El fiscal General de Rosario, Claudio Palacín, y el fiscal General a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, recurrirán ante la Cámara Federal de Casación Penal la decisión de la Cámara Federal de Rosario de otorgar la prisión domiciliaria a Mario José Enrique Rossini, el principal imputado en la estafa a gran escala perpetrada desde la sociedad de bolsa Bolsafe Valores.

“Estamos coordinando un trabajo conjunto para recurrir la sentencia con el fiscal General ante ese tribunal, Claudio Palación”, adelantó Gonella a Fiscales. “La sentencia es insostenible desde el punto de vista lógico, por arbitraria e inconsistente, ya que soslaya el informe médico oficial del cual se desprende que el acusado puede ser abordado con una atención adecuada, especializada y permanente dentro del penal”, evaluó el titular de la Procelac.

Rossini accedió a la prisión domiciliaria con el voto del camarista rosarino José Toledo, al que adhirieron sus colegas Elida Vida y Edgardo Bello. La resolución se basó en informes psicológicos que revelan la "angustia" del imputado por el encierro, aunque los jueces reconocieron que dentro del penal Rossini "tendría adecuada y permanente atención".

"Si bien dicho dictamen pericial refirió que el encartado tendría adecuada y permanente atención especializada en el penal; corresponde considerar a su respecto el informe psicológico efectuado por la propia licenciada María Susana Saux", indicó Toledo en su voto.

Ese informe psicológico señala que el imputado tiene "periódicas crisis de angustia" y remarca las "evidentes consecuencias somáticas que permiten indicar que nos encontraríamos ante un cuadro de trastorno de ansiedad, que según manifiesta el interno, condiciona y limita el ámbito de sus rutinas cotidianas".

El juez Toledo también citó un informe de la Junta Especial de Salud Mental: "Los sentimientos y estado psíquico en él constatados y dado su particular modo de registrar y vivir en el penal, constituyen factores de riesgo agravante para su precaria estabilidad clínica".

El camarista tuvo en cuenta que el imputado expresó "sentimientos de preocupación y temor por las situaciones que vive en el penal, que registra como amenazantes para su vida" y remarcó que durante las entrevistas con los profesionales "tuvo crisis de llanto".

Toledo hizo propio un argumento de la defensa sobre una supuesta demora en el traslado desde el penal a un hospital para el tratamiento de Rossini y sostuvo que "se evidencia que los tratamietnos específicos (...) no se habrían atendido con la premura necesaria".

El voto además sostuvo que la prisión domiciliria para Rossini es de "carácter excepcional en razón de las singulares circunstancias de este concreto caso" y delegó en el juez de primera instancia, Francisco Miño, la adopción de "las medidas de seguridad y control que estime indispensables para garantizar el estricto cumplimiento de las condiciones de detención".

Estafadores

La causa que tiene imputado a Rossini involucra también a otros 48 imputados por su participación en una diversidad de maniobras fraudulentas para apropiarse de los ahorros de cientos de personas a través de la sociedad de bolsa "Bolsafe Valores" y de la empresa BV Emprendimientos, con la connivencia del Mercado de Valores del Litoral y el Banco de Galicia. Las operaciones, se calcula, culminaron con el lavado de al menos 40 millones de pesos solamente durante 2012.

"La maniobra cometida por Mario Rossini generó un grave daño social al afectar los intereses de cientos de medianos y pequeños inversores", consideró el fiscal Walter Rodríguez, quien junto a la Procelac solicitó al juez Miño el 14 de mayo pasado la indagatoria de los, en total, 49 operadores financieros individualizados en la pesquisa. "El daño ocasionado trascendió con creces los meros intereses individuales comprometiendo al orden público económico", ponderaron los magistrados en su presentación ante el juez Miño.

La modalidad delictiva de funcionamiento consistió en captar a los clientes, quienes entregaron sus valores a Bolsafe. La firma los engañaba mediante un falso contrato de "alquiler" y la promesa de que pagaría dividendos. Pero Bolsafe luego los transfería sin consentimiento de sus titulares a BV Emprendimientos, también manejada por Rossini, y luego los liquidaba a través del Banco de Galicia.

El fiscal santafesino Walter Rodríguez -quien interviene con la asistencia de la Procelac- indicó que las estafas fueron posibles gracias a la cobertura del Mercado de Valores de Santa Fe y del Banco de Galicia. El Mercado debió supervisar que Bolsafe y BV Emprendimientos no realizaran la actividad de intermediación financiera para la que no estaban autorizadas. La Fiscalía señaló que en las auditorías que el Mercado de Valores estaba obligado a realizar "debía surgir que había un significativo flujo de valores negociables hacía la cuenta de BV Emprendimientos. La falta de acción del Mercado de Valores implicó su complicidad con la maniobra".

En ese contexto, el Banco de Galicia debió reportar las evidentes operaciones sospechosas de lavado por unos 80 millones de pesos, pero no lo hizo.