El fiscal Federal de San Nicolás, Matías Di Lello; el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, y el coordinador del Área Operativa de Delitos contra la Administración Pública de ese organismo, Milton Khaski, se pronunciaron en favor de la competencia federal en la investigación que tiene imputados al intendente de San Nicolás, Ismael Passaglia, y al secretario de Obras Públicas de esa comuna, Marcelo Lencina, por la malversación de recursos del Fondo de Financiaminto Educativo que fueron desviados para mejorar el asfalto de un barrio.

Se trata de más de 2 millones de pesos (concretamente, $ 2.249.874) provenientes de una "asignación específica de recursos coparticipables para garantizar condiciones equitativas y solidarias en el sistema educativo nacional y coadyuvar en la disponibilidad de los recursos a las provincias", indicaron los fiscales. Ese dinero llegó primero al Estado bonaerense, encargado de distribuirlo entre los municipios que lo conforman.

El dictamen explica el interés del Estado Federal en el caso y para ello realiza un exhaustivo recorrido por la normativa nacional destinada al fortalecimiento financiero del sistema educativo.

La presentación de los fiscales es la consecuencia de un planteo de la defensa de Passaglia, quien cuestionó la competencia del fuero federal para intervenir en el caso porque considera que "no se ha causado un daño a las rentas o bienes de la Nación". Además, el imputado solicitó la nulidad de la causa porque tilda de inconstitucional el tipo del artículo 260 del Código Penal de la Nación, que reprime al "funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados".

Respecto de la competencia, los representantes del MPF -en línea con dictámenes de la procuradora General, Alejandra Gils Carbó- concluyeron que "es fácil advertir que es el Estado Nacional el afectado directo de esta maniobra".

"La circunstancia de que dichos fondos nacionales hayan ingresado a una cuenta municipal no excluye de modo alguno la afectación al estado nacional, más aún si se analiza la finalidad por la cual dichos fondos fueron establecidos", indicaron Di Lello, Gonella y Khaski.

En ese sentido, analizaron la ley 26075, que crea el “Fondo de Financiamiento Educativo”, y ley 26026, denominada de Educación Nacional, que consagra a la educación como "una prioridad nacional" para "construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación".

A la luz de esas normas, los fiscales refirieron que el hecho que se investiga en esta causa "no se trata de un posible desvío de fondos nacionales sin mayores consecuencias, sino que esa presunta distracción financiera podría poner en riesgo la consecución de un objetivo de interés público nacional claro y concreto. No se trataba de fondos de libre disponibilidad, sino de asignación específica y prioritaria".

Y, en esa línea, sostuvieron que "la afectación al Estado Nacional proviene de la conjugación de dos circunstancias; una será la procedencia de los fondos que se suponen desviados; la otra, la trascendencia que la educación tomó como política pública del Estado Nacional".

El fiscal local y los representantes de la Procelac añadieron que "fue el propio Estado Nacional el que, a través de una ley del Congreso de la Nación, les asignó a esos recursos un 'destino específico'", que "ha estado orientado en todo momento a asegurar el correcto financiamiento de la política educativa nacional".

Al respecto, remarcaron que "el Estado Federal, año tras año, demostró su vocación y voluntad por sostener la educación y resaltarla como una política pública nacional, al dotarse de los instrumentos legales necesarios para asegurar su realización", como "con las sucesivas prórrogas de la asignación específica en las respectivas leyes de presupuesto".

Finalmente, los fiscales rechazaron brevemente la nulidad interpuesta por la defensa porque consideraron que el planteo estaba mal formulado y no se corresponde con "una de aquellas cuestiones que justifiquen su declaración".