02 de octubre de 2022
02 de octubre de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Insultos y amenazas a funcionarios policiales y judiciales durante un procedimiento en la Municipalidad
Pidieron la indagatoria del intendente de San Nicolás por resistirse a una orden judicial
Lo requirió el fiscal Matías Di Lello, quien también solicitó la indagatoria de los hijos del jefe comunal, Manuel y Santiago Passaglia, y del secretario de Gobierno, Danilo Petroni. Están imputados de impedir la entrega de documentación en una causa por desvío de dinero proveniente del Fondo Educativo.

El fiscal federal Matías Di Lello requirió que se convoque a prestar declaración indagatoria al intendente de San Nicolás, Ismael Passaglia, a sus hijos Manuel y Santiago Passaglia -el primero de ellos, secretario privado del mandatario local- y al secretario de Gobierno de la comuna, Danilo Petroni, por haberse resistido y, en consecuencia, desobedecido, "mediante el empleo de insultos y amenazas", la orden judicial que obligaba a la Municipalidad a la entrega de documentación relacionada con la investigación sobre el desvío de más de 2 millones de pesos correspondientes al Fondo de Financiamiento Educativo.

Los hechos ocurrieron el 16 de septiembre de 2013, cuando funcionarias y funcionarios del Juzgado y la Fiscalía federales de San Nicolás, junto al jefe de la delegación local de la Policía Federal y personal a su cargo, acudieron al municipio para hacer efectiva la orden de presentación y de allanamiento, en subsidio, dictada por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo para que se procediera al "secuestro de dos decretos municipales, así como de documentación vinculada a la licitación pública N°17/12; a los Fondos de Financiamiento Educativos y registros contables de la municipalidad".

En esa causa, el fiscal Di Lello requirió hace poco más de un año la indagatoria del intendente Passaglia y de su secretario de Obras Públicas, Marcelo Lencina, por malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por haber utilizado más de dos millones de pesos del Fondo de Financiamiento Educativo nacional para una obra de pavimentación. El requerimiento fue posible gracias a que la documentación fue entregada días después de los incidentes del 16 de septiembre de 2013.

El pedido de indagatoria formulado recientemente por Di Lello -hasta hace pocos días fiscal federal en San Nicolás y actualmente fiscal subrogante en La Plata- deberá ser resuelto ahora por el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, quien interviene por el apartamiento de Villafuerte Ruzo.

En la presentación, el fiscal recorrió los testimonios de todas las personas que participaron del procedimiento del 16 de septiembre de 2013 en la Municipalidad de San Nicolás: el jefe local de la Policía Federal, comisario Santiago Diante; el secretario a cargo de la Secretaría N°2 del Juzgado Federal N°2, Carlos De Felipe; la secretaria de la Fiscalía Federal, María Marta Poggio; el funcionario de la fiscalía Gustavo Parigini, y dos testigos convocados a presenciar el operativo. En el mismo tenor, también declararon funcionarios comunales que presenciaron los hechos.

"Rodar cabezas"

El fiscal describió que el intendente Passaglia, sus dos hijos y el secretario de Gobierno "mostraron una actitud reticente hacia la orden judicial impartida, profiriendo insultos hacia el personal policial así como judicial y del Ministerio Público Fiscal, oponiéndose a dar cumplimiento a lo solicitado".

Asimismo, señaló que "luego de casi tres horas de iniciado el acto, y dada la intervención en el mismo de otros funcionarios del municipio local que se mostraron dispuestos a colaborar con el accionar judicial, entre ellos el Sr. Héctor Andrés Quinteros, entonces presidente del Honorable Concejo Deliberante, y el Dr. Sebastián Di Lorenzo, abogado del Municipio, se pudieron obtener los decretos municipales en cuestión y dos carpetas conteniendo documentación mencionada en la orden judicial". Otra parte de la documentación fue entregada recién por el Municipio el 4 de octubre de 2013.

“¿Qué buscan acá, drogas, armas?, ¿se piensan que nosotros somos delincuentes?”, intervino el intendente en la Mesa de Entradas del Municipio ante la presencia de los funcionarios, según se desprende de la declaración de una testigo.

Entretanto, los hijos del intendente en "tono subido" preguntaban "por qué nos vienen a investigar a nosotros”, en consonancia con el propio jefe comunal que se quejaba: "Cómo puede ser que nos hagan esto".

De acuerdo con las declaraciones testimoniales de todos los intervinientes, el intendente trató al comisario Diante de "ladrón" y "matón" y a su personal policial le dijo "revísenme a ver si tengo droga, delincuentes", y les espetó que ellos debían ir presos. En ese contexto, el secretario de Gobierno Petroni trató a los integrantes de la comitivia de "pelotudos" y los amenazó con hacerlos echar de la fuerza, advirtiéndoles que iban "a rodar [sus] cabezas" pues se jactó de tener "línea directa" con el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni. Y a la secretaria de la Fiscalía le dijo que "se mandara a mudar porque no le iban a dar nada".

Passaglia, declararon los funcionarios judiciales y policiales, se quejaba porque el procedimiento "era una operación armada que le había hecho la justicia para desacreditarlo como intendente". Los maltratos estaban dirigidos al comisario y a la secretaria de la fiscalía, principalmente.

Según un funcionario policial, los hijos de Passaglia "estaban en la misma posición que el padre, se negaban a entregar documentos, le gritaban al comisario y al muchacho que estaba labrando el acta", a quien le desconectaron la computadora mientras estaba escribiendo. Otro testigo vio cuando Petroni "le cerró la notebook".

Un funcionario policial también declaró que Petroni "con la espalda le pegó un empujón evitando que ingresara al despacho, dándole un puntapié a la puerta".

Al valorar los testimonios recabados, Di Lello concluyó que "los imputados Ismael José Passaglia, Manuel Passaglia, Santiago Passaglia y Danilo Petroni se han opuesto deliberadamente mediante el uso de violencia verbal impartida hacia el personal policial así como judicial y del Ministerio Público Fiscal, al cumplimiento de una orden judicial".

"Tal actitud, de por sí reprochable a cualquier ciudadano, resulta más inaceptable aún si se tiene en cuenta que la misma proviene de las más altas autoridades municipales, quienes en su calidad de funcionarios públicos están llamados a desempeñar su función con respeto a los principios de honestidad, rectitud y buena fe", añadió el fiscal.

Además, señaló que "en todo momento fue intención de las autoridades judiciales que la medida fuera realizada dentro del ámbito de mayor discreción posible, a cuyo fin se dispuso hacer efectiva la misma fuera del horario de atención al público, tal como ha quedado plasmado en diversas declaraciones recibidas en autos".