El fiscal federal subrogante de Río Gallegos, Julio Zárate, y la fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Verónica Escribano, recibieron en la fiscalía de la capital santacruceña a funcionarios y funcionarias del Ministerio Público de Chile, en el marco del Equipo Conjunto de Investigación (ECI) para tratar la causa que aborda el accionar de una organización ilícita transnacional dedicada al contrabando, al lavado de activos y a la trata de personas.

Por parte de la comitiva chilena estuvieron presentes el fiscal regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Cristián Crisosto; el fiscal de Drogas y Crimen organizado, Manuel Soto; la directora ejecutiva regional, Camila Fernández Rodríguez; y la asesora jurídica de la fiscalía, Lorena Pereyra.

A lo largo del encuentro, que constó de dos jornadas, los funcionarios judiciales abordaron las conductas delictivas que se desarrollan en la zona fronteriza patagónica y se centraron en el estado del caso 70593/21, denominado como “Alianza Austral”. Además, el y la representantes del Ministerio Público Fiscal presentaron ante sus colegas trasandinos el sistema procesal en Argentina y las acciones llevadas a cabo por la fiscalía.

El culminado hoy es el quinto encuentro presencial que se desarrolla entre ambos equipos -tres en Punta Arenas y uno en Santiago de Chile -, y el primero que se realiza en Argentina. Las reuniones se enmarcan en el ECI, una herramienta de cooperación jurídica internacional que permite establecer un marco de cooperación y coordinación estable entre autoridades competentes en un caso concreto, cambiando las dinámicas de la cooperación tradicional, lo que permite una mayor eficiencia y celeridad.

De acuerdo con la investigación, el tráfico se realizaba por estancias privadas estratégicamente ubicadas en zonas cercanas al límite fronterizo, administradas por miembros de la organización.

Equipo Conjunto de Investigación

La jornada de trabajo comenzó el lunes al mediodía con un acto inicial en el que, además de los nombrados, estuvo presente el comandante de la Región VII de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), Favio Waldo Benegas, quien se refirió a la organización ilícita transnacional que fue desbaratada el año pasado y destacó que “es la primera vez que se hace un trabajo en conjunto entre ambos países en la parte sur”.

El fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, destacó a su turno el trabajo realizado entre países y el principio de cooperación internacional que prevaleció en todo el proceso. Durante la jornada la fiscalía chilena habló sobre el derrotero judicial del caso en su país, donde se imputó a 17 personas, de las cuales a ocho se pidió detener en prisión preventiva; sólo tres están privadas de la libertad y el resto está sujeta a medidas cautelares, como orden de arraigo regional o prisión domiciliaria.

Por su parte, el fiscal Zárate se explayó sobre la prueba producida y que obra en el expediente de Argentina. Sostuvo que “se verificaron oportunamente los hechos de narcotráfico, contrabando y tráfico migratorio”, y agregó que “en juicio oral y público la misma prueba podrá verificarse por la ciudadanía en la audiencia”.

Informó además que desde la fiscalía están avanzando con el análisis de la información extraída de los teléfonos y de las computadoras secuestradas con el objeto de fortalecer la imputación a los investigados con todo el material probatorio obtenido de los allanamientos y de los mensajes obtenidos de las extracciones de información.

En este sentido, el fiscal indicó que “sin perjuicio de las nulidades que fueran decretadas por la Cámara de Apelaciones y posteriormente por el Juzgado, de oficio, las mismas sólo fulminan el acto procesal de las declaraciones de los imputados, por lo que el material probatorio colectado -y compartido en una gran cantidad por el MPF Chileno- permanece incólume, habiendo superado el test de legalidad”.

Agregó que “se continúa procesando el material probatorio para formular una nueva imputación a efectos que se renueve el acto de indagatoria”. Por último, Zarate señaló que espera contar para mayo con toda la prueba restante, para avanzar hacia la realización del debate donde se ventilen los graves delitos investigados.

Por su parte, la fiscal general ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Verónica Escribano, sostuvo que las nulidades decretadas no dañan a la continuación de la investigación, respecto de la cual tomó conocimiento directo en Río Gallegos, y se manifestó sorprendida por el trabajo, que calificó como positivo.

El equipo conjunto de investigación es una herramienta de cooperación jurídica internacional que permite establecer un marco de cooperación y coordinación estable entre autoridades competentes en un caso concreto.

La jornada de ayer prosiguió con la explicación sobre el sistema procesal argentino por parte de los representantes del MPF a sus colegas chilenos, a quienes presentaron las acciones llevadas adelante por la fiscalía.

Por último, hoy se realizó una videoconferencia a través de la plataforma Zoom en la que participaron Mariela Palese, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y María del Carmen Chena y Marcos Cane, de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB). En el cierre del encuentro los y las fiscales llegaron a conclusiones sobre las jornadas y definieron líneas a seguir.

Organización ilícita transnacional

En las causas que tramitan en ambos países se investiga el presunto accionar de una organización ilícita trasnacional que se dedicaba al contrabando de mercaderías (cigarrillos -egreso hacia Chile-, cubiertas -ingreso desde Chile-, divisas y/o dinero) y estupefacientes, al lavado de activos de los bienes y dinero que serían obtenidos de manera ilícita, y a la trata de personas.

El caso se inició en noviembre de 2021 y en agosto del año pasado se llevaron a cabo allanamientos simultáneos en ambos países para desbaratar a la organización, que estaba integrada por personas argentinas y chilenas. La organización habría contado con el auxilio o connivencia de miembros de las fuerzas de seguridad.

El contrabando se realizaba principalmente a través de pasos fronterizos no habilitados, ubicados en las localidades de 28 de Noviembre y Río Turbio. La organización utilizaba las localidades de El Calafate, Río Gallegos y Puerto San Julián, de la provincia de Santa Cruz, y Bahía Blanca, en Buenos Aires, como base. Del lado chileno, el contrabando se realizaba en las ciudades de Puerto Natales y Punta Arenas.

El tráfico se realizaba por estancias privadas estratégicamente ubicadas en zonas cercanas al límite fronterizo, administradas por miembros de la organización. Los lugares utilizados se caracterizaban por estar ubicados en comunas con pocos habitantes, mayormente zonas inhóspitas, de campo abierto amojonado por alambre o tranqueras sin candado, ubicadas a escasos kilómetros de la Ruta Nacional 9 de Chile.

En aquellas zonas se transaccionaban las mercaderías ilícitas, que eran abonadas en dólares y con cheques. Para poder llevar a cabo las operatorias ilícitas, la organización contaba con recursos propios, como empresas de transporte, rodados de gran y mediano porte, diversos socios asentados en varias localidades y un importante poder logístico.