El Juzgado Federal de Dolores dictó el procesamiento de tres imputados por el delito de intermediación financiera no autorizada agravada, luego de escucharlos en indagatoria. De acuerdo a la investigación a cargo de la Fiscalía Federal de Dolores (cfr. art. 196 del C.P.P.N.), los acusados captaban recursos financieros de terceros y realizaban distintas operaciones que permitían el ingreso de dinero (Full Pago, cajas de seguridad, cobranzas de reservas de hoteles) para luego colocarlos en terceras personas, a través de préstamos en efectivo y descuento de cheques, sin contar para ello con autorización del Banco Central de la República Argentina, y ofreciendo el servicio mediante anuncios así como contacto directo con potenciales clientes.

A tal fin, conformaron numerosas personas jurídicas para ocultar su identidad y responsabilidad, entre las que se encuentra un local comercial con asiento en la localidad de Pinamar de nombre de fantasía “Dinero Express” – habilitado por la Municipalidad inicialmente a nombre de “Guelt Group S.A.” y luego a nombre de una de las personas procesadas- en el que se realizaban las operaciones señaladas. Finalmente, éstas eran canalizadas, en su mayoría, a través de las cuentas bancarias de “Mutual Regional del Litoral”, situada en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,  para de esa manera aprovechar los beneficios impositivos sobre los débitos y créditos en cuenta corriente bancaria y así obtener mayores réditos económicos.

Para resolver el procesamiento el juez federal de Dolores descartó la defensa de los imputados, relativas al desarrollo de la actividad con fondos propios y por cuenta y orden de la Caja de Crédito Cuenca y la Mutual Regional del Litoral. Ello, tras valorar la voluminosa prueba recolectada durante la instrucción y la normativa aplicable en la materia.

Asimismo, señaló que por intermedio de la figura delictiva analizada se pretende tutelar el orden económico y, puntualmente, el subsistema financiero constituido por el mercado del crédito, monopolizado, en nuestro ordenamiento, por las figuras societarias específicamente reguladas por la Ley de Entidades Financieras 21.526. Agregó que impidiendo la intermediación en el crédito sin autorización se tiende a la protección del público inversor en general, para que sus ahorros no sean captados por organizaciones desreguladas y que operan por fuera de todo control y supervisión. Y, a la vez, se propende al aseguramiento de fines públicos de trascendencia, como la canalización de los ahorros hacia las formas institucionalizadas del mercado crediticio, lo cual redunda, en definitiva, en un mejor funcionamiento de la economía en general.

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) prestó colaboración a la Fiscalía Federal de Dolores en la instrucción de la causa.