la Oficina Anticorrupción (OA) del Ministerio de Justicia de la Nación, en el Salón Ortega Peña de ese organismo público.

En la reunión se intercambiaron distintas metodologías de prevención e investigación de hechos vinculados a delitos de corrupción. Se hizo hincapié en la implementación por parte de la Oficina Anticorrupción de las políticas de transparencia y publicidad de las declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios públicos, tal como lo obliga la ley 26.857.

El Director de la OAC, Daniel Alonso Laso, manifestó su particular interés en conocer el funcionamiento y las experiencias de los distintos organismos ya que resaltó que la Argentina "es uno de los países con mayor desarrollo en materia de transparencia y de medidas para prevenir y reprimir la corrupción".

Las autoridades de la OAC que estuvieron presentes en la reunión, además del Director fueron José Rogelio Grajal (Director de Prevención de la Oficina Antifraude) y Josep Maria Sangenis (Jefe de Área de Administración, Recursos Humanos y Presupuestos de la Oficina Antifraude)

También participaron Julio Vitobello (Fiscal de Control Administrativo de la OA), Claudia Sosa (Dirección de Investigaciones de la OA), Gerardo Serrano (Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA), Flavio Fuertes y Milena Levi (del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), Sebastián Sal (Coordinador países habla hispana de la IACA), Ángel Bruno (Comisión de Seguimiento de la Aplicación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción), entre otros.

La Oficina Antifraude de Cataluña fue creada por ley, en noviembre de 2008, como una entidad autónoma, adscripta al parlamento de Cataluña y con el objetivo de prevenir e investigar posibles casos de uso o desvío ilegal de fondos públicos, o cualquier aprovechamiento irregular vinculado a conflicto de intereses. Asimismo, la OAC tiene funciones de asesoramiento y cooperación en materia de corrupción y transparencia.