En el marco de la investigación desarrollada por la Fiscalía Federal de Rafaela, a cargo de Jorge Gustavo Onel, el juez federal de esa jurisdicción, Reinaldo Rodríguez, procesó a un hombre –condenado por narcotráfico en dos oportunidades- y a su hija por el delito de "lavado de activos". Además, embargó sus bienes hasta cubrir la suma de 4 millones de pesos cada uno.

El caso

La investigación se inició en febrero pasado por una denuncia anónima, recibida en la Fiscalía, respecto al presunto enriquecimiento de los hijos del hombre, a quien se señalaba como “procesado en una causa de narcotráfico”.

En ese marco, el fiscal Onel solicitó una serie de medidas de investigación de las que surgió que el hombre, quien fue condenado en dos oportunidades por narcotráfico, realizó “operaciones tendientes a poner en circulación dentro del mercado legal el dinero producto del tráfico ilícito de estupefacientes, convirtiéndolo en bienes (vehículos automotores), con el objeto de simular el origen ilícito del mismo” para lo cual utilizó a su hija como "prestanombres".

La mujer adquirió una camioneta Toyota Hilux, una camioneta Ford Ecosport y un Mini Cooper S en un lapso de cinco meses, sin tener capacidad económica para comprarlos; mientras que su padre –que está detenido cumpliendo una condena de 6 años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización- aparece como autorizado para conducirlos.

Procesamiento

En ese contexto, el pasado 6 de octubre el fiscal Onel solicitó el procesamiento por "lavado de dinero y activos provenientes de ilícitos" para ambos: en el caso del hombre, como autor y a su hija la consideró partícipe necesaria. Además, requirió una serie de medidas de coerción respecto de la mujer.

En esa línea, el juez Reinaldo Rodríguez sostuvo que padre e hija “pusieron en circulación dentro del mercado legal, en el periodo comprendido entre el 22 de octubre de 2019 al 05 de marzo de 2020, dinero proveniente del tráfico ilícito de estupefacientes, convirtiéndolo en bienes (vehículos automotores), con el objeto de simular el origen ilícito del mismo, actuando la imputada V.P. como ‘prestanombre’ o ‘testaferro’ del imputado J.C.P.”

Por este motivo, el juez embargó los bienes de los imputados hasta cubrir la suma de cuatro millones de pesos cada uno. La mujer deberá cumplir con las medidas de coerción impuestas, las cuales consisten en someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación, informar al tribunal cualquier cambio de domicilio y la prohibición de salir de la provincia de Santa Fe sin autorización.