Como es sabido, la comisión a cargo del proyecto de reforma del Código Penal está en plena actividad, por lo que la entidad que nuclea a empresarios industriales consideró oportuno conocer la opinión de especialistas, para integrarlas a una propuesta de reformas que, en breve, entregará a dicha comisión.

Entre los participantes estuvieron dos representantes del Ministerio Público Fiscal, el fiscal general Gabriel Pérez Barberá, co-titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, y el fiscal federal Pablo Turano, titular de la Fiscalía N° 1 en lo Penal Económico, que además forma parte de la mencionada comisión reformadora.

La jornada contó con dos paneles. El primero estuvo integrado por:  Juan José Godoy, miembro de la Comisión Penal Tributaria de la UIA; Mario Hernán Laporta, asesor de la Comisión de Reforma al Código Penal en la temática penal tributaria; Marcos Grabivker, vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico; y Fabiana Cómez, directora de Planificación Penal de la AFIP. En el segundo panel disertaron los ya mencionados fiscales Gabriel Pérez Barberá y Pablo Turano, junto a los jueces en lo penal Económico Javier López Biscayart y Alejandro Catania. Como moderadoras actuaron Teresa Gómez, miembro del Departamento de Política Tributaria de la UIA, y Gabriela Tozzini, Directora de la Comisión Penal Tributaria de la misma entidad.

Los panelistas expusieron sus puntos de vista acerca de qué debería ser reformado de la ley penal tributaria. En tal sentido, hubo coincidencias, sobre todo, en la necesidad de generar un mecanismo actualizador del monto mínimo de la evasión tributaria que no obligue a reformar la ley y que, a la vez, evite la aplicación del principio de ley penal más benigna. Se observó cierto disenso, en cambio, respecto a la cuestión de si la materia penal tributaria debería ser incluida en el Código Penal, que es lo que planteó el Fiscal Pablo Turano, o si, por el contrario, debe permanecer en una ley penal especial. Turano estuvo a favor, también, de que se utilice un índice de referencia para estimar el monto umbral de la ilicitud penal, como por ejemplo el del salario mínimo, vital y móvil.

El fiscal Pérez Barberá, por su parte, sostuvo que hay buenas razones para incluir un tipo penal en la nueva legislación que castigue la omisión no engañosa de pago de tributos. En ese sentido, indicó que esa conducta no sólo causa el mismo daño que la evasión mediante ardid o engaño, sino que, además, presenta un muy similar componente de ilicitud material o incorrección moral, por lo que su criminalización sería en principio legítima y no violaría la prohibición constitucional de la prisión por deudas.

El fiscal Pérez Barberá, por su parte, sostuvo que hay buenas razones para incluir un tipo penal en la nueva legislación que castigue la omisión no engañosa de pago de tributos.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de las autoridades de la UIA, que destacaron el compromiso de los especialistas y el trabajo conjunto entre el sector público y el privado para abordar problemas que son de interés de ambos.